El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Luis Acosta Cortellón se encuentra detenido por realizar supuestas amenazas a agentes de la Seguridad del Estado y a una funcionaria pública, en este caso la gobernadora de Camagüey, Yoseily Góngora López, en algunas de sus publicaciones en redes sociales.
La opositora camagüeyana Marisol Cobas, perteneciente al Partido Libertario explicó a Martí Noticias que una de las razones de la detención es "una publicación que hizo en forma de broma, donde decía que la gobernadora estaba tan gorda que estaba buena para hacerla bisteces y darle comida al pueblo hambriento".
El otro motivo por el que se acusa a Acosta Castellón se trata de una fotografía con una escopeta de perles que publicó en su cuenta de Facebook junto al siguiente texto: "Mis paisanos, yo no sé ustedes, pero yo no aguanto más. Aunque sea con perles por los ojos, pero de alguna manera ¡plomo! Luego un culatazo en la frente. Carguen con palo, piedra, herramientas de trabajo, etc. Si total, por expresarte te caerán mil años. ¡Fuego con los comunistas! ¿Quién me sigue?".
Por este texto, explicó Cobas, las autoridades dicen que el activista opositor "está incitando al pueblo a tomar las armas en contra de ellos".
El abogado Yunieski San Martí, miembro la opositora Corriente Agramontista, denunció que fue arrestado, esposado y amenazado por la Seguridad del Estado en Camagüey tras ofrecerle asesoramiento legal a Acosta Castellón y redactar un Habeas Corpus solicitando su liberación.
La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, dijo a DIARIO DE CUBA que al opositor "le intentaron contratar un abogado, pero en el bufete se negaron, bajo el argumento de que la contratación se hacía el mismo día del juicio".
Además, explicó que la situación de Acosta Castellón se agrava porque tiene pendiente el pago de dos multas, entre ellas una por el monto de 3.000 pesos cubanos amparada en el Decreto-Ley 370.
Las leyes por las que presuntamente se acusará al joven activista son las referentes a "rebelión" e "instigación a delinquir".
Según el Artículo 98. 1. del Código Penal cubano "incurre en sanción de privación de libertad de diez a 20 años o muerte" quien "se alce en armas" para impedir "por la fuerza" el ejercicio de los órganos superiores del Estado y Gobierno, o "cambiar el régimen económico, político y social del Estado socialista".
El texto agrega que quien "realice cualquier hecho dirigido a promover el alzamiento armado" incurre en sanciones de cuatro a diez años si aún no llega a materializarse el levantamiento.
El artículo 202. 1. del referido documento añade que quien "incite públicamente a cometer un delito determinado, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas".
El régimen cubano reprime con severidad todos los llamados a desobedecer su autoridad, aunque sea de forma pacífica. El también activista de UNPACU, Yoel Parsons Bones, publicó en la tarde de este lunes que la Seguridad del Estado lo citó para la mañana de hoy debido a una imagen que publicó en sus redes donde un hombre pintaba las letras HG en un muro, llamando a una huelga general.
Bones escribió que "si ellos me inventan la más mínima razón para acusarme, con la vista al frente voy a caminar a mi próximo destino, sea el que sea, pues la verdad solo le temo a una vida con miedo".
Aprovechó su publicación para informar "a las organizaciones de Naciones Unidas pro Derechos Humanos" que se encuentra sano y de tener "cualquier inconveniente de salud en los próximos días" responsabilizó al régimen.
Cualquier activista cubano puede ser desempleado, encarcelado, desterrado e incluso asesinado por cualquier causa, incluso sin existir causa. ¡Así de simple y real! ¿Acaso alguien cree que es viable en Cuba lo del habeas corpus, lo de un juicio justo o que existe la justicia? Porque si lo cree debe repasar su sistema perceptivo.