"Desde el 7 de febrero no veo con vida a Silverio", denunció Lucinda González, esposa del prisionero político cubano que sigue encarcelado a pesar de las constantes denuncias sobre su grave estado de salud.
Por esa razón, González exigió el lunes al régimen cubano una prueba de vida de su pareja, quien la semana pasada habría sido otra vez internado para recibir atención médica debido a una alteración de su presión arterial.
La mujer aseguró a DIARIO DE CUBA que hace una semana recibió una llamada telefónica desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, donde Silverio Portal está recluido, en la que otro recluso le dijo que su esposo había sido ingresado en la enfermería del penal después que una oficial le comunicara la suspensión del derecho a hacer llamadas telefónicas.
"Una fiscal militar le dijo que tenía suspendidas las llamadas telefónicas por un año por las denuncias de violaciones de derechos humanos que hizo por esa vía. Ahí él habría discutido con la oficial y la presión le subió mucho", aseguró González, quien desde entonces no tiene noticias de Portal.
También señaló que hasta el momento hablaba con su esposo todos los lunes, aunque tiene sus sospechas de que algunas de esas llamadas hayan sido montajes. "Algunas veces la voz de Silverio no parecía ser la suya", aseguró.
Como desde hace tres meses las visitas de los familiares de los presos están prohibidas debido a la pandemia del Covid-19, González, aparte de las conversaciones telefónicas, la única manera de contactar con Portal ha sido llevándole alimentos, productos de aseo y ropa.
"En mayo le robaron los 57 nasobucos que le llevé, uno para cada preso de su compañía. Los había hecho yo misma. Solo le dejaron siete", denunció.
A fines de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de Portal, a quien consideró en "situación de gravedad y urgencia" y en riesgo "sus derechos a la vida e integridad personal".
Asimismo, la pasada semana la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba otorgó al prisionero político el galardón "Calixto García por la Libertad", en reconocimiento por su contribución a la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en la Isla.
En su informe, la CIDH recordó que el activista afrodescendiente está privado de libertad desde el 23 de marzo de 2018, tras ser detenido con violencia en el Parque Central de La Habana por participar junto a una decena de personas en una protesta. Durante el arresto, un agente policial le habría golpeado y causado lesiones.
En julio del propio año, un tribunal cubano sentenció al activista a cuatro años de cárcel por los supuestos delitos de "desórdenes públicos" y "desacato", en una sentencia que asegura que Portal Contreras gritó "'Abajo Fidel Castro, abajo Raúl' y atrajo la atención de 'personas extranjeras' caminando cerca".
La resolución condenatoria refiere también que el acusado mantenía "mala conducta social y moral" y que "no pertenece a la mayor organización que agrupa las masas en el país y por tanto no participa en las tareas programadas", en referencia a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
La CIDH recordó también que, a pesar de los problemas de salud que ha experimentado el preso político, en la prisión donde se encuentra ha sido maltratado y golpeado y se le ha negado asistencia médica, razón por la cual se ha visto comprometida su calidad de vida.
Portal Contreras habría sufrido una isquemia para la que no recibió la rehabilitación necesaria, de ahí que sus familiares aseguran que durante las llamadas telefónicas y visitas se han constatado las dificultades que presenta para moverse y hablar.
Por esa razón, a su favor se solicitó una licencia extrapenal, ante lo que un tribunal aseguró que "su estado de salud actual es compatible con el régimen penitenciario". En abril último, se pidió la revisión de su causa ante el Tribunal Supremo, solicitud sin respuesta hasta hoy.
Posteriormente, Portal Contreras habría sufrido otra isquemia. El 27 de mayo de 2020, un recluso informó a Lucinda González que este había quedado ciego de un ojo "después de una golpiza", y tres días después las autoridades informaron que le habían levantado "una causa por el delito de atentado".
La CIDH consideró "con preocupación la ausencia de información" que indique que el activista "viene recibiendo efectivamente las atenciones médicas que su situación de salud actual demandaría, más aún ante los alegatos de golpizas".
Negro y disidente...Delito agravado para la Dictadura. El señor debería apoyar al Gobierno, tomando en cuenta que según ellos, la Revolución los hizo personas.