Cuban Prisoners Defenders (CPD) incluyó en su lista de prisioneros políticos ocho nuevos casos que identifica como "convictos de conciencia", de acuerdo con el informe del mes de abril que publicó este lunes.
Según CPD el número constituye un dato mensual que no registraban "desde muchos años atrás".
Los nuevos casos son Yampiel Bernal Ampudia y Juan Galbán Hernández, activistas del Frente Antitotalitario Unido (FANTU); Yuselín Ferrera Espinosa, Maikel Herrera Bones, Isáin López Luna y Wilson Quintero Cabrera, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Juan Miguel Pupo Área, del Movimiento Opositor por una Nueva República (MONR) y Walfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento Opositor Justicia.
La organización sacó de su lista a José Daniel Ferrer García, Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, todos de la UNPACU. Fueron excarcelados en abril, "tras pasar un calvario de incomunicación y torturas que ha merecido durante más de seis meses el repudio internacional más unánime, pero han sido sentenciados a diversas penas de regímenes de limitación de libertad bajo amenazas para disminuir su pacífico activismo prodemocrático", condenó.
"Jorge Felix de los Reyes Veranes (UNPACU) ha cumplido íntegramente su condena política por el delito fabricado de impago de multas arbitrarias, y Rafael Puentes Cremé (UNPACU) igualmente su condena por un falso delito de desacato", añadió.
Ayda Expósito Leyva, madre cristiana, esposa del pastor Ramón Rigal que aún sigue en prisión, igualmente cumplió con su condena y está fuera de prisión en estos momentos.
"En los ocho últimos meses han entrado en la lista de Cuban Prisoners Defenders 32 nuevos 'convictos de conciencia', pero la represión carcelaria ejecutada este último mes rompe al alza una ya desagradable tendencia de tres o cuatro presos políticos nuevos mensuales, lo que confirma un accionar represivo sin precedentes que se explica por la debilidad del régimen impuesto por la Seguridad del Estado, la cual reporta directamente a Raúl Castro", añadió el informe.
"Esta debilidad, evidente por otra parte, no puede ser motivo de complacencia pues se da en estos momentos el escenario, como contrapartida, más represivo del Estado de Cuba desde hace muchos años y esta represión tiene por objetivo neutralizar cualquier escenario de cambios en la Isla(…)", consideró la organización.
CPD también denunció que 30 periodistas y actores de la sociedad civil, en base a la información suministrada por el Centro Cubano de Derechos Humanos en sus informes desde enero a abril, y por fuentes propias y de terceros, han sido perseguidos y sancionados desde enero, culminando solo en este mes con más de diez casos, en base al reciente Decreto Ley 370 "Sobre la informatización de la sociedad en Cuba".
La mencionada normativa busca "controlar la información pública que, sobre el régimen y sus acciones, se distribuye por las redes sociales de forma ya previamente limitada por el monopolio único ETECSA", lamentó.
Alertó de "la muy posible entrada en prisión de no pocos de estos multados arbitrariamente, en aplicación del art. 170.1 del Código Penal, (que) es la base de la amenaza que se cierne contra ellos, y no tanto la multa en sí".
Puso como ejemplo que en su lista de presos políticos, siete condenados y convictos de conciencia fueron procesados por "impago de multas que previamente son impuestas de modo arbitrario (…) en lo que constituye un patrón perfectamente sistematizado del régimen para encarcelar (…) a opositores y voces disidentes, contestatarias y alternativas".
"Todos los indicadores apuntan a que el incremento de la represión del 'régimen' se debe a un debilitamiento ideológico del sistema implantado y una falta de apoyo social evidente, agravado por una situación de crisis sanitaria que aumenta el riesgo de ruptura del mismo y genera, por ende, la reacción represiva preventiva de quienes no quieren hacer transitar al sistema hacia un Estado de Derecho", señaló CPD.
