"Noviembre fue un mes en que cambiaron las tácticas represivas de la dictadura y comenzaron a usar una vieja fórmula para sustituir las detenciones: mantener encerrados en sus casas a los disidentes, con la presencia de oficiales de la policía política y patrullas policiales, para no permitirles salir", dice un informe divulgado este 2 de diciembre por el Centro Cubano de Derechos Humanos, con sede en La Habana.
La organización supervisada por Martha Beatriz Roque Caballero, la única mujer del Grupo de los 75 cubanos encarcelados en 2003, contó 128 presos políticos o de conciencia, incluyendo los casos de arrestos domiciliarios y las licencias extrapenales "concedidas" por el régimen.
Por su parte, el independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció al menos 218 detenciones arbitrarias ocurridas en la Isla en noviembre.
"La mayoría de los arrestados intentaban celebrar actividades políticas en las sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otra provincia o municipio del país. Varios fueron sitiados en sus casas para impedir que salieran a la calle durante las celebraciones por el aniversario 500 de la ciudad de La Habana".
Los casos más significativos son los del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y tres de sus compañeros, detenidos desde el pasado 1 de octubre en Santiago de Cuba.
A la lista de detenidos también se suma el abogado y periodista de CubaNet Roberto Haces Quiñones, condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de "resistencia".
En el último mes, agentes de la Seguridad del Estado impidieron en tres ocasiones que la periodista independiente Luz Escobar, del diario 14ymedio, saliera de su casa. La misma suerte corrieron los periodistas Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, a quienes se prohibió la salida de su vivienda durante la visita de los reyes de España a la Isla.
Las activistas por los derechos de las personas afrodescendientes y las mujeres Marthadela Tamayo y Nancy Alfaya también sufrieron varias detenciones y arrestos domiciliarios, sin que constara ninguna orden judicial.
"Tan ilegítima práctica, vulnera (…) derechos fundamentales e inalienables del ser humano, consagrados para todos los ciudadanos cubanos", denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos.
Asimismo, mencionó otras formas de hostigamiento contra periodistas, activistas y opositores que incluyen interrogatorios, amenazas, citaciones oficiales, multas y regulaciones migratorias.
Por su parte, el OCDH aseguró que el régimen llevó adelante "una intensa campaña de difamación" contra activistas por los derechos humanos y disidentes.
El OCDH nombró a La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba como las provincias más represivas de Cuba. En mayor medida allí "decenas de afectados fueron además detenidos violentamente, multados y amenazados por la Policía", dijo.
Por último, la organización también denunció el recién aprobado Decreto-Ley 389, que legaliza la vigilancia electrónica en Cuba sin necesidad de una autorización judicial. "El nuevo decreto incrementa la arbitrariedad del Estado en prácticas violatorias de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones".
