Cuban Prisoners Defenders (CPD) formuló una denuncia formal contra el régimen de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y un total de seis relatorías, grupos y expertos especiales de las Naciones Unidas, sobre el caso José Daniel Ferrer, que lleva 11 días detenido sin un "auto de medida cautelar" expedido por la Fiscalía.
La ONG solicitó "auxilio y protección" para el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en un extenso informe en el que acreditó cómo el líder opositor "se encuentra en situación de privación de libertad, sin opción a defensa ni procedimiento judicial independiente, y carente además de las debidas garantías procesales".
En los hechos ocurridos, "denunciados por las víctimas y corroborados por informes de diversas organizaciones de derechos humanos" la organización alertó de "un patrón de actuación de las autoridades del país en contra de los activistas de la organización UNPACU que (…) tiene las características internacionales para calificarlos crímenes de lesa humanidad, en cuanto a la detención, desaparición forzada, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, y otros tratos inhumanos, tipificados en la legislación internacional que delimita dichos crímenes".
CPD recordó que "el derecho procesal cubano, aún violatorio de estándares aceptados por la comunidad internacional, fija en siete días para los hechos acontecidos el plazo máximo que, entre policía, instructor y fiscalía, y con justificaciones que en este caso están carentes, se puede retener a un detenido antes de tener la obligación ineludible de dictar auto de medidas cautelares y comunicarlo a los familiares".
En tal sentido, precisó que "12 días han pasado sin que haya auto de medidas comunicado".
El viernes los familiares de Ferrer García denunciaron su desaparición después de una semana sin poder verlo y de que las autoridades dictaran prisión preventiva.
Ferrer, y los activistas Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco, también en prisión e incomunicados, fueron detenidos en un operativo realizado por fuerzas de la Seguridad del Estado, policías y de la Brigada de Respuesta Rápida contra las tres sedes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en el reparto Altamira, de la ciudad de Santiago de Cuba, el pasado 1 de octubre.
UNPACU sufre una ofensiva represiva que se acentuó a partir de septiembre pasado, cuando sus integrantes y los de Cuba Decide llamaron a una manifestación nacional en protesta por el aumento de la represión contra las voces disidentes.
Durante 2019, la organización ha sido víctima de 37 asaltos a las viviendas de sus integrantes, donde las autoridades han sustraído toda clase de propiedades. En septiembre solamente, denunció más de un centenar de detenciones y golpizas contra activistas.
Para Cuban Prisoners Defenders los hechos descritos en su denuncia de ocho páginas "violan flagrantemente un numeroso articulado de diversos acuerdos y tratados universales de derechos humanos", que citó de manera precisa.
