El jueves la revista La Hora de Cuba hizo pública una grabación del interrogatorio que realizaron dos agentes de la Seguridad del Estado a un afectado de un barrio sin electricidad en Nuevitas, Camagüey, después de que dos periodistas independientes expusieran la situación de la vecindad en redes sociales.
Según contó el periodista Ricardo Fernández Izaguirre, la policía política pretendía buscar testigos para montar un proceso judicial contra el autor del reportaje, basado en el artículo 149 del Código Penal, que atañe a las capacidades profesionales, y no dar solución al problema por el que pasan ocho familias de la localidad desde hace ocho años.
Este viernes DIARIO CUBA consultó a la abogada Laritza Diversent acerca del procedimiento utilizado por los agentes en este caso. La directora del Centro de Información Legal (CUBALEX) desmenuzó las arbitrariedades perpetradas por los oficiales, según lo recogido en el audio filtrado.
"(…) El procedimiento utilizado por ellos es totalmente ilegal. La ley de procedimiento penal establece que todas las personas que residen en el territorio nacional y no estén impedidas de movimiento tienen la obligación de concurrir al llamado de la autoridad competente para declarar sobre los hechos que se investiguen, siempre y cuando sean citadas con las formalidades que la ley establece", explicó Diversent.
Quiere decir que estos dos agentes, para poder interrogar a esta persona, antes debieron citarla formalmente como establece la ley en el artículo 86 y en una de sus instalaciones, de acuerdo con la experta.
"Es esa la primera irregularidad y de ahí en adelante todo el proceso es irregular. Muchas de las arbitrariedades cometidas están en la ley, otras —la mayoría—, que tienen que ver con las garantías del debido proceso, no están reguladas en la ley", añadió.
"Cuando las autoridades llegan a donde está esta persona no se presentan (al menos así está recogido en el diálogo expuesto en la grabación) y tampoco le dicen cuál es el motivo por el que va a ser interrogado y cómo su declaración va a ser usada en una investigación penal. No están informando a esa persona de cuáles son sus derechos", recalcó Diversent.
"Durante una declaración, aunque esté sirviendo como testigo, le tienen que advertir si está hablando en calidad de testigo o como acusado, e incluso le deben informar de una serie de derechos que no están previstos en la ley procesal penal, pero que sí constituyen garantías del debido proceso", como cuestiones anteriormente descritas, abundó.
La jurista puso también el ejemplo del "derecho a la presencia de un abogado escogido por la persona durante el interrogatorio, para evitar declaraciones auto incriminatorias, algo que está establecido en el derecho internacional, pero en la legislación cubana no está reconocido, ni se respeta".
Asimismo, se refirió a la forma de recogida del testimonio. "Según lo que se escucha en el audio, no le fue comunicada a esta persona los derechos que le asisten ante el tratamiento de sus declaraciones".
Al parecer los agentes fueron tomando notas. Nunca escucha que hayan pedido conformidad al interrogado sobre lo escrito, ni siquiera una lectura de estas, que es su derecho. "O sea firma un documento que ya se puede utilizar ante un procedimiento penal, aunque se estén violando muchísimas garantías del debido proceso", señaló.
Para Diversent, "el hecho de que las autoridades se personen en la vivienda de una persona que haya hecho declaraciones a un periodista independiente es en sí un hecho intimidatorio y se puede considerar una coacción".
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como también recoge el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, establece que nadie debe ser molestado por causa de sus opiniones, recordó.
"Están tratando de incriminar al periodista independiente por un delito de usurpación de funciones, algo que no cabe, debido a que los estándares internacionales indican que no se necesita titulación para ejercer el periodismo", condenó.
En opinión de la abogada exiliada, "están dando un mensaje muy claro a la comunidad: tú das declaraciones y puedes ser molestado por las autoridades policiales y eso es un acto inhibitorio, no solo para la persona que declara, sino a nivel social".
"Se inhibe la expresión de opiniones sobre la gestión del Gobierno, ya sea local, municipal o provincial. Esa es de las consecuencias más graves de este hecho", concluyó.
aun estoy esperando poder escuchar el supuesto audio a grabacion, por que