El pasado mes de mayo Yamilka Abascal Sánchez cumplió dos años de "limitación de libertad" que le impuso el régimen por su activismo en la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Un embarazo de ocho meses no impidió a las autoridades dictar una condena por el delito de "desacato a la figura del Comandante" en 2017.
Su esposo, José Rolando Casares Soto, aún cumple su condena de cinco años, por el mismo delito y otros dos agregados, en una prisión del Kilómetro Cuatro ½, en la carretera de San Juan y Martínez, en Pinar del Río.
Este viernes, la activista conversó con DIARIO DE CUBA sobre su caso a propósito de la presentación en Madrid del informe "Condenas premeditadas: un análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba", elaborado por el Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
"El régimen condenó a cinco años de privación de libertad a mi esposo José Rolando y dos años de limitación de libertad (algo así como prisión domiciliar) a mí por 'desacato a la figura del Comandante'. La detención ocurrió el 15 de julio de 2016. El juicio se celebró el 15 de febrero de 2017. O sea, transcurrió un período en el cual ellos no sabían que cargos imputarnos ni qué hacer con nosotros", relató Abascal.
"Ellos (las autoridades del régimen) hacen este tipo de cosas para sacarnos a todos los activistas de derechos humanos de las calles y que no participemos en eventos", consideró.
"Mi juicio me lo celebraron estando yo de ocho meses de embarazo, cosa que a ellos no les interesó para nada. Otro de los problemas es en cuanto a las visitas de mi esposo, que son mensuales", lamentó.
"El régimen no deja margen a la privacidad, porque te ponen un guardia. La Seguridad del Estado nos tiene todo el tiempo vigilados. Ya sea a mi en el barrio con ayuda de los CDR, de la FMC, etc. (organizaciones controladas por el Gobierno). Él en la prisión también tiene seguimiento constante", añadió.
La activista precisó que a Casares "los delitos que le fueron imputados fueron desacato, atentado y ultraje sexual; ultraje sexual que no existió nunca por parte de él, pues fueron los oficiales de la Seguridad del Estado quienes lo obligaron a despojarse de sus prendas en busca de una memoria flash".
Ese día de la detención ambos participarían en una rueda de prensa de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
"Por eso nos detienen, para que no llegáramos a ese evento", sostuvo.
Hoy Abascal está preocupada por la salud de su esposo, quien padece de complicaciones renales, y por que se tomen represalias contra él dada su participación en la denuncia de las arbitrariedades del régimen.
"La atención médica es la que no le dan debidamente, él pasa trabajo con eso. He tenido que presentarme para que lo lleven al médico. Cuando he hecho pública la situación es que lo han llevado", aseguró.
Aunque teme que el régimen pueda llevarla a la cárcel una vez más, la joven de 27 años se mantiene activa en la organización a la que pertenece.
"Ellos te lo planifican todo muy bien, te lo crean, pero bueno yo soy activista de los derechos humanos en Cuba y tengo a mi esposo preso. Lo más lógico es que siga exigiendo su libertad, que es lo que más merece y deseo", concluyó.
El caso de los jóvenes opositores está recogido en el informe de Raza Igualdad, sobre el que se debatió el jueves en Madrid de conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
El documento concluyó que "las condenas por desacato" a ambos "fueron un resultado directo de su expresión de ideas en contra del Estado, lo cual no es una base legítima para la privación de libertad bajo las normas internacionales".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha denunciado el uso de delitos de desacato para criminalizar la expresión de opiniones e ideas críticas de funcionarios públicos y cuestiones de interés público en Cuba.
Según la CIDH, estas leyes "restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático" y "[e]n un Estado en el cual se criminaliza la denuncia de violaciones de derechos humanos en aras de proteger el honor de funcionarios públicos o en el cual se castiga con su instrumento más poderoso —el derecho penal— la investigación y la crítica del ejercicio del poder, los ciudadanos pierden una de las herramientas esenciales en la lucha por la protección y promoción de derechos".
Aparte del "desacato", que directamente criminalizan la expresión, el Código Penal cubano contiene varios delitos que no están bien tipificados y, por lo tanto, están siendo usados por las autoridades para justificar la detención y la condena de personas por defender los derechos humanos o expresar ideas en contra del Gobierno.
Estas figuras mediante las cuales la Seguridad del Estado Cubano ha llevado el mayor número de voces disidentes a la cárcel son el atentado, la peligrosidad social predelictiva y la desobediencia. Además, varios presos políticos han sido privados de libertad porque el Estado determinó que tienen un "estado peligroso".
