El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentaron este jueves en Madrid su recién publicado informe "Condenas premeditadas: un análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba", que de manera profusa recoge testimonios y un profundo estudio de las leyes cubanas en el contexto de las obligaciones internacionales contraídas por La Habana.
En la presentación estuvieron activistas cubanos que han sufrido en carne propia la aplicación de estas leyes para silenciarlos.
"(…) El desacato, según la legislación cubana es cuando alguien 'ofende' a una autoridad, pero no se sabe qué es una ofensa exactamente. Este delito se lo imputan a los activistas, continuamente para tratar de que desistan de sus actividades", señaló José Ernesto Morales.
El documento, que ya fue motivo de análisis el pasado 11 de septiembre en Washington, precisamente denuncia tales figuras delictivas como herramientas para desarticular el disenso.
"Una de las maneras en que el estado cubano criminaliza es que los delitos no están bien definidos, no saben qué actos son ilegales y cuáles no; si la ley no especifica estas acciones todo lo puede decidir la policía, los inspectores…", alertó su autora principal, Caitlin Kelly.
Los participantes en el debate de este jueves en Madrid denunciaron que entre las formas de violencia y represión más preocupantes se hallan el maltrato hacia presos políticos mientras se encuentran en centros de detención.
"Existen aproximadamente 80 presos y presas políticos bajo extremas condiciones de vulnerabilidad", precisó el OCDH.
Entre estas personas encarceladas se encuentra el esposo de Yamilka Abascal, José Rolando Casares, recluido en la prisión del Kilómetro Cuatro ½, en la carretera de San Juan y Martínez, en Pinar del Río.
Abascal ha denunciado como le ha sido negada asistencia médica a Casares, quien padece problemas renales y estomatológicos.
Casares es miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y fue condenado el 15 de febrero de 2017 a cinco años de prisión precisamente por el delito de "desacato".
El informe concluye que "aunque la Constitución de 2019 contiene varias protecciones que garantizan el derecho al debido proceso, no cambia fundamentalmente la estructura del Estado cubano que permite la represión de los opositores".
"También contiene varias provisiones que permiten el mantenimiento del sistema de represión como, por ejemplo, la falta de independencia de la rama judicial y las limitaciones al derecho a la libertad de expresión".
Para Kelly, "la nueva Constitución supone un retroceso en el respeto de los tratados internacionales suscritos por el país, dado que en su Artículo 8 declara: 'La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales'".
En la presentación también estuvo Juan Antonio Madrazo Luna, líder del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), que en innumerables ocasiones ha sido detenido bajo figuras como desacato o desobediencia para frustrar las actividades que promueve su organización.
