La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al régimen cubano por la violación de sus derechos que sufren los periodistas de DIARIO DE CUBA Adriana Zamora García, Manuel Alejandro León Velázquez y Osmel Ramírez Álvarez.
En carta dirigida al canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, la CIDH pidió información sobre los casos de esos comunicadores, a quienes esa comisión otorgó medidas cautelares en abril por considerar que sus derechos a la vida y la integridad personal "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia".
En el caso de Zamora García, las medidas cautelares alcanzaron a su esposo, Ernesto Carralero Burgos, también periodista de DDC.
De acuerdo con el Centro de Información Legal Cubalex, que hizo la denuncia ante esa entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) por "amenazas, persecución, intimidación y asedio" a estos periodistas durante sus labores, esta comunicación significa que "la petición fue admitida por la comisión y abierta a trámite".
Ahora "se le pide explicaciones al Estado sobre la denuncia presentada", aclaró Cubalex a DIARIO DE CUBA. "El Estado nunca contesta a las peticiones de la CIDH", pero este procedimiento es "una forma de reconocer a las víctimas y hacerles saber que no están solas, además de mover a la opinión pública", puntualizó.
La solicitud de respuesta tiene un plazo de tres meses a partir de la recepción en la sede de la Embajada de Cuba en EEUU del CD que contiene los anexos de la petición.
Manuel Alejandro León Velázquez y Osmel Ramírez Álvarez han sufrido de varias detenciones de hasta 72 horas, allanamientos de sus viviendas y confiscaciones de sus equipos de trabajo.
Ambos han sido amenazados con penas de cárcel por supuestos "delitos" relacionados con su trabajo en DIARIO DE CUBA, como "usurpación de capacidad legal", "difusión de noticias falsas" y "propaganda enemiga", entre otros.
Ninguno de los dos ha podido recuperar sus equipos de trabajo. A Osmel Ramírez las autoridades le impiden viajar al exterior desde noviembre de 2017. En ambos casos sus familiares han sido presionados para intentar que convenzan a los periodistas de abandonar su trabajo.
Adriana Zamora y Ernesto Carralero soportaron numerosas presiones durante el embarazo de ella.
La policía política llegó a amenazar la vida de la periodista y la de su bebé, y consiguió dejar a la pareja sin vivienda cuando Zamora se encontraba hospitalizada para dar a luz.
Los dos han sido interrogados en varias ocasiones por su trabajo en DDC y la Seguridad del Estado busca conseguir que abandonen el país.
A Carralero los agentes del régimen le han "advertido" que buscarán encausarlo por "peligrosidad predelictiva", que podría "tener un accidente" o "algún desconocido podría golpearlo cuando salga a realizar su trabajo periodístico".
En cualquier caso —le han dicho las autoridades—, no verá crecer a su hijo. Por otra parte, le han revelado que el plan es llevar también a prisión a Zamora.
La CIDH consideró estas amenazas "de especial seriedad".
Para valorar la gravedad de la situación, la Comisión dijo haber tenido en cuenta que su Relatoría Especial de Libertad de Expresión "ha expresado su preocupación por la persecución sufrida por los periodistas en Cuba, refiriéndose especialmente a las limitaciones y obstaculización al derecho de la libertad de expresión, incluyendo la criminalización de la crítica, la censura y bloqueo de información, vigilancias así como múltiples actos de hostigamiento y amenazas para amedrentar aquellos que expresen ideas críticas contra el Gobierno".