El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos acudió este jueves a una audiencia en el Congreso de EEUU ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental, la Seguridad Civil y el Comercio en la que ejerció de testigo de la actual situación de los derechos humanos en Cuba.
Carlos Quesada, director ejecutivo y fundador de Raza e Igualdad, presentó un testimonio centrado en las amenazas y los desafíos para los defensores de los derechos humanos en la Isla y en los métodos empleados por el régimen para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas.
"Esta criminalización ha resultado en una población de presos políticos que suman un total de casi 100, y tiene un impacto desproporcionado en las poblaciones históricamente marginadas, incluidas las mujeres, los afrodescendientes y los miembros de la comunidad LGBTI", señaló.
Se refirió a la situación de los derechos humanos en Cuba como "una guerra de desgaste entre el Gobierno y activistas independientes de la sociedad civil".
"Las autoridades estatales violan rutinariamente las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al hostigar, amenazar, detener e interrogar a los activistas y sus familias".
Quesada identificó como "principales amenazas y desafíos para los defensores de derechos humanos", la nueva Constitución, así como "la manera arbitraria en que opera el sistema de justicia cubano, el método principal por el cual los activistas son criminalizados, es una amenaza en sí misma".
Con respecto a la Carta Magna probada en febrero, consideró que "en un movimiento calculado para crear un vacío legal mediante el cual puede evitar cumplir con las obligaciones del tratado internacional de derechos humanos, el Gobierno cubano modificó el texto (…) para otorgarle la supremacía sobre el derecho internacional".
"La libertad de expresión y de opinión es inexistente en Cuba. A las organizaciones independientes de la sociedad civil no se les permite registrarse legalmente, en violación de su derecho a la libertad de asociación. Los activistas y sus familiares se enfrentan a torturas psicológicas constantes. Los casos de activistas y sus familiares que no reciben servicios de salud adecuados son numerosos. Y, acabamos de descubrir que las empresas privadas, como Western Union, pueden colaborar con el Gobierno", denunció.
También recordó que "las detenciones arbitrarias y otras violaciones de garantías de debido proceso son comunes".
Citó como "principales métodos empleados por el Gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil o activistas incluyen y el uso indebido del sistema de justicia, así como las restricciones de viaje" y de cada uno ofreció detalles y ejemplos de los numerosos casos dados.
El director de Raza e Igualdad quiso destacar que "las activistas que son mujeres, los afrodescendientes y los miembros de la comunidad LGBTI sufren en mayor proporción las violaciones de derechos humanos en Cuba".
"Sus características intersectoriales los hacen particularmente vulnerables a múltiples formas de represión. Las activistas, por ejemplo, enfrentan de manera rutinaria la violencia física y psicológica contra la cual no tienen ningún recurso, dada la falta de legislación en Cuba que prohíba la violencia de género. Los insultos raciales se emplean comúnmente contra activistas afrodescendientes que, como dice el refrán, deberían 'estar agradecidos porque la revolución hizo humanos a los negros. Y los miembros de la comunidad LGBTI están enfrentando una nueva realidad después de la violenta represión que experimentaron durante la Marcha del Orgullo organizada de manera independiente el 11 de mayo de este año", explicó.
Por todo ello, Quesada pidió ante el Congreso que el Gobierno de EEUU "continúe monitoreando y exponiendo la situación de los derechos humanos en Cuba, ofrezca apoyo público a periodistas independientes y activistas de la sociedad civil y amplíe la presencia diplomática de los EEUU para tener un contacto más directo con activistas independientes de la sociedad civil".
Asimismo, recomendó "alentar al Gobierno cubano a entablar un diálogo con la sociedad civil independiente sobre temas de derechos humanos" y solicitar a Western Union "información sobre cómo opera en Cuba y cómo los funcionarios del Gobierno podrían tener acceso a información sobre activistas que reciben dinero del extranjero".
Además de Quesada, participaron como testigos Carlos Martínez de la Serna, director del programa Comité para la Protección de Periodistas, quien actualizó sobre la situación específica que padecen los medios independientes en la Isla, así como John Suarez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre.
La audiencia fue presidida por Albio Sires, al frente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso. Tanto Sires como el republicano Francis Rooney, miembro de rango del Subcomité, denunciaron los abusos del régimen cubano contra activistas y opositores, realizaron preguntas específicas a los asistentes como testigos y se comprometieron a continuar su apoyo a las iniciativas en pos de la democratización en la Isla.