Las autoridades cubanas han tomado represalias contra dos prisioneros políticos por denunciar las pésimas condiciones y las violaciones que se cometen en las cárceles donde se encuentran recluidos.
Manuel de Jesús Rodríguez García se encuentra en celda de castigo y plantado desde el 30 de octubre en la cárcel 5 y Medio, en Pinar del Río, informó su madre a Radio Martí.
Nilda García dijo que "se aparecieron unos policías" en la galera donde estaba detenido y se llevaron a su hijo para "una celda de castigo" porque "había hecho una llamada telefónica" al representante de una organización defensora de los derechos humanos.
"Eso está terminantemente prohibido", dijeron las autoridades de la prisión, y añadió que por ese motivo su hijo pasaría los siguientes 15 días en aislamiento, según informó a la madre del reo otro preso político recluido en el mismo centro carcelario.
Rodríguez García cumple una condena de ocho años por los cargos de "desacato y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires de la República de Cuba".
En un caso separado, las autoridades también tomaron represalias contra el preso político Yosvany Sánchez Valenciano, por denuncias hechas desde la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.
Sánchez Valenciano enfrenta ahora tres meses en celda de castigo y dos años sin llamadas telefónicas, dijo a Radio Martí Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en la capital.
"Presos comunes y también de UNPACU, nos han informado que a raíz de esa denuncia supuestamente debió tener visita el pasado día 7 y no se la permitieron", señaló Báez Guerrero.
El coordinador de UNPACU dijo que el preso político fue llevado nuevamente a celda de castigo "por tres meses más" y sin derecho a llamadas telefónicas "por dos años", una medida que Báez Guerrero calificó de "arbitraria".
Sánchez Valenciano fue sacado el 18 de octubre de una celda de castigo donde estuvo recluido por tres meses y 11 días, y ahora se encuentra plantado en huelga de hambre desde el sábado de la pasada semana, día en que fue llevado a la celda de aislamiento, explicó Báez Guerrero.
"Las celdas de castigo son celdas tapiadas, no hay ventilación ninguna (...) En la puerta hay una escotilla por donde te pasan la comida, en caso de que no estés plantado, un pomo de agua, porque a veces no tienes ni acceso al agua [potable]", y en ocasiones "no te dan colchón", así describió Báez Guerrero las condiciones del castigo impuesto a ambos presos políticos.
Sánchez Valenciano, de 41 años de edad, suma 7 años de cárcel por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó a prisión en 2016. Su caso ha sido denunciado por la campaña #PresosPorQué, impulsada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EEUU, que responsabiliza al régimen cubano por la situación de los presos políticos en Cuba.
Otros dos presos políticos de la UNPACU, Aimara Nieto Muñoz y Alberto Valle Pérez, también tienen prohibidas las llamadas telefónicas.