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Represión

El régimen libera al Gran Maestro cubano Arian González, pero le advierte que no puede volver a manifestarse

Abogados consultados por DIARIO DE CUBA advierten que 'el sistema judicial está selectivamente enmendando graves errores'.

Madrid
Arian González.
Arian González. FARO DE VIGO

La Fiscalía del régimen cubano archivó el caso contra Arián González, el abogado y Gran Maestro de ajedrez cubano residente en España, que estuviera detenido en Cuba por manifestarse pacíficamente, y lo multó con 2.000 pesos.

"La Fiscalía archivó el caso porque no había delito. Lo hicieron por la presión internacional", dijo el propio ajedrecista, de acuerdo con el periódico español La Región.

González quedó en libertad el miércoles, tras ser detenido el 12 de julio pasado en Villa Clara, días después trasladado a la prisión La Pendiente en Santa Clara y la pasada semana excarcelado bajo medidas cautelares a la espera de juicio. En ese periodo, hizo una huelga de hambre de tres días en protesta por su arresto.

El ajedrecista, que viajó a Cuba a inicios de mes para visitar a su madre diabética, agradeció el apoyo recibido durante su detención en la Isla, pero también se mostró decepcionado porque sus amigos no corrieron la misma suerte que él.

Al respecto, mencionó a Alexander Rodríguez: "Lo condenaron a un año de prisión por expresarse desde la azotea de su casa", mientras que otros "están desaparecidos o son condenados sin ningún tipo de posibilidad de salir", dijo.

También cuestionó la actitud del Gobierno de España. "Por más que intenté contactar con ellos y les pedí ayuda, no me prestaron auxilio. No puede ser que no se implicasen, no hablamos de un país lejano a España", apuntó. 

Según González, volverá a España a finales de agosto. Mientras, se quedará con su familia en Villa Clara.

"Seguiré hablando de mi experiencia en la cárcel y denunciando los tratos inhumanos, las torturas psicológicas y la represión contra el pueblo de Cuba", anunció.

Las autoridades, dijo, le advirtieron que si vuelve a manifestarse sufrirá las consecuencias.

Durante su detención, el excampeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov se pronunció a favor de la liberación del Gran Maestro cubano. Además, cuestionó al Gobierno de España por permanecer en silencio ante la violencia con que las autoridades de la Isla castigan a quienes se manifestaron. 

Tras la liberación de González, abogados cubanos consultados por DIARIO DE CUBA advirtieron que "el sistema judicial está selectivamente enmendando graves errores", mientras se producen juicios "contra personas condenadas la mayoría en masa, sin derecho a la defensa y a proponer pruebas por el simple hecho de ejercer los derechos constitucionales de manifestación, movimiento, pensamiento y expresión, así como los de queja y petición".

Advierten los especialistas que "ante la falta de Ley de Manifestación, norma que no ha querido dictar el órgano legislador cubano para poder criminalizar a los manifestantes con los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, no es desacertado ni contrario a derecho afirmarse que todos los presos deben ser liberados tomando como fuente de derecho y justicia directa la misma Constitución. El pueblo no puede pagar la culpa de falta de leyes que organicen el derecho a la protesta, así como los de queja y petición".

No obstante, advierten, "la justicia no se consigue ni se agota con la libertad de algunos presos. La ética y el deber obliga a jueces y fiscales ir más allá. La misma Constitución establece en el artículo 98 que: 'Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley'".

El Código Penal vigente en Cuba establece que "las ordenes de represión contra manifestantes pacíficos y los ejecutantes de ellas con armas, palos y demás dispositivos de seguridad, tienen que ser acusados de oficio por el fiscal o por el tribunal del juicio, al amparo de las leyes 83 y 82, respectivamente, por ser presuntos culpables de los delitos contra la libre emisión del pensamiento (Artículo 291) y contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición (Artículo 292).

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