Las herramientas de control y censura que ha ejercido durante años el régimen cubano contra el sector cultural, particularmente contra el arte subversivo e independiente, sumaron en días recientes tres nuevos elementos para reforzar el control institucional y financiero sobre los creadores, así como la "evaluación" de los artistas.
Así, las resoluciones 28, 29 y 30 de 2026, del Ministerio de Cultura, publicadas en la Gaceta Oficial de la República, derogan marcos legales vigentes desde 2014 y buscan reajustar las reglas del juego para los trabajadores de la música, las artes escénicas y el sector audiovisual.
Entre otras disposiciones, los nuevos elementos jurídicos buscan aliviar la carga del presupuesto estatal en un escenario de severa crisis económica, lo que se traduce en que el régimen prepara su abandono presupuestario a la cultura, contradiciendo uno de los aspectos más repetidos en sus ejercicios de propaganda.
Asimismo, la Resolución 29 actualiza y refuerza el Sistema de Evaluación Artística, consolidándolo como un filtro que define, a los ojos de los grises funcionarios, quién es artista y quién no.
Así, la legislación ratifica la vigencia de las comisiones de expertos que otorgan o retiran el estatus profesional: ningún artista en el país podrá ejercer, cobrar o subirse a un escenario sin la debida aprobación y categorización estatal. Salvo contadas excepciones —como los recién graduados de las escuelas de arte durante los primeros seis meses de servicio social y los desmovilizados del servicio militar—, la evaluación previa se consolida como un peaje obligatorio.
"Se prohíbe a las entidades que representan a artistas o que tengan autorizada la contratación de artistas, establecer relación de trabajo con artistas devaluados", sostiene la resolución, dejando la puerta abierta a que, como han hecho en numerosas ocasiones las entidades culturales del régimen, tengan carta blanca para inhabilitar o degradar profesionalmente a aquellos creadores cuyas propuestas incomoden al discurso institucional.
Contratación y salarios: tijeretazo al sector subvencionado
Por su parte, la Resolución 28 fija las normas para la contratación laboral y la remuneración. El contrato por tiempo determinado (con un límite máximo de un año) se convierte en la norma general para los artistas vinculados a las entidades estatales de representación.
El cambio fundamental radica en la segmentación del sector. Por un lado, la resolución restringe el acceso al régimen de "pago a tiempo" (salario mensual fijo de la nómina estatal) a aquellos proyectos estrictamente alineados con las prioridades culturales de las instituciones, condicionando cada peso al cumplimiento riguroso del plan de trabajo.
Además, empuja a un volumen creciente de creadores hacia el esquema de unidades "no subvencionadas", donde el ingreso depende exclusivamente de las actuaciones comerciales y la taquilla. El régimen busca, entonces, que la cultura se pague sola, sin costarle dinero al presupuesto del Estado, algo que viola los principios fundacionales del modelo de país impulsado por Fidel Castro.
Sin embargo, y a pesar de no financiar las agrupaciones independientes, el Estado retiene el monopolio absoluto de su intermediación. Todo contrato de servicios artísticos debe pasar obligatoriamente por una agencia de representación estatal, la cual fija los márgenes de comisión y fiscaliza el flujo de divisas e ingresos en moneda nacional. La norma regula la contratación y comercialización de espectáculos tanto en el mercado nacional como en giras y contratos en el extranjero.
Impacto del paquete normativo: más fiscalización, menos autonomía
El impacto global de estas tres resoluciones refleja la estrategia de la burocracia cultural frente al agotamiento del modelo asistencialista. El MINCULT busca librarse de la carga de mantener nóminas infladas de artistas a los que ya no puede pagar con fondos públicos, pero se niega a otorgar libertad económica o representación independiente.
Al obligar a los artistas a operar mediante agencias estatales que controlan sus contratos, cobrarles comisiones por gestión y someter su estatus a evaluaciones periódicas, el régimen asegura un doble control: financiero e ideológico.
