La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) denunció la introducción de un nuevo sistema de cobros que asfixia la producción audiovisual independiente y funciona como un mecanismo de censura económica en la Cuba actual. En una declaración publicada en Facebook, el gremio recordó que durante casi dos décadas ha reclamado sin éxito una Ley de Cine y criticó que, en su lugar, las autoridades hayan impuesto regulaciones "verticales y arbitrarias", sin un proceso real de consulta con los creadores.
La Resolución 61 del Ministerio de Cultura, en vigor desde el 1 de enero y que fija tarifas en pesos cubanos y divisas para grabar en espacios públicos y tramitar permisos a través del estatal Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), sería —según la ACC— un nuevo paso en esa lógica de control.
Los cineastas advierten que la norma convierte al ICAIC en un "intermediario obligatorio" que cobra por trámites que deberían ser accesibles o gratuitos, mercantilizando el acceso a la cultura y vulnerando su carácter de bien público. "Si el precio de filmar es hacerlo inviable, entonces no están defendiendo a nuestro cine: lo están censurando desde lo económico", subraya el texto.
De acuerdo con el Anexo Único de la Resolución, filmar durante un solo día en una cuadra principal implica un pago de 4.500 pesos, mientras que la autorización para el uso de drones puede elevarse hasta 12.000 pesos. A ello se suman recargos por tramitación urgente, que alcanzan los 9.600. En el caso de producciones extranjeras, las tarifas se fijan en divisas y van desde 75 hasta 266 dólares por locación o servicio, con rebajas limitadas condicionadas a la contratación mayoritaria de personal cubano.
La ACC alerta de que las tarifas previstas resultan inasumibles para realizadores independientes, documentales de bajo presupuesto y estudiantes. Para los cineastas cubanos, gravar el uso del espacio público equivale a "silenciar miradas críticas" y a "limitar la diversidad cultural".
"Las tarifas no reflejan las dinámicas reales que acompañan los procesos de producción cinematográfica en el país, sujetos a los vaivenes inflacionarios y la dolarización constante. Se legisla como si existieran ayudas y presupuestos estables, cuando en la práctica los proyectos se sostienen con enorme esfuerzo personal y familiar", precisó el pronunciamiento.
"La Resolución 61 es un golpe directo a los estudiantes que realizan obras audiovisuales. Ejercicios docentes y tesis de grado no podrán asumir las tarifas diseñadas. Los descuentos señalados para ellos en la Resolución, desconocen las dinámicas formativas de los jóvenes cineastas cubanos. Desde hace años, son los padres y los propios estudiantes los que asumen la mayor parte del financiamiento de sus obras ante la ausencia o el débil apoyo brindado por las instituciones", añadió.
La declaración también cuestiona la falta de criterios claros, plazos definidos y vías formales de reclamación, lo que deja a los creadores en una situación de inseguridad jurídica y abre la puerta a decisiones discrecionales. A ello se suma, según la ACC, el desmontaje de principios del Fondo de Fomento y otras medidas que refuerzan el control estatal "desde la raíz", evitando conflictos posteriores por censura directa de obras terminadas.
Ante este escenario, la Asamblea propone pausar la implementación de la Resolución 61 y abrir un intercambio real con el gremio para repensar el marco legal del cine en la Isla. Insiste en la urgencia de una Ley de Cine que articule fomento, financiamiento, coproducciones e incentivos, en lugar de un entramado de restricciones.
"¿Hasta dónde pueden elevarse entonces los costos reales derivados de esta norma? En conjunto, la misma burocratiza y vulnera la producción audiovisual al imponer un 'impuesto a la creatividad' que desincentiva proyectos independientes, documentales críticos y/o experimentales, que no pueden absorber estos costos. De este modo se refuerza el monopolio estatal, limitando la pluralidad de voces con una norma que no fomenta la cultura, sino que la encadena a la lógica del control y el lucro estatal", concluyó la ACC.
