En Ceja del Negro, zona también conocida como Loma Blanca, todavía permanecen bajo tierra las huellas de una de las acciones militares más sangrientas de la Guerra de Independencia. En ese lugar, el 4 de octubre de 1896, tropas mambisas dirigidas por Antonio Maceo enfrentaron a fuerzas españolas en un combate que dejó 56 muertos y 199 heridos del lado cubano.
El sitio, ubicado en Pinar del Río y protegido desde 1978 como Monumento Nacional, conserva restos materiales asociados a aquel episodio. Allí se encuentran municiones, piezas metálicas, fragmentos de armas, evidencias de campamentos y otros vestigios que solo adquieren verdadero valor cuando se estudian en el lugar exacto donde ocurrieron los hechos a los que están asociados.
Sin embargo, ese espacio protegido terminó convertido en escenario de búsquedas ilegales con detectores de metales, excavaciones improvisadas y extracción de objetos históricos sin autorización oficial.
Al conocer los hechos, a inicios de enero de este año, el arqueólogo Odlanyer Hernández de Lara denunció los saqueos ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y la Comisión Provincial de Monumentos. En su escrito, el investigador advirtió que el daño no radica solo en sacar una bala, un botón o un arma oxidada de la tierra, sino en destruir la información que acompaña a estos restos arqueológicos.
Un video de YouTube destapa el saqueo
El caso salió a la luz tras la difusión en YouTube de un video del canal "Aventuras con Tony", donde se muestran intervenciones directas en el subsuelo de Ceja del Negro mediante detectores de metales y otras prácticas extractivas.
El material presenta la actividad como algo legítimo bajo el argumento de que las piezas encontradas serían entregadas posteriormente a museos. Pero para la comunidad arqueológica este razonamiento resulta engañoso.
Un objeto histórico separado de su contexto pierde buena parte de su valor científico y documental. La posición estratigráfica, la cercanía con otros restos, la profundidad a la que aparece y la relación con el entorno permiten reconstruir acontecimientos históricos, movimientos de tropas, rutas de combate y usos del espacio.
Cuando alguien remueve la tierra sin método científico ni supervisión especializada, esa información desaparece para siempre, advierten los especialistas consultados.
Este fenómeno de remover un patrimonio histórico de su ubicación original es lo que los especialistas denominan expolio arqueológico: acciones no autorizadas de excavación, remoción o destrucción de contextos patrimoniales con fines recreativos, de colección o lucro.
Después de esa primera intervención ilegal suele aparecer otro problema paralelo: la circulación y venta de piezas patrimoniales fuera de los canales institucionales; es decir, en el mercado negro.
Una práctica cada vez más normalizada
Una carta abierta publicada por Cuba Arqueológica, firmada por más de 80 arqueólogos, historiadores, espeleólogos e investigadores cubanos y extranjeros, advierte que el saqueo del patrimonio y el uso creciente de detectores de metales se han normalizado en Cuba, especialmente a través de redes sociales y plataformas digitales.
Los especialistas alertan que abundan videos, publicaciones y grupos donde se exhiben hallazgos, se intercambian piezas y se promociona la búsqueda de objetos antiguos como una actividad inofensiva.
El problema es que esa exposición pública contribuye a trivializar el daño patrimonial, alimenta mercados ilegales y crea la falsa idea de que basta con donar algunos objetos a un museo para justificar la destrucción del sitio del que fueron extraídos.
La gravedad del caso de Ceja del Negro reside, además, en que se trata de un Monumento Nacional. Si un lugar con el máximo nivel de protección patrimonial puede ser vulnerado sin consecuencias visibles, la situación de cientos de sitios arqueológicos resulta todavía más precaria.
La Ley 155 de 2022, Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, establece que todo sitio arqueológico es un bien cultural protegido y que cualquier intervención física requiere autorización institucional expresa, un proyecto científico aprobado y supervisión técnica especializada.
También dispone que los bienes arqueológicos pertenecen a la nación y no pueden ser objeto de apropiación privada ni comercialización. Pero, el problema, sostienen los firmantes de la carta, no es la falta de normas. La legislación existe y es relativamente clara. Lo que falla es su aplicación.
La propia ley faculta al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio de Cultura, para abrir procesos administrativos, imponer sanciones y remitir los hechos a instancias judiciales cuando exista daño significativo. Aun así, los arqueólogos denuncian una brecha persistente entre lo que dice la normativa y lo que realmente ocurre sobre el terreno.
El patrimonio esclavista también desaparece
Ceja del Negro no es el único ejemplo de deterioro o vulneración patrimonial en Cuba. Una investigación reciente del arqueólogo Odlanyer Hernández de Lara y los espeleólogos Judith Rodríguez-Reyes y José Manuel Gil-Ávalos, revela la magnitud del deterioro de las ruinas del antiguo cafetal San Agustín, en las alturas de San Miguel, en Matanzas. El artículo académico fue publicado por la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
San Agustín fue uno de los primeros enclaves cafetaleros de la región en aplicar el método húmedo de producción y conserva evidencias materiales vinculadas al sistema esclavista del siglo XIX.
El estudio, realizado por especialistas del Grupo Guamacaro, documenta ocho estructuras principales, entre ellas una alberca monumental, posibles tanques de fermentación, almacenes y viviendas.
Sin embargo, gran parte de ese legado aparece hoy perforado, derrumbado o descontextualizado por buscadores de tesoros que operan con detectores de metales, una práctica cada vez más extendida en zonas rurales.
Los investigadores describen agujeros en muros, pisos arrancados y contextos arqueológicos destruidos, daños que atribuyen directamente al expolio.
El fenómeno, advierten, no es nuevo ni aislado: forma parte de una tendencia creciente en toda la Isla, donde piezas y artefactos históricos se venden en redes sociales sin que exista una respuesta efectiva del Estado.
Mientras tanto, la única protección real proviene de la comunidad local.
El campesino conocido como El Rubio y miembros del Grupo Guamacaro han asumido, por iniciativa propia, la limpieza del sitio, la contención de la vegetación y la sensibilización de los vecinos. Su labor ha sido clave para frenar —aunque no detener— el deterioro.
El caso del cafetal San Agustín expone una paradoja: Cuba cuenta con un vasto patrimonio arqueológico histórico, pero carece de un inventario actualizado y consolidado, pese a que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), adscrito al Ministerio de Cultura, es la institución responsable de su registro nacional.
Las cifras más recientes, publicadas en 2017, hablan de 3.268 sitios aborígenes identificados en el Censo Nacional de Arqueología (con mayor concentración en Villa Clara, Pinar del Río y Guantánamo), junto a unos 370 sitios de memoria histórica (45% del total de 823 bienes del CNPC en 2017) y más de 200 estaciones rupestres. Esta falta de un censo unificado y reciente agrava la vulnerabilidad ante el expolio, dejando sin protección efectiva cientos de yacimientos históricos y coloniales.
Los esfuerzos oficiales, denuncian los investigadores, se han concentrado casi exclusivamente en sitios aborígenes, dejando en el abandono ruinas de plantaciones, fortificaciones y espacios vinculados al sistema esclavista.
El resultado es un paisaje patrimonial vulnerable, donde la memoria material de la esclavitud —ya de por sí invisibilizada en los discursos oficiales— se pierde bajo la presión combinada del tiempo, la pobreza y la indiferencia institucional.
En Chorro de Maíta, en la provincia de Holguín, especialistas han advertido durante décadas sobre la necesidad de proteger los enterramientos y objetos funerarios hallados en el lugar, uno de los mayores cementerios indígenas del Caribe.
Los arqueólogos recuerdan que el valor del sitio no está solo en los esqueletos o piezas conservadas, sino en la posición y relación entre cada hallazgo, información esencial para reconstruir las prácticas funerarias y la vida de las poblaciones originarias.
Sin contexto, sin historia
La historiadora del arte Yaneli Leal del Ojo, especializada en patrimonio arquitectónico, señala que el principal daño del saqueo arqueológico no está únicamente en la desaparición de una pieza, sino en la pérdida irreversible de la información que la rodea.
Antes de extraer cualquier objeto, los arqueólogos documentan, toman fotografías con referencias de escala y orientación, y analizan los restos orgánicos e inorgánicos que le rodean. Con este objetivo utilizan herramientas específicas y delicadas para no romper "la cadena de información".
Para la especialista, cada hallazgo contiene datos que van mucho más allá de la pieza material. "El objeto tiene una importancia en sí, pero el contexto en el que se encuentra le complementa", explica. "Cuando esa información no se levanta, no se documenta o no se registra adecuadamente, es irrecuperable", afirma, pues "no hay manera de reconstruir eso. De hecho, reconstruirlo sería falsearlo", añade.
Leal del Ojo pone un ejemplo concreto: una vasija hallada dentro de una tumba no significa lo mismo que una encontrada en una cocina o cualquier otro espacio. "Ya no solamente es el objeto en sí, por la técnica, las formas o la decoración empleada. Es el contexto donde te la has encontrado y los elementos asociados", agrega.
En el caso de una tumba, añade, la posición exacta del objeto también puede revelar información clave.
"No es solo que esté dentro de una tumba, sino dónde está dentro de esa tumba. Eso ayuda al científico a reconstruir mejor el ritual en torno al enterramiento: la orientación y posición de un cuerpo, la localización de los objetos y las condiciones en que estos se han preservado son elementos que permiten reconstruir prácticas funerarias, usos cotidianos y formas de vida de una cultura", explica.
"Es todo un entramado. La mayoría de la información se complementa por todo lo que se ha logrado preservar", resume.
A la sombra de Ceja del Negro, San Agustín y otros sitios vulnerados, el expolio arqueológico en Cuba revela una paradoja dolorosa: el país conserva un patrimonio de enorme valor histórico, pero lo expone a su pérdida silenciosa, con la venta ilegal de piezas y la destrucción de la información científica y el contexto arqueológico que refuerza su valor patrimonial.
Mientras la ley establece con claridad que estos bienes pertenecen a la nación y que toda intervención requiere autorización y supervisión especializada, sobre el terreno siguen imponiéndose la improvisación, la impunidad y la normalización del saqueo.
Pérez de la Riva en una conferencia a la que tuve el placer de asistir, ya denunciaba los expolios y la exportación ilícita de objetos patrimoniales.
Si quieren restos arqueológicos, la misma Habana es toda ella un resto arqueológico.
Sólo hay que recordar que el reloj de Napoleón Bonaparte estaba en manos de Castro II...