En medio de un acelerado envejecimiento poblacional y una crisis migratoria que ha vaciado los centros estatales, el régimen cubano publicó este miércoles, mediante un decreto-ley y un decreto, las nuevas reglas que impondrá al ajado sistema de pensiones.
Más allá de incorporar novedades sociales, como el reconocimiento de hasta diez años de servicios por el cuidado de familiares dependientes, la normativa deja en evidencia la intención del régimen de trasladar el peso de sostener la caja de las pensiones hacia los hombros del sector no estatal.
¿Cómo obliga la nueva ley a los actores no estatales a sostener el sistema?
El Estado cubano se ha quedado sin la masa salarial tradicional necesaria para financiar las prestaciones debido a la crisis de las empresas estatales. Para paliar el problema financiero, la reforma establece la afiliación obligatoria y un marco estricto de contribuciones para los nuevos actores económicos.
Así, el Decreto-Ley 140 detalla que los sujetos obligados a este régimen especial de seguridad social comprenden a los "trabajadores por cuenta propia, socios de micro, pequeñas y medianas empresas y empresas privadas con más de cien (100) trabajadores y así como los titulares de los proyectos de desarrollo local".
De esta forma, y para asegurar un flujo constante de ingresos a las arcas públicas, la legislación fija un porcentaje de aportación general del 20% sobre los ingresos definidos por el afiliado. Asimismo, la contribución "no puede ser inferior al salario mínimo establecido en el país".
¿Es una solución fiscal sostenible o una externalización del déficit?
Ante este panorama, la gran interrogante económica radica en si este endurecimiento de la presión tributaria, como sostén de un presupuesto estatal colapsado, logrará sostener el sistema o si constituye una externalización del problema.
Al respecto, el economista Omar Everleny señala que, ante el vaciamiento de la masa salarial estatal, "el Estado ha externalizado el déficit fiscal de las pensiones hacia el sector privado, convirtiéndolo en el principal soporte de caja para pagar las jubilaciones debido a la imposibilidad de mantener el sistema con los ingresos tradicionales".
No obstante, esta estrategia choca con las propias limitaciones impuestas a los beneficios futuros. El Decreto 186 modifica el reglamento para introducir una escala regresiva en el cálculo de las pensiones cuando los ingresos superan determinados umbrales. Esto implica que, aunque el sector privado asume un esfuerzo contributivo mayor, las pensiones resultantes enfrentan techos reductores, por lo que el régimen exige mucho y después no paga pensiones en correspondencia.
¿Cuáles son las principales novedades del sistema?
La nueva normativa introduce una novedad social importante al reconocer como tiempo de servicios (hasta un máximo de diez años) los periodos que un ciudadano dedique al cuidado de familiares en situación de dependencia.
Si bien la medida intenta aliviar parcialmente una injusticia histórica con miles de mujeres y familiares que abandonan el mercado laboral para cuidar a ancianos o enfermos, su aplicación práctica dependerá de una tramitación burocrática compleja.
Además, la nueva normativa regula formalmente a las personas que realizan múltiples actividades laborales a la vez, obligándolas a afiliarse y cotizar en los regímenes que correspondan a cada una.
Para determinar la futura pensión, el organismo competente sumará los salarios promedio y las bases de contribución de los diferentes regímenes en los que haya cotizado. De esta particularidad de la ley quedarán exentos los jubilados que se reincorporen al trabajo.
Al propio tiempo, la normativa establece un candado a las contribuciones durante los cinco años anteriores a la edad establecida para jubilarse. Con esta medida, La Habana busca frenar los intentos de "inflar artificialmente" los aportes económicos en la recta final de la vida laboral, lo que repercutiría en percibir luego una pensión de retiro más elevada.
Tanto los cambios expuestos como un análisis objetivo de la realidad cubana y el resquebrajamiento integral de la sociedad permiten afirmar que la reforma oficializa una economía mixta guiada por la necesidad fiscal, donde el sector privado financia el sistema bajo un estricto control estatal.