En abril de 1959 Fidel Castro realizó su primera visita a Estados Unidos. En uno de los discursos pronunciados allí, dirigido a los potenciales inversionistas dijo: "Las puertas están abiertas a las inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de la industria en Cuba. Es absolutamente imposible que hagamos progresos si no nos entendemos con Estados Unidos".
Tres semanas después de su regreso comenzó un proceso de expropiación de propiedades privadas, cubanas y extranjeras. El 17 de mayo de ese año firmó una Ley de Reforma Agraria mediante la cual expropió las extensiones superiores a las 30 caballerías de tierra, gran parte de las cuales eran precisamente propiedades norteamericanas.
Las expropiaciones, ejecutadas en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y el envío de guerrillas a los países vecinos, desencadenó un conflicto que puede resumirse así: La Habana estableció relaciones diplomáticas con Moscú. Cuba nacionalizó las empresas petroleras de Estados Unidos. El Gobierno norteamericano rebajó la cuota de azúcar que compraba a Cuba. La Unión Soviética adquirió esa azúcar a precios superiores a los del mercado. Cuba nacionalizó los bancos norteamericanos y 362 grandes empresas. Estados Unidos decretó un embargo parcial. Cuba intervino el resto de las empresas norteamericanas. Estados Unidos suspendió toda compra de azúcar y en febrero de 1962 decretó el embargo total, con excepción de alimentos y medicinas.
Ilegitimidad de las expropiaciones
El Artículo 24 de la Constitución de 1940 de la República de Cuba rezaba: "Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente".
Al producirse el golpe de Estado de marzo de 1952, Fulgencio Batista, designado primer ministro por la Junta Revolucionaria, sustituyó la Constitución de 1940 por unos estatutos constitucionales. En octubre de 1953, en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro aseguró que después de tomar el poder proclamaría "la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla". Resultó que en 1955 Batista restableció la Constitución. Y el 7 de febrero de 1959, una vez en el poder, Fidel Castro que había prometido restablecerla, violando lo establecido para la reforma constitucional en el Artículo 285, la sustituyó por unos estatutos denominados Ley Fundamental del Estado Cubano mediante los cuales procedió a las confiscaciones. Como la Constitución de 1940 nunca fue derogada ni reformada como estaba establecido, las confiscaciones fueron ilegítimas.
Para "indemnizarlas" el Gobierno revolucionario propuso hacerlo mediante un fondo que se nutriría de las divisas provenientes del exceso de las compras de azúcar que realizara Estados Unidos, y si se careciera de tal fondo, se amortizarían en un plazo de 30 años con bonos.
Estados Unidos advirtió que no aceptaría dicha forma de pago porque no constituía "una compensación adecuada, pronta y efectiva". El resultado del diferendo condujo a la ruptura de las relaciones diplomáticas con la mayor potencia científica, económica y militar del mundo, con un impacto negativo para Cuba, pues, además de la incapacidad productiva del totalitarismo implantado, el comercio exterior tuvo que desplazarse a miles de millas de distancia con países de menor desarrollo que Norteamérica.
Hasta 1989 el embargo fue objeto de burlas por parte de las autoridades cubanas, pero en esa fecha pasó a considerarse la causa de todos los males. Y fue en 1992, cuando el PIB descendió abruptamente un 34%, que Cuba, por vez primera, presentó una resolución condenatoria contra un embargo que había comenzado 30 años antes. Quedó claro, entonces, que los logros enarbolados en campos como la salud, la enseñanza y el deporte no eran atribuibles al modelo implantado, sino a las subvenciones, es decir, al parasitismo.
Las resoluciones condenatorias
Desde 1992 Cuba, cada año, de forma religiosa presentó una resolución condenatoria contra el embargo en las Naciones Unidas. En 2016 la Administración del presidente Barack Obama ofreció dos oportunidades que fueron despreciadas por Cuba:
1) Ese año, en lugar de votar en contra de la resolución cubana, Estados Unidos se abstuvo junto a Israel. El resto de los países votó a favor. Como los acuerdos de las Naciones Unidas (recomendaciones) no son de obligatorio cumplimiento y la suspensión del embargo es prerrogativa del Congreso estadounidense, desde esa votación, la máxima que se podía alcanzar, lo práctico era introducir cambios internos en lugar de continuar un camino que ese año quedó agotado.
2) Dictó seis paquetes de medidas que ampliaron los permisos de viaje, ofrecieron facilidades comerciales a empresas privadas y a pequeños agricultores, acrecentaron el monto de las remesas y los donativos, y expandieron las exportaciones comerciales de bienes y servicios. Medidas que repercutieron en el aumento de los viajes, llegada de los buques cruceros, reinicio de los vuelos, transportación directa de correo y facilitaron las negociaciones con otros países, entre ellas la visita del general Raúl Castro a Francia.
Si esas medidas —incluyendo la Directiva Presidencial de octubre de 2016, dirigida a tratar de hacer irreversible el proceso— no arrojaron resultados positivos fue por responsabilidad de la parte cubana, que se limitó a permitir que los cubanos se hospedaran en hoteles reservados para turistas; compraran computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil; vendieran su casa o su auto; o salieron del país sin tener que pedir permiso al Estado. Medidas que reflejaron hasta dónde se violaban los derechos en Cuba.
Malogrado el intento de Obama, en 2017 Cuba presentó nuevamente ante la ONU la manida resolución contra el embargo. En ese contexto, el nuevo mandatario, Donald Trump, quien durante la campaña electoral había anunciado que revisaría la política establecida por Obama, firmó el "Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba".
Estados Unidos cambió su política, Cuba no. Algo que Fidel Castro dejó bien claro en carta a los estudiantes de la Universidad de La Habana el 26 de enero de 2015, en la que manifestó su oposición a las negociaciones con los Estados Unidos. Y en marzo de 2016, al referirse a la visita de Obama a Cuba, dijo: "Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos […] Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos, y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura […] No necesitamos que el imperio nos regale nada".
La principal causa de la profunda crisis de Cuba radica en el monopolio estatal sobre las libertades, la propiedad, la enseñanza y las personas. Por tanto, se impone el restablecimiento de las libertades cívicas, políticas y económicas que sustentan la participación del pueblo en los destinos de su nación.
La falacia del embargo al desnudo
Las declaraciones del Gobierno de Cuba acerca de que el embargo estadounidense es el culpable de la miseria en que viven los cubanos, no resiste la evidencia de los datos. En 2026 el volumen de comercio con el vecino del Norte supera el de los socios más allegados. En el presente año Cuba ha comprado a Estados Unidos cientos de millones de dólares en productos agrícolas e industriales: carne de aves, paneles solares, combustibles, azúcar y hasta autos de lujo; sin mencionar los millones de dólares recibidos en ayuda humanitaria para entregar a las familias vulnerables.
Mientras la propaganda oficial achaca todos sus males al país vecino, el comercio de Cuba depende más del vecino. Eso demuestra que la eficacia del totalitarismo para conservar el poder no es extrapolable a la eficiencia económica. De ahí la inutilidad de las resoluciones contra el embargo mientras no se eliminen las prohibiciones que el Gobierno cubano mantiene sobre su pueblo.
No hay dudas de que el objetivo de las resoluciones es enmascarar la ineficiencia del modelo totalitario y eludir los cambios que Cuba demanda, por tanto, los países que han votado por la suspensión del embargo y los que continúen haciéndolo sin mencionar la responsabilidad de las autoridades cubanas, no actúan a favor, sino en contra del pueblo cubano.
