El Gobierno de Uruguay ha decidido abrir una puerta para quienes llevan años atrapados en el sistema de asilo del país. Un decreto fechado el 8 de octubre de 2026 crea un mecanismo especial de residencia permanente por arraigo para los solicitantes de refugio y ofrece una salida al limbo en el que se encuentran decenas de miles de cubanos.
La norma lleva la firma del presidente Yamandú Orsi, del ministro del Interior, Carlos Negro, y de Valeria Csukasi. Entrará en vigor 90 días después de su publicación. El decreto figura en el portal de normativa de Presidencia de Uruguay como "Decreto S/N/026", aún sin número definitivo, pero no consta, al cierre de esta nota, su publicación en el Diario Oficial (IMPO).
Residencia a cambio de refugio
El decreto se dirige a extranjeros que hayan entrado a Uruguay antes del 1 de enero de 2026 y estén en una de dos situaciones. La primera es ser solicitante de refugio y renunciar de forma expresa a esa solicitud. La segunda es tener una denegación firme.
La renuncia se anota en el expediente y se comunica a la Comisión de Refugiados (CORE). El funcionario que la reciba debe explicar sus consecuencias al solicitante. Con el inicio del trámite se emite un certificado para obtener una cédula provisoria como residente en trámite. Al concederse la residencia permanente, se emite el certificado para la cédula definitiva.
La Cancillería atribuye el atasco en el tema refugios a "un desajuste estructural" entre el volumen de solicitudes y la capacidad de la CORE. Con este decreto, el Ejecutivo da salida a parte de ese volumen sin que la comisión tenga que resolver cada caso. El propio decreto lo justifica como "una vía alternativa de regularización migratoria". Para su fundamento citan el derecho al asilo y la Ley 18.250, que reconoce el derecho a migrar como derecho humano.
Los requisitos que pesan sobre los cubanos
Para acogerse, el solicitante debe haber entrado por un punto de control migratorio habilitado. No puede tener impedimentos legales de ingreso o permanencia ni otra vía de regularización disponible. Tiene 12 meses desde la entrada en vigor para pedirla, con una prórroga posible, por una sola vez, de otros 12.
Entre los documentos exigidos están la foto carné y un documento de identidad vigente; el certificado de antecedentes penales de los últimos cinco años del país de residencia anterior, el certificado de vacunación y la acreditación de medios de vida propios o del núcleo familiar. Para ello hay que aportar la historia laboral del Banco de Previsión Social o un certificado notarial, con ingresos mensuales superiores al salario mínimo nacional.
Los dos últimos puntos son los más difíciles para muchos cubanos. El certificado penal obliga a tramitar documentos ante autoridades de la Isla, lo que implica costos y dependencia del Estado del que muchos dicen haber huido. El requisito de ingresos deja en desventaja a quienes, tras años sin residencia, no han podido formalizar un empleo.
El decreto prevé un alivio. Por razones fundadas, la Dirección Nacional de Migración podrá eximir de los documentos expedidos por el país de origen. Para ello podrá considerar la situación humanitaria allí, la falta de consulado o embajada en Uruguay, los costos o la ausencia de familiares. También se contempla un plan de respuesta rápida para casos de especial vulnerabilidad. Ambas medidas son facultativas. No garantizan que se apliquen.
Esta no es la primera vez que Uruguay recurre a esta fórmula. En mayo de 2024, el Gobierno de Luis Lacalle Pou creó mediante el Decreto 138/024 el programa de residencia por arraigo, pensado para regularizar a unos 20.000 extranjeros que habían entrado como solicitantes de refugio, en su mayoría cubanos. El actual Gobierno no renovó esa posibilidad una vez vencido el plazo. El nuevo decreto reabre esa vía, con el corte de ingreso fijado en el 1 de enero de 2026.
El límite del 1 de enero
Según la OIM, citada por Bloomberg Línea, entre enero y mayo de este año llegaron y se quedaron 5.946 cubanos. Por el paso de Rivera siguen entrando unos 30 al mes con solicitudes de refugio. Una parte de ellos queda fuera del decreto antes de que este entre en vigor.
Qué se pierde y qué se conserva
La renuncia al refugio tiene un costo jurídico. Pero el artículo 8 deja abierta una salvaguarda: un residente por arraigo conserva el derecho a pedir refugio de nuevo al amparo de la Ley 18.076. Queda por ver cómo aplicará la CORE esa cláusula, y si volver a pedir el estatus será viable o más bien teórico.
De las cerca de 30.000 solicitudes cubanas de refugio, solo 52 personas tienen hoy el estatus. En 2025 se aprobaron dos casos, en 2024 fueron seis y en 2023, siete. El máximo reciente fue de 13, en 2019.
Fuentes de la CORE consultadas por El País dieron dos explicaciones. Unas dijeron que validar los relatos de persecución política equivaldría a reconocer institucionalmente violaciones de derechos humanos en Cuba, con riesgo para la relación con el régimen cubano. Otras apuntaron a que muchos emigraron por la crisis económica, sin poder probar una amenaza concreta de las que contempla la ley.
La diputada suplente del Partido Nacional Leydis Aguilera, la primera de origen cubano en la Cámara, habla de "falta de voluntad política". La opción de arraigo evita ese choque, porque permite regularizar sin que el Estado uruguayo dictamine sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Salir del limbo
Para quienes llevan años esperando, el alivio puede ser concreto. Aguilera describió casos de más de tres años sin respuesta, con alquileres y préstamos negados y niños sin continuidad con especialistas médicos. "Son personas que quedan en un limbo migratorio", afirmó. La residencia permanente habilita el acceso progresivo a derechos civiles, económicos, sociales y culturales, según los considerandos del decreto.
Un flujo que no se detiene
Uruguay gana peso como destino en la nueva geografía del éxodo cubano, con el colapso de la ruta del Darién. Muchos cubanos vuelan a Guyana y siguen por tierra hacia Brasil como ha documentado DIARIO DE CUBA. La OIM advierte de cruces irregulares y redes de tráfico, con servicios que cuestan entre 1.200 y 10.000 dólares.
En Brasil el panorama es similar. Entre enero y junio de 2026, 20.372 cubanos pidieron refugio. Entre 2023 y junio, solo ocho lo obtuvieron.
La presión viene también de dentro de la Isla. En la cuarta encuesta de DIARIO DE CUBA, realizada por Cubadata entre julio y agosto con 1.551 participantes conectados, el 52,9% consideraba irse la estrategia personal más realista. Solo el 6,9% preparaba documentos, recursos o una ruta, y el 3% lo había intentado.
El decreto no cambia esa dinámica ni responde a la pregunta de fondo sobre si los cubanos son refugiados. Ofrece a quienes ya están en Uruguay una salida práctica. Los que lleguen después, con el expediente aún sin resolver, seguirán en la espera de la regularización.
