El Gobierno cubano publicó una versión "anotada y concordada" del Decreto 143/2025, que regula la comercialización de productos agropecuarios y forestales, en momentos en que la escasez de alimentos golpea a la población y el propio sistema estatal de Acopio acumula millonarias deudas con campesinos.
La norma, publicada este 23 de septiembre en la Gaceta Oficial, sustituye los decretos 35, de 2021, y 71, de 2022. Presentada como una vía para "flexibilizar" la producción y la comercialización, mantiene al Estado como árbitro central del sistema: define prioridades, organiza los balances de alimentos, controla los destinos de la producción y conserva herramientas para intervenir en precios, tierras y mercados.
Más actores, mismo control
El Decreto 143 incluye entre los participantes del comercio agropecuario a empresas estatales, mipymes privadas, estatales y mixtas, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, usufructuarios y productores. También permite que cooperativas, poseedores legítimos de tierra, empresas estatales, mipymes y cuentapropistas comercialicen directamente productos frescos y procesados en la red minorista, siempre que cumplan los requisitos administrativos previstos.
Sin embargo, esa apertura formal no equivale a una liberalización real del mercado. El texto establece que la comercialización se rige por la "prioridad" de los intereses estatales, definidos mediante balances de alimentos nacionales, provinciales y municipales, así como por la "regulación y control del Estado" sobre producción, contratación, calidad, acceso a los alimentos, siembra y uso de la tierra.
Los gobiernos municipales y provinciales deberán dirigir esos balances, determinar prioridades de contratación, vigilar el "encargo estatal", regular itinerarios para vendedores ambulantes y controlar los mercados agropecuarios. Los comités de contratación, presididos por gobernadores o intendentes, propondrán el orden de prioridad de los destinos de las cosechas y definirán qué hacer con los productos que no puedan ser adquiridos por quien los contrató inicialmente.
La norma autoriza ventas directas de productores a turismo, exportaciones —con excepciones como tabaco, café, cacao, miel y carbón vegetal—, industria, minindustrias y tiendas en divisas. Sin embargo, las exportaciones deberán realizarse a través de entidades con facultades de comercio exterior, otro límite a la autonomía que el Gobierno dice conceder al campesinado.
Precios pactados, deudas pendientes
El decreto establece que los precios de productos agropecuarios y forestales se fijarán "por acuerdo de las partes contractuales". Para el resto de las producciones que no estén centralizadas ni concertadas, los precios se decidirán en los comités de contratación bajo los gobiernos locales, atendiendo a costos, rendimientos, disponibilidad y un rango de valores vinculado al comportamiento del mercado.
También reconoce que las entidades acopiadoras y comercializadoras deben comprar dentro de sus capacidades logísticas y financieras, y dispone que, si no pueden adquirir los productos contratados por dificultades económicas o logísticas, deberán comunicarlo a los productores. Estos podrán vender a otros actores, pero solo conforme al nuevo destino que decida el comité de contratación.
La previsión contrasta con la situación denunciada esta semana por productores de Artemisa. Campesinos entrevistados por el propio portal oficial Cubadebate aseguraron que Acopio les adeuda millones de pesos desde finales de 2025 y que esos impagos les han impedido pagar a sus obreros, comprar insumos y sostener las cosechas.
En la Cooperativa de Créditos y Servicios Tomás Álvarez Breto, la Empresa Agropecuaria de Artemisa acumulaba una deuda superior a 12 millones de pesos, según su presidente, Fernando García Cazañas. La entidad había pagado algunos meses de 2026, pero todavía debía entregas de noviembre y diciembre de 2025, además de enero, mayo, junio y julio de este año.
Mientras tanto, la Empresa Agropecuaria de San Antonio de los Baños adeudaba más de 60 millones de pesos, de acuerdo con el presidente provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Juan Carlos Alcolea Torres.
La comida no llega
La nueva regulación sale a la luz mientras las denuncias sobre la inseguridad alimentaria se multiplican. El científico cubano Raúl González Hernández alertó en Facebook sobre lo que describió como una situación alimentaria crítica para la mayoría de los cubanos y cuestionó el deterioro de los servicios de asistencia alimentaria para personas vulnerables.
Como ejemplo, relató lo ocurrido en el Sistema de Atención a la Familia (SAF) 232, en San Agustín, La Lisa, donde, según su denuncia, adultos mayores recibieron durante varios días tilapia sin condimentos, caldo sin sal o solo boniato donado. González Hernández sostuvo que la mayoría de los usuarios de ese centro depende de esa comida como principal sustento diario.
"El elevado déficit y en muchas ocasiones la ausencia de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas que deben cubrir diariamente los requerimientos de las personas son extremadamente bajos que comprometen el estado de salud, su capacidad de trabajo y estudio, que se reflejan en un enflaquecimiento y depauperscion generalizado del estado físico en la población, pero sobre todo compromete el futuro de las próximas generaciones ya que los estados déficitario en nutrientes ocasionan daños irreversibles en la capacidad intelectual", escribió González.
La publicación retrata una realidad que la retórica oficial evita: la libreta de racionamiento ofrece cada vez menos productos, con entregas tardías e incompletas, mientras la comida disponible en mipymes y mercados privados queda fuera del alcance de una parte creciente de la población.
El nuevo decreto habla de mercados "de nuevo tipo", variedad de ofertas, servicios a domicilio, productos con valor agregado y hasta estudios de mercado. También ordena a gobiernos locales diseñar sistemas de protección al consumidor y permite aplicar exenciones tributarias a la venta minorista de alimentos.
Nada de ello responde, sin embargo, a los obstáculos que paralizan la producción: falta de combustible, fertilizantes, riego, transporte, efectivo, contratos fiables y pagos oportunos. El Gobierno exige resultados inmediatos al campo, pero conserva la capacidad de decidir sobre la tierra, la contratación y los destinos de las cosechas, mientras sus empresas siguen sin pagar parte de lo que ya recibieron.
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