La empresa estatal Acopio acumula una deuda de millones de pesos con campesinos de Artemisa, informa este miércoles el portal oficial Cubadebate, una semana después de que Miguel Díaz-Canel exigiera a los productores agropecuarios resultados rápidos, al calor de las reformas del régimen.
Sin embargo, las quejas de campesinos sobre los impagos de Acopio —que constituyen una "historia interminable", como reconoció el medio estatal— son un palo que pone el Estado en la rueda de la producción agrícola en Cuba, mientras la población tiene que pagar precios exorbitantes por alimentos importados y los emigrados compran productos en las tiendas en dólares del Gobierno de la Isla para que sus familias no se mueran de hambre.
Según Cubadebate, solo en el municipio Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre, la deuda asciende a decenas de millones de pesos.
Uno de los entrevistados, Daniel Evelio González, quien se dedica al cultivo del plátano, contó que la deuda de la empresa estatal cubana con él asciende aproximadamente a medio millón de pesos. Ante la demora, ha tenido que reducir la cantidad de quintales que recoge al mes.
"Al no tener fertilizantes, el plátano se atrasa; cuando pare la mata, demora demasiado en coger su tamaño y ponerse hecho. Y me deben como medio millón de pesos", se quejó.
"Le voy a ser sincero: hemos tenido que dejar de acopiar porque, al no pagarnos, no hay con qué sufragar los gastos de la finca, entre ellos los trabajadores, que son cinco, cobran 1.000 y pico de pesos diarios y trabajan en la mañana… ¡y cuidado!", afirmó González.
"Ya nadie quiere trabajar en el campo; los seguidores del campo se acabaron. ¡Imagínate! Y el trabajador cuando se va a mediodía, o en ocasiones por la tarde, se quiere llevar su dinerito para poder comer en la noche", añadió el campesino poniendo de manifiesto el efecto dominó de la exagerada morosidad del Estado para pagar producciones que ya recibió.
"Lo otro es la tarjeta: tienes una equis cantidad de dinero; nosotros teníamos un millón y pico de pesos en el banco, y nos dan 2.000 o 5.000 pesos, pero ellos lo cobran en efectivo, porque generalmente son eventuales que viven donde puedan", explicó.
"Nosotros entregamos los productos a Acopio; era quien pagaba a la cooperativa Tomás Álvarez Breto, y eso se ha ido resquebrajando: que después le pagamos, que más adelante, y han pagado dos o tres veces hacia atrás; aun así, siempre queda deuda… y nos ponen el dinero en tarjeta, que no tenemos siquiera cómo sacarlo. ¿Explicación? Que no hay dinero. No sé", dijo González.
William González, productor de plátano de la misma cooperativa que González y con el 100% de su producción contratada con Acopio, afirmó que la deuda se remonta hasta finales de 2025.
"La deuda con la empresa agropecuaria es de noviembre, diciembre y hasta la actualidad, y asciende a más de un millón de pesos. Eso influye en la propia contratación y el pago a los obreros. Cuando los encuentras, porque no hay mucha gente para trabajar, todos quieren el dinero en la mano, al momento; tampoco quieren transferencia, sino efectivo. Lo último que pagaron fue octubre, después de un largo tiempo", criticó.
El testimonio de Fernando García Cazañas, presidente de la Cooperativa Álvarez Breto, demuestra que la deuda de la empresa estatal es vieja y engorda.
"Nos debe también el climatizado. Por supuesto, la deuda más grande es la de la Empresa Agropecuaria: superior a 12 millones. Cada mes que cierra se va sumando a esa deuda, y se hace más difícil de pagar", afirmó.
"No es primera vez que pasa. En 2025 tenían una deuda parecida con nosotros y la primera secretaria del Partido (Comunista de Cuba) en la provincia me dijo: 'Amparado en el Decreto ley 63, si tienes que trancar La Habana, hazlo. Porque si no te pagan, te enredas con los de aquí… y al final te van a demandar los tuyos. Tienes que buscar otro destino'", relató García Cazañas.
"Ahora ellos tienen otro destino, que les está generando algún dinero. Pero, como tienen que pagar la amortización de los créditos, lo poquito que hacen se lo queda el banco", explicó.
"¿Y entonces? Solicitaron un crédito de 48 millones con el cual nos iban a pagar. Demoró en aprobarse, y ahora les dijeron que se usará para pagar comercialización, o sea, los productos que entregáramos a partir de la aprobación, no la deuda", contó el presidente de la cooperativa.
García Cazañas explicó que planteó el problema a las autoridades del PCC en Artemisa y cuestionó que no se pagara una deuda que procedía de la comercialización.
"¿Y cómo le voy a decir a un productor que le van a pagar lo que entregue ahora y no lo que ya tributó antes? ¿Cómo si usted me debe 30.000 pesos y recibe tres millones, no me va a pagar mis 30.000 pesos, sino lo de ahora en adelante?", preguntó de manera retórica en la entrevista.
"Eso propicia que el productor no entregue nada. Son los afectados. A algunos se les debe un millón de pesos, a otros casi esa cifra. Y se perjudica también la comercialización de Artemisa y La Habana, porque quienes producen buscan otro destino para sus mercancías, como está establecido", advirtió.
Aunque la Empresa de Acopio finalmente pagó una parte de la deuda, el panorama no ha mejorado mucho y de hecho la suma que debía a los campesinos aumentó.
"Nos pagaron los meses de febrero, marzo y abril de este año, porque eran los de menos cuantía. Todavía nos deben noviembre y diciembre de 2025, así como enero, mayo, junio y julio de este año. Faltaban por pagar nueve millones, y ya la deuda creció a 11.700.000", dijo.
Pero la Empresa de Acopio de Artemisa no es la que más dinero debe, según Juan Carlos Alcolea Torres, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en la provincia.
La que acumula la mayor deuda es la de San Antonio de los Baños, que debe más de 60 millones de pesos, dijo Alcolea Torres.
Sin embargo, una queja difundida en Facebook por el campesino Andrés Manuel Sosa Ramírez demuestra que el Estado cubano no tiene prisa para pagar sus deudas, pero sí para imponer multas desproporcionadas a quienes producen.
Sosa Ramírez denunció que las autoridades lo multaron con 200.000 pesos por tener su ganado en tierras ociosas del Estado.
