La Fiscalía Provincial de Artemisa acusa a cuatro cubanos por el supuesto sabotaje de la Central Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez Báez, de Mariel, después de que el corte y robo de 135 metros de cable dejara fuera de generación a la Unidad 8 en la madrugada del 2 de septiembre.
Según la versión publicada por el periódico oficial Trabajadores y reproducida por Cubadebate, dos personas ajenas a la termoeléctrica habrían accedido a la instalación por el canal de suministro de agua, cortado cables energizados que conectaban la Unidad 8 con la casa de combustible y sustraído el material.
La Fiscalía abrió el Expediente de Fase Preparatoria 36 de 2026 por los presuntos delitos de "sabotaje" e "incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas".
Las autoridades mantienen en prisión provisional a los dos señalados como autores directos del hecho. Otros dos implicados, custodios de la planta que supuestamente no detectaron la intrusión ni el corte del cableado, permanecen bajo fianza.
La investigación está a cargo de la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado. Durante las pesquisas, la Fiscalía dijo haber ocupado 67 metros de cable y aseguró que peritos determinaron que pertenecían a la línea afectada de la termoeléctrica, debido a medidas de identificación adoptadas previamente sobre ese tendido.
La versión oficial sostiene que "la rápida actuación de trabajadores y directivos" evitó consecuencias mayores para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). No obstante, la propia nota reconoce que la salida no planificada y abrupta de una unidad de generación ha ocurrido repetidamente en Cuba, aunque en esos casos la atribuye a averías de las plantas y a la falta de recursos para repararlas.
Robo convertido en sabotaje
El procesamiento por sabotaje refleja el endurecimiento de la respuesta penal del régimen contra los delitos que afecten instalaciones y componentes del sistema electroenergético.
Desde mayo de 2025, un dictamen del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular permite tratar como sabotaje la sustracción, daño o alteración de elementos del SEN y de otras infraestructuras consideradas críticas. La ampliación de esa calificación convierte robos de materiales eléctricos —habitualmente vinculados a su posterior venta en el mercado informal— en delitos contra la seguridad del Estado, con consecuencias penales considerablemente más graves.
Según la información oficial difundida por la Fiscalía General, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones por delitos contra el SEN. La mayoría fueron por sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación. Las autoridades dijeron que más de 300 de esos expedientes estuvieron relacionados con el robo de aceite dieléctrico de transformadores.
La legislación penal cubana prevé para la modalidad básica del sabotaje sanciones de entre siete y 15 años de privación de libertad. En circunstancias que el Código Penal considera agravantes, las condenas pueden elevarse de diez a 30 años, incluir prisión perpetua e incluso pena de muerte.
Una infraestructura saqueada
El más reciente Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), auspiciado por Cuba Siglo 21, advirtió que los delitos contra la propiedad estatal aumentaron de 140 a 158 en el primer semestre de 2026, un incremento del 12,9% respecto a igual período de 2025.
El dossier documentó 592 robos en total, menos que los 721 registrados un año antes, pero todavía un 127,7% por encima de 2024 y un 397,5% superior a la cifra de 2023. Entre los fenómenos que resalta figura el "saqueo de infraestructura eléctrica", con la extracción de aceite dieléctrico, cables y otros componentes que terminan en el mercado negro.
