Amnistía Internacional pidió una investigación sobre los extranjeros reclutados por Rusia para la guerra en Ucrania, argumentando que podrían haber sido víctimas de trata de personas, a partir de un informe en el que expuso un patrón de engaño, fraude, coacción y aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad de inmigrantes o ciudadanos de países pobres.
La organización elaboró el informe a partir de entrevistas realizadas entre 2024 y 2026 a 15 extranjeros de ocho países, entre ellos, Cuba, que peleaban en el bando ruso y fueron capturados por Ucrania.
De los 15 entrevistados, algunos fueron reclutados con promesas de altos salarios y acceso a la nacionalidad rusa. Otros tuvieron que elegir entre la cárcel y el frente en Ucrania. Solo tres dijeron haber sido conscientes de que firmaban contratos militares y serían enviados a la zona de guerra.
Entre los que sabían que firmaban un contrato militar figura Enrique, un cubano de 18 años, que contó que no le informaron que sería enviado al frente.
"Me dijeron que desempeñaría funciones de apoyo, no que iría al frente", afirmó, según Amnistía Internacional.
Sin embargo, después de recibir 20 días de entrenamiento, el joven fue enviado a combatir. Otros entrevistados aseguraron haber sido entrenados durante unas dos semanas.
Rubén, otro cubano capturado por Ucrania, sabía que firmaba un contrato militar y que sería enviado a combatir. Pero la alternativa era terminar de cumplir una condena en prisión y luego ser repatriado a Cuba, según su testimonio.
Contó que llegó a Rusia con su esposa en 2021 y comenzó a trabajar en la construcción. Aproximadamente un año después fue detenido por posesión de drogas y condenado a seis años de cárcel. Al terminar la condena sería deportado a Cuba.
En 2025, a él y a otros extranjeros encarcelados les ofrecieron la opción de firmar contratos con el Ejército ruso en lugar de terminar de cumplir las penas de cárcel. La oferta incluía el pasaporte ruso, una prima de 800.000 rublos (unos 10.000 dólares) por incorporarse al ejército y un salario de 400.000 rublos (unos 5.000 dólares) al mes.
"Cuatro cubanos accedimos a firmar el contrato", relató el entrevistado a Amnistía Internacional.
Rubén explicó que firmó porque no quería ser deportado a Cuba y porque creía que obtendría la nacionalidad rusa y luego podría llevar a Rusia a sus hijos, que permanecían en la Isla.
Aunque los mecanismos de reclutamiento no fueron los mismos para todos los entrevistados, ni todos se encontraban en las mismas circunstancias ni conocían la misma información al firmar los contratos, hay un elemento común en los 15 testimonios: todos afirmaron que vieron su libertad severamente restringida después de firmar.
Las prácticas documentadas por Amnistía Internacional a partir de las entrevistas incluyen confiscación del pasaporte y de los teléfonos móviles u otros dispositivos, la imposibilidad de abandonar las instalaciones, traslados secretos y desconocimiento de los lugares a los que eran llevados, desplazamientos bajo vigilancia y amenazas cuando intentaban desertar.
Según datos proporcionados por la autoridad ucraniana encargada de los prisioneros de guerra, al menos 28.391 extranjeros de 136 países habían sido identificados como combatientes integrados en el Ejército ruso, hasta abril de 2026. Aunque Amnistía Internacional citó esa cifra, aclaró que no ha podido verificarla de manera independiente.
En el informe, la organización citó los instrumentos internacionales de derechos humanos y contra la esclavitud y la trata de personas aplicables a Rusia, que podrían estar siendo vulnerados mediante el reclutamiento de extranjeros: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Convención suplementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, el Protocolo de Palermo de la ONU contra la trata de personas, que Rusia ratificó en 2004, y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.
Amnistía recalcó que, aunque Rusia dejó de ser parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos en 2022, continúa vinculada por el derecho internacional consuetudinario.
En sus recomendaciones, la organización instó a Rusia a detener inmediatamente el reclutamiento abusivo de extranjeros, incluido el basado en engaño, coacción, desinformación o explotación de vulnerabilidades, e investigar y procesar a quienes participen en esas redes, incluidos reclutadores, intermediarios, funcionarios de Migración, funcionarios del Ministerio de Defensa y mandos militares.
Asimismo, le exigió suspender el reclutamiento de extranjeros hasta que existan garantías efectivas contra la trata, impedir que el servicio militar se utilice como mecanismo para regularizar la situación migratoria, evitar una deportación o reducir una condena, y permitir que quienes hayan sido reclutados abusivamente abandonen el Ejército sin amenazas, castigos ni represalias.
Amnistía considera que este es un problema de derechos humanos, que no solo atañe a Rusia y en cuya solución deben involucrarse Ucrania, los gobiernos de los países de procedencia de los extranjeros reclutados por Moscú y la comunidad internacional.
En concreto, pidió a Ucrania tratar a los prisioneros extranjeros conforme al derecho internacional humanitario y de derechos humanos, sin discriminación por nacionalidad ni por la forma en que fueron reclutados; facilitar su comunicación con sus familias y el acceso a asistencia consular; identificar entre los prisioneros extranjeros a quienes puedan haber sido víctimas de trata, engaño, fraude, coacción o abuso de vulnerabilidad; hacer una evaluación individualizada de esos casos para determinar si pueden ser liberados bajo palabra o promesa de regreso a su país, conforme al artículo 21 del III Convenio de Ginebra; preservar las pruebas que puedan servir para investigar a quienes participaron en las redes de trata; garantizar que los liberados puedan regresar voluntariamente a sus países, y proteger la confidencialidad de la información proporcionada por los reclutados para evitar represalias contra ellos o sus familias.
A los gobiernos de los países de procedencia de los reclutados les pidió advertir públicamente sobre las falsas ofertas de empleo; brindar asistencia consular a los afectados y sus familias, incluidos detenidos, desaparecidos y prisioneros de guerra; cooperar con Rusia, Ucrania y otros Estados para facilitar el regreso y la reintegración de sus nacionales, investigar y procesar a quienes participan en las redes de trata, y considerar a los reclutados mediante engaño, coacción o abuso de vulnerabilidad como posibles víctimas de trata.
Amnistía pidió, además, cooperación internacional para investigar y desmantelar las redes transnacionales de reclutamiento.
Lejos de plantear que cada extranjero reclutado por Rusia y capturado por Ucrania deba ser considerado una víctima y, por tanto, ser liberado, Amnistía propone que se lleve a cabo un examen de cada caso, para determinar si realmente fue víctima de trata de personas o si existen indicios creíbles de que participó en crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.
Los jóvenes hace lo que sea por salir del infierno Cuba, aunque en la guerra encontrarân otro infierno.