El régimen cubano lleva años haciendo un uso abusivo de los términos legales de la prisión provisional, un escenario que se ha incrementado en los últimos meses, a tenor del aumento de la represión en la Isla. Así, cuatro profesionales con conocimiento directo del funcionamiento actual del sistema penal cubano —dos abogados en ejercicio en la Isla, un jurista recientemente exiliado y una exjueza que reside en el país— denunciaron, en declaraciones a DIARIO DE CUBA, la existencia de un tratamiento diferenciado y politizado para determinados procesos penales.
Las fuentes, consultadas por separado y que pidieron conservar el anonimato, señalaron que, en los casos que el régimen clasifica como "sensibles", la prisión provisional desborda con creces la función cautelar que le asigna la ley para convertirse en un mecanismo de neutralización, control procesal y castigo anticipado.
Dentro de la normativa procesal penal cubana no existe la categoría de "asunto sensible". No obstante, los testimonios revelan que las jefaturas de las instituciones judiciales mantienen parámetros para calificar un expediente bajo este rótulo, bajo la supervisión de agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, además de funcionarios de la Fiscalía.
Así, la sensibilidad de un caso se dispara cuando el imputado ha cuestionado públicamente al régimen, o ha participado en una protesta, o mantiene un perfil crítico. En estos casos, el uso de la prisión provisional no responde a los presupuestos estrictamente procesales definidos por la ley, como el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, sino a anticipar el castigo y, sobre todo, a evitar que cualquier ciudadano susceptible de convocar protestas permanezca en la calle.
Neutralizar la defensa y enviar un mensaje disuasorio
El encarcelamiento preventivo en los procesos de significación política cumple una doble función extraprocesal. Por un lado, maniatar materialmente la defensa del investigado. Privado de libertad, el ciudadano ve reducidas sus posibilidades de comunicarse con sus abogados, localizar testigos, recopilar evidencias o articular una estrategia probatoria capaz de desarticular la acusación del régimen.
Por otro lado, la prisión provisional opera como una advertencia ejemplarizante orientada al resto de la sociedad. Ambas funciones, según los juristas consultados, se mantienen inalteradas tras el relevo en la presidencia del Tribunal Supremo Popular, donde la sustitución de Rubén Remigio Ferro por Oscar Manuel Silvera Martínez no ha supuesto ningún cambio de rumbo en las directrices dictadas a los jueces.
Consultas al margen de la ley e impunidad en los plazos
Los cuatro juristas coinciden en detallar la existencia de mecanismos de consulta permanente entre los instructores, los fiscales y los magistrados con sus respectivas jerarquías. Estas coordinaciones, que operan fuera de los cauces procesales, condicionan desde la imposición o denegación de una medida cautelar hasta la fijación de las fechas de juicio y el rango de las sanciones.
Existe, además, un criterio imperante entre las autoridades: si un procesado "sensible" ha permanecido un periodo prolongado en prisión provisional, la sentencia definitiva debe ser de privación de libertad. De este modo, la condena formal se utiliza para justificar retroactivamente el encierro preventivo y evitar el coste político de admitir una detención injustificada.
La dilación de estos expedientes por más de seis meses o un año tampoco responde al déficit de personal que asfixia al sistema judicial cubano en los delitos comunes. En los casos políticos, la Seguridad del Estado asigna instructores dedicados de forma exclusiva. El motivo de los retrasos, según detallaron los juristas, radica en el complejo y lento filtro de supervisiones y autorizaciones políticas a las que se somete cada expediente antes de permitir que llegue a juicio.
La doble moral penitenciaria
Esta severidad contra los disidentes contrasta de forma radical con la política penitenciaria aplicada a los delitos comunes. Los juristas consultados confirman que las autoridades impulsan de manera simultánea una política de excarcelación acelerada para sancionados por delitos comunes que cumplan los requisitos para la libertad condicional o la sustitución de penas.
Esta flexibilidad busca descomprimir un sistema penitenciario hacinado, en el que miles de reos permanecen en condiciones de insalubridad y con graves deficiencias médicas y de alimentación.
El resultado de este doble rasero es una paradoja jurídica: delincuentes comunes, incluidos reincidentes o responsables de actos violentos, acceden con relativa rapidez a beneficios penales, mientras que los ciudadanos procesados por motivos políticos sufren un encarcelamiento cautelar severo y prolongado.
Una herramienta de dominación política
Para Edel González Jiménez, experto legal de DIARIO DE CUBA y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), los hechos descritos por las fuentes evidencian una crisis profunda en la administración de justicia.
"Primero, se mantiene una política de injerencia sobre las decisiones que deberían corresponder exclusivamente a fiscales y jueces, con la consiguiente ruptura de la independencia judicial", señala. Para el jurista, el mayor problema radica en que intereses ajenos al proceso legal predeterminen la situación de libertad de una persona y el resultado del juicio.
El experto subraya que la prisión provisional se encuentra desnaturalizada en la Isla: "Deja de responder a una necesidad cautelar cuando las autoridades la utilizan para restringir la movilidad del imputado, dificultar su interacción con abogados y producir un efecto intimidatorio sobre otras personas. El sistema adapta las garantías procesales a las necesidades de dominación política, cuando debería ocurrir exactamente lo contrario: el poder público tendría que someterse a los límites de la ley".
"Por eso coexisten dos movimientos en apariencia contradictorios: se prolonga la prisión provisional cuando existe un interés político particular, mientras se facilita la salida de sancionados comunes para aliviar la presión penitenciaria", explica el jurista.
La deformación jurídica que ha impuesto el régimen en Cuba tiene en la prisión provisional una herramienta útil para sus intereses, toda vez que ha dejado de ser una garantía del procedimiento procesal para consolidarse como un elemento de control, amedrentamiento y represión política.
