Los tribunales cubanos conocieron durante 2025 los casos de 49 mujeres, de 15 años o más, asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas por razones de género, según el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, una entidad coordinada por la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), creada en 2023, que evita llamar los hechos por su nombre: feminicidios.
La cifra equivale a una tasa de 1,19 víctimas por cada 100.000 mujeres y representa un descenso respecto a las 60 registradas en procesos judiciales durante 2023 y las 76 de 2024, con tasas de 1,37 y 1,79, respectivamente.
Los datos, procedentes del Subsistema de Información Estadística Complementaria del Tribunal Supremo Popular (SIEC-TSP), no significan necesariamente que 49 mujeres fueran asesinadas en 2025. Se refieren a víctimas cuyos casos fueron conocidos en procesos judiciales juzgados ese año, por lo que pueden incluir crímenes cometidos con anterioridad.
En 2025 los observatorios independientes de Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas verificaron 48 feminicidios. En su resumen de ese año incluyeron dos asesinatos de hombres por motivo de género, 17 intentos de feminicidios y tres casos para los que necesitaban acceso a la investigación policial.
De acuerdo con los datos oficiales divulgados esta semana, La Habana concentró la mayor cantidad de casos, con 12, seguida de Mayabeque, Camagüey y Holguín, con seis cada una, y Santiago de Cuba, con cinco.
El 46,9% de las víctimas fue asesinada por su expareja, mientras que el 75,5% no tenía vínculo laboral. En el 89,7% de los casos el crimen ocurrió dentro de la vivienda. Además, 32 de las mujeres asesinadas tenían hijos menores, que dejaron a 54 niños sin amparo materno.
Las víctimas se concentraron principalmente entre los 20 y 44 años, grupo que acumuló 38 casos. Aunque hubo más asesinatos en zonas urbanas —33 frente a 16 rurales—, la tasa fue superior en el campo, con 1,65 víctimas por cada 100.000 mujeres.
El registro oficial contrasta con el seguimiento independiente del observatorio de género de Alas Tensas (OGAT) que de forma permanente está informando de este tipo de hechos en medio de enormes dificultades y la persecución a la labor de las activistas. Hasta el 1 de agosto de 2026 OGAT había verificado 46 feminicidios, además de 19 intentos y dos asesinatos de hombres vinculados a violencia feminicida. OGAT mantiene además investigaciones abiertas sobre otros 12 posibles feminicidios y ocho intentos.
La organización, creada en 2019 precisamente ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre feminicidios en Cuba, ha documentado más de 300 casos en siete años mediante fuentes familiares, comunitarias, medios independientes y redes sociales.
La diferencia entre ambos registros responde también a metodologías distintas y a la opacidad de las estadísticas estatales. Un análisis de OGAT sobre procesos judiciales advierte que el Gobierno no publica de manera sistemática información nominal sobre las víctimas, las investigaciones, las condenas, los recursos judiciales o el estado de los procesos.
Cuba tampoco reconoce el feminicidio como un delito autónomo. El Código Penal de 2022 contempla la muerte de una mujer como consecuencia de violencia de género dentro del delito de asesinato y establece para estos casos las mismas sanciones previstas para ese delito: entre 20 y 30 años de prisión, privación perpetua de libertad o pena de muerte.
El análisis de OGAT sobre nueve casos con condenas conocidas encontró sanciones que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua. La organización advierte, sin embargo, que esa muestra no representa el universo de procesos judiciales celebrados en el país.
Las cifras oficiales muestran que los tribunales procesan y sancionan casos de asesinatos de mujeres por razones de género, pero no permiten evaluar por sí solas la respuesta estatal frente a la violencia previa ni determinar cuántas mujeres habían denunciado amenazas o agresiones antes de ser asesinadas.
Para las organizaciones independientes, el problema trasciende la duración de las penas: incluye la falta de refugios públicos, protocolos accesibles de protección, información judicial verificable y políticas de prevención, mientras el Estado mantiene restringido el trabajo de las organizaciones feministas independientes.
Así, el descenso de 76 a 49 víctimas en procesos judiciales entre 2024 y 2025 no permite concluir que la violencia feminicida haya disminuido en Cuba. La propia naturaleza de los datos —casos conocidos por los tribunales y no necesariamente crímenes ocurridos durante el año— impide establecer esa relación.
