El Gobierno de Cuba abrió el primer bufete de abogados especializado en violencia de género, lo que responde a "un reclamo histórico" de las cubanas, según admitió la secretaria general de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué. Sin embargo, ha sido necesario que la Isla llegara a tener una de las tasas de feminicidios más altas de la región para que exista este servicio.
La oficina especializada para la "atención jurídica integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia de género" fue inaugurada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) —que se identifica como una organización no gubernamental, pero en la práctica está subordinada al régimen, que controla el ejercicio de la abogacía— el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, informó la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
El nuevo servicio se ofrece en el bufete capitalino de La Habana Vieja, pero la aspiración es extenderlo a otros 40 municipios del país, como parte de un proyecto de colaboración con la Embajada de Canadá en Cuba.
Lilia María Hernández Doejó, presidenta de la Junta Directiva Nacional de la ONBC, declaró, según ACN que el objetivo es que las víctimas vean las oficinas como una esperanza, una luz y un instrumento jurídico para defender sus derechos.
En la ceremonia de apertura se destacó, además, que "las funciones esenciales de la oficina serán el asesoramiento jurídico especializado, empático y sensible, así como una labor metodológica y de orientación para la superación de los abogados en todo el país".
Lo último parece un reconocimiento tácito de la falta de preparación en el tema de los abogados cubanos.
Mónica Martínez de Varona, coordinadora nacional del servicio por parte de la ONBC, dijo a la agencia estatal que la oficina central funcionará como órgano rector para supervisar y uniformar "la atención que se brindará por parte de abogados especializados en los bufetes de los municipios seleccionados, quienes recibirán capacitación continua".
Teresa Amarelle Boué recordó que "esta iniciativa materializa un reclamo histórico de las mujeres, muchas de las cuales carecen de recursos económicos para contratar un abogado", y ratificó, según ACN, "el compromiso de crear espacios de atención integrada en 20 municipios como primer paso".
La demora de las autoridades en crear este servicio reclamado por las cubanas contrasta con el discurso oficial de que la Revolución protege y defiende a las mujeres. En la práctica, al Gobierno le ha tomado décadas reconocer la existencia y el aumento de la violencia machista en Cuba.
En 2015, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENSEX), la diputada e hija del dictador Raúl Castro, Mariela Castro Espín, afirmó en una entrevista con el diario argentino Tiempo que en Cuba no había feminicidios y que eso era "obra de la Revolución".
En enero, DIARIO DE CUBA mostró en un artículo que las sobrevivientes de agresiones machistas en la Isla deben lidiar con secuelas psicológicas —y físicas, probablemente—, en medio del desamparo por parte del Estado.
La largamente esperada inauguración de un servicio especializado para víctimas de la violencia de género se produjo en la misma semana que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su boletín "Violencia feminicida en cifras. América Latina y el Caribe – N.º 4", que muestra que Cuba está entre los seis países con mayor tasa de feminicidios en la región, según datos correspondientes a 2024 que proporcionó La Habana.
Cuba es también el tercer país donde los feminicidios dejaron más víctimas indirectas (hijos y otras personas dependientes a cargo de las mujeres ultimadas). Sin embargo, no aparece entre las naciones que cuentan con normativas para la reparación sobre reparación a cargo del Estado de esas víctimas.
