Una ley que sanciona a las empresas con base en Florida que hagan negocios con el régimen de Cuba y que busca limitar la "influencia" de países que dicho estado de EEUU considere de "preocupación", como Venezuela, entró en vigor el miércoles, como reflejo de la creciente presión a La Habana.
La Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera (Foreign Interference Restriction and Enforcement Act o FIRE, en inglés), aprobada en mayo, busca frenar la influencia de gobiernos extranjeros que Florida considera hostiles, así como organizaciones terroristas designadas dentro del estado, reportó EFE.
De esta forma crea nuevas penalizaciones para compañías floridanas que trabajen en Cuba y para funcionarios con nexos con el gobierno, así como con los de Venezuela, Irán, Corea del Norte, China, Rusia y Siria.
La normativa "amplía y crea una sanción penal para revocar el recibo de impuesto comercial de una persona o entidad que realice negocios con Cuba en violación de la ley federal", lo que implica que gobiernos locales podrán retirar licencias de compañías que trabajen en la Isla, según describe el Legislativo de Florida.
También crea "sanciones penales por presentar a sabiendas declaraciones falsas relacionadas con actividades comerciales ilegales que involucren a Cuba", de acuerdo con la oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
De Santis argumentó que la legislación "fortalece las defensas de Florida contra los adversarios extranjeros", en particular contra aquellos que están "buscando infiltrarse en el gobierno, la infraestructura crítica, las instituciones públicas y la economía del estado".
"Esta legislación combate la influencia extranjera hostil en la Florida al establecer nuevas restricciones a los acuerdos y asociaciones que involucren a países de preocupación, tales como Irán y Cuba, así como sanciones por infracciones", declaró DeSantis al firmar la ley.
El hecho refleja la creciente presión contra La Habana en Florida, donde el condado de Miami-Dade revocó en junio la licencia fiscal local de la empresa Vanguard Energy, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible.
Ciudades como Miami y Hialeah, la urbe con mayor proporción de cubanos en Estados Unidos, también están investigando a cientos de negocios con sospecha de tener nexos con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Ante las nuevas medidas locales y estatales, EnviosCuba.com, una de las principales plataformas utilizadas por los cubanos en Estados Unidos para enviar víveres a la Isla, suspendió sus operaciones hace dos semanas.
El hecho llega mientras el régimen cubano afronta desde enero el bloqueo petrolero parcial de EEUU, que en mayo también sancionó a toda persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como energía, defensa, finanzas y minería.
Sobre la lista de los otros países, que incluye a Venezuela, la ley "prohíbe que los funcionarios públicos, los empleados públicos, los abogados de los gobiernos locales y los candidatos acepten obsequios o beneficios de países extranjeros de 'preocupación' o de organizaciones calificadas como terroristas extranjeros".
También estipula "sanciones penales por delitos cometidos para beneficiar a gobiernos extranjeros".
El miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó la expulsión de EEUU de Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario del régimen vinculado al estatal Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), definido por Washington como "un vehículo para el extremismo de izquierda radical y la influencia extranjera subversiva en EEUU y en todo nuestro hemisferio".
En un comunicado oficial, Rubio detalló que, pese a residir en EEUU, Lloga Domínguez "mantiene lazos con la organización", así como "vínculos con la red transnacional de subversión comunista". Debido a ello, tanto él como su esposa y su hijo "están ahora bajo custodia federal a la espera de su remoción de EEUU".
Rubio ratificó que EEUU "nunca se convertirá en hogar para comunistas extranjeros que venden propaganda, dirigen operaciones de influencia subversiva o apoyan movimientos radicales antiamericanos". Además, lanzó una advertencia: "Haz tratos con el ICAP y serás sancionado, procesado o deportado de nuestro país".
