Perfiles en redes sociales vinculados al Ministerio del Interior (MININT) y a la Seguridad del Estado han publicado en los últimos días varios operativos policiales en distintas provincias del país, una sucesión de hechos que, lejos de transmitir una imagen de control, vuelve a poner de relieve el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en Cuba.
Entre los casos difundidos figura el desmantelamiento de una presunta red dedicada al robo de cilindros de gas licuado en la planta de gas de Camagüey. Según la página en Facebook Verdades a Través del Móvil, trabajadores de la propia instalación, en coordinación con personas ajenas a la empresa, sustraían los recipientes aprovechando la salida de vehículos durante la jornada laboral y los ocultaban posteriormente en una zona de maleza situada a aproximadamente un kilómetro de la planta.
El caso pone de manifiesto el creciente robo de recursos estatales, una práctica cada vez más frecuente en medio del deterioro económico y la escasez de productos básicos como el gas licuado, cuya distribución permanece muy limitada en buena parte del país.
El perfil de Pablo Céspedes Molina, por otra parte, denunció el robo de cuatro paneles fotovoltaicos recién instalados en un emplazamiento de RadioCuba en La Alcarraza, consejo popular Calabaza, en el municipio holguinero de Sagua de Tánamo.
De acuerdo con la publicación, el hurto dejó sin servicio de televisión a cuatro consejos populares y afectó además las comunicaciones celulares en una zona del Plan Turquino. El propio autor reconoció la vulnerabilidad de esas instalaciones al admitir que muchas estaciones tecnológicas carecen de personal permanente para su protección y pidió a la población organizar la vigilancia comunitaria para evitar nuevos robos.
En Santa Clara, otro perfil identificado como Fuerza Pueblo informó sobre la desarticulación de una valla clandestina de peleas de gallos que operaba en las inmediaciones del campismo Arcoíris. Siete personas fueron detenidas y procesadas por el delito de "juego prohibido".
Mientras, la página Con Todos La Victoria publicó sobre la detención en Matanzas de dos hombres acusados de planear el incendio de una vivienda con personas en su interior, un hecho que calificó como "tentativa de asesinato" derivada de un ajuste de cuentas.
Aunque las publicaciones presentan estos operativos como ejemplos de la eficacia policial y llaman a la población a colaborar con las autoridades en la vigilancia de los barrios y la protección de la "propiedad social", el volumen y diversidad de los delitos difundidos reflejan un escenario de creciente inseguridad.
Los propios mensajes oficiales reconocen indirectamente la vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas, la participación de trabajadores estatales en redes de robo y la necesidad de suplir con vigilancia vecinal la falta de protección de instalaciones públicas.
Los hechos se producen en un contexto de deterioro de la seguridad ciudadana que las autoridades no han logrado contener pese a las reiteradas campañas oficiales contra la delincuencia.
Como ha documentado DIARIO DE CUBA, el incremento de los robos y de la violencia ha llevado a numerosos cubanos a reforzar sus viviendas con rejas y otros sistemas de protección, especialmente ante el aumento de los delitos durante los prolongados apagones.
Ese vacío de seguridad también ha favorecido la aparición y expansión de pandillas juveniles que inicialmente surgieron para proteger a sus integrantes frente a otras bandas o a los abusos de las autoridades, pero que en numerosos barrios han terminado ocupando espacios dejados por el Estado.
Según testimonios recogidos por DIARIO DE CUBA, algunos de estos grupos ofrecen "protección" a vecinos y comerciantes, intervienen en conflictos locales e incluso capturan y castigan a presuntos delincuentes al margen de las instituciones, un fenómeno que evidencia el deterioro del monopolio estatal sobre el orden público en distintas zonas del país.
Antes del recrudecimiento de la crisis, un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), publicado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, confirmó "una escalada sostenida y alarmante de la criminalidad en Cuba durante 2025", con incrementos muy significativos en comparación con 2024 y 2023, y con una "expansión particularmente preocupante de los delitos vinculados a la producción, venta y consumo de drogas".
Según el monitoreo realizado por el OCAC, en 2025 se identificaron y verificaron 2.833 reportes de delitos, lo que representó un aumento del 115,11% respecto a 2024 (1.317 reportes) y un incremento del 336,58% en comparación con 2023 (649 reportes). Estas cifras, obtenidas mediante un proceso sistemático de verificación y triangulación de fuentes públicas, "contradicen de manera frontal la narrativa oficial sobre una supuesta disminución de la criminalidad en el país".
"La combinación de colapso económico, empobrecimiento generalizado, debilitamiento institucional, opacidad informativa y ausencia de políticas públicas integrales ha creado un entorno propicio para la normalización de la ilegalidad", apuntó el observatorio.
La falta de estadísticas oficiales transparentes y la comunicación selectiva de casos por parte del Gobierno impiden dimensionar con exactitud la magnitud real del fenómeno. En ese sentido, el propio informe subrayó que "las cifras presentadas constituyen inevitablemente un subregistro, que refleja solo la parte visible de una crisis de seguridad ciudadana mucho más profunda".
