El Estado cubano, cazado en su propia trampa

El "orden constitucional" del régimen cubano se sustenta en una falacia que ha servido de base a su negativa para realizar reformas políticas, y de argumento para reprimir a personas consideradas "propagandistas ilegales" del referido orden.

Lo que pudiera denominarse "el corazón de la continuidad", se arrastra desde el año 2002, cuando a la Constitución de 1976 le fueron incluidos dos nuevos artículos: el 3 del Capítulo I, que declaró "irrevocables el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella"; y el 137, del Capítulo XV, que plantea que la Constitución puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del total de sus integrantes, "excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo carácter irrevocable lo establece el Artículo 3 del Capítulo I".

Esto fue resultado de un proceso de recogida de firmas similar al que acaba de concluir el 1ro. de mayo de 2026. Se le otorgó entonces la categoría de "plebiscito popular", si bien incumplió los requisitos para serlo: el voto no fue secreto, no existían opciones para elegir, únicamente hubo libertad de expresión para divulgar argumentos favorables a la firma.

Dieciséis años después, en 2018, durante los debates al proyecto constitucional, cuando muchas personas propusieron modificaciones en aspectos clave del sistema político ― pluripartidismo, elecciones directas y secretas para todos los cargos, etc.―, Homero Acosta, en aquel momento secretario del Consejo de Estado, argumentó ante la Asamblea Nacional que esas propuestas no se tendrían en cuenta, pues violaban los "contenidos pétreos o cláusula de intangibilidad" incluida en la Constitución desde 2002.

En la nueva Constitución de 2019, aquellos artículos pasaron a ocupar los lugares 4 y 229, respectivamente. Aunque la sustancia era similar, tienen algunos cambios: el Artículo 4, como su predecesor, declara que "el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable", pero ahora otorga a los ciudadanos "el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución". El Artículo 229, por su parte, estableció que "en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4".

Añadida a la Constitución desde hace 24 años con la intención de blindar perpetuamente al régimen, esa cláusula de intangibilidad, no obstante, fue una trampa que el Estado cubano se tendió, sin imaginar, prepotente como es, que algún día caería en ella. Ocurre que la referida disposición incluye también otro punto, que se pasa por alto casi siempre, pero que en las actuales circunstancias resulta una paradoja irresoluble.

La trampa

La famosa cláusula de intangibilidad a la que tanto se apela cuando se trata de condenar a opositores, disidentes y ciudadanos que protestan, incluye también un elemento que ha sido convenientemente "silenciado".

El mencionado Artículo 137 del Capítulo XV, añadido en 2002, establecía asimismo "la prohibición de negociar acuerdos bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera". En la Constitución de 2019, donde la cláusula equivalente es el Artículo 229, se expresa que en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4, y "la prohibición de negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso a) del Artículo 16".

¿Qué dice el inciso a) del Artículo 16?: "Reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción".

El 13 de marzo, el presidente Miguel Díaz Canel reconocía lo que ya era un secreto a voces: se estaba dialogando con los Estados Unidos. Sin embargo, el 17 de marzo, apenas cuatro días después, Donald Trump alegó que tendría "el honor de tomar Cuba". "Ya sea liberarla, tomarla, creo que podré hacer lo que quiera con ella, a decir verdad. Son una nación muy debilitada en este momento".

Aunque, como es típico de su personalidad, sus declaraciones han oscilado, y el 20 de mayo descartó la posibilidad de una escalada militar, lo cierto es que Trump mantiene un cerco petrolero, circulación de buques de guerra en aguas cercanas a Cuba, aumento de sanciones a funcionarios, e incluso, un juez federal firmó una acusación formal contra Raúl Castro —declarado "líder histórico" tras la muerte de su hermano—, por su responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate hace tres décadas.

Es decir, el Estado cubano, que lidia desde hace más de seis años con un aumento sin precedentes del disenso interno, se encuentra también bajo amenaza o coerción de una potencia extranjera desde hace varios meses. Y según una cláusula pétrea de su Constitución, está atado de pies y manos: no puede abrir un proceso de transición hacia la democracia que le quitaría, a la vez, presión interna y externa, ni puede negociar con los Estados Unidos en las actuales circunstancias de un ultimátum.

Mientras en las cárceles de la Isla permanecen más de mil presos políticos, a pesar del clamor popular por su amnistía, y aunque continuamente son detenidos ciudadanos de manera arbitraria, se procede por la fuerza ante el auge de la protesta social y se persiste en un discurso de fuerza, continuidad y resistencia, algunas señales permiten percibir que hay más interés en atender ciertas demandas de la parte extranjera que de la ciudadanía cubana.

El 2 de abril, la diplomática cubana Lianys Torres Rivera, jefa de la misión cubana en Washington, en entrevista a USA Today, defendió la posibilidad de avanzar hacia una relación más pragmática entre ambas naciones. "¿Estados Unidos quiere participar en la transformación económica de Cuba? Hagámoslo".

El 23 de abril, el embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, en una entrevista exclusiva con AP, afirmó que Cuba no acatará ultimátums estadounidenses y que los asuntos sobre detenidos "no están en la mesa de negociación". No obstante, dijo que la prioridad de Cuba es un "diálogo exitoso". Confirmó incluso que "La Habana está receptiva a negociar compensaciones, siempre que se trate de un camino de doble vía que incluya un alivio recíproco al embargo económico".

¿Mesa de negociación?, ¿diálogo exitoso?, ¿negociar compensaciones?, ¿hagámoslo? Ambos funcionarios violaban con tales declaraciones lo establecido en el inciso a) del Artículo 16, que no admite interpretación alguna respecto a que "bajo agresión, amenaza o coerción" no podrán ser negociadas jamás "las relaciones económicas, diplomáticas y políticas de Cuba con cualquier otro Estado".

¿Podría admitirse que el Estado cubano violara lo establecido en el Artículo 229 motivado por la crítica situación que enfrenta el país?

—A nivel jurídico sería una ilegalidad. Así lo argumentó la doctora Martha Prieto, profesora de la Universidad de La Habana, en un artículo publicado hace cinco años, con el propósito de otorgar sustento legal a la prohibición de la Marcha por el Cambio, en noviembre de 2021. La destacada jurista resaltó que "hay límites generales que condicionan que una actuación sea lícita", nombró algunos de esos límites y concluyó: "Pudiera señalarse como cierre integrador de los anteriores [se refiere a los límites], el último artículo del magno texto (Art.229), que establece que en ningún caso serán reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo (Art.4)". 

Observemos que la doctora en Derecho soslayó a conveniencia el hecho de que ese último artículo de la Constitución tenía una segunda parte que tampoco es reformable en ningún caso: la prohibición de negociar con una potencia extranjera "bajo agresión, amenaza o coerción".

—A nivel político sería escandaloso, y muy simbólico, pues esa cláusula ha sido la justificación para silenciar, mediante una represión cada vez más brutal, a la ciudadanía cubana durante 24 años. Si ahora fuera violada la parte de su letra que prohíbe explícitamente al Estado cubano negociar con los Estados Unidos en las actuales circunstancias, mostraría un extraordinario grado de subordinación a su "enemigo histórico", al que, sin embargo, pudiera inhibir de sus amenazas sin necesidad de negociar… si decidiera infringir la parte de la letra que le permitiría iniciar un proceso de transición hacia la democracia y cambios internos de tipo político.

¿Qué harán entonces?, he ahí el dilema.

¿Un as en la manga?

En 2002, cuando la cláusula de intangibilidad fue incluida en la Constitución, el Estado cubano vivía una época muy diferente. El disenso interno no era percibido como gran amenaza, en parte porque la política de responsabilidad social del Gobierno no había quebrado el consenso social al transitar a la fase antipopular que acentuó el Gobierno de Raúl Castro, en parte porque la sociedad civil no había emergido con la fuerza con que lo haría a partir del acceso masivo de la internet en la Isla para exigir sus derechos.

Desde el punto de vista geopolítico, el panorama era halagüeño. Hacía poco más de tres años que en Venezuela Hugo Chávez había llegado al poder, y con él, una prédica mesiánica en favor del socialismo que fue bautizado "del siglo XXI". La región se inclinaría poco a poco hacia la izquierda. El Gobierno cubano lo apostó todo a la nueva situación, que se aventuraba prometedora por la alianza económica, energética e ideológica con otro país-pilar.

Actualmente el contexto difiere en todo. Más que una crisis económica, en Cuba se atraviesa una crisis civilizatoria que ha afectado profundamente la vida social y las relaciones humanas y familiares. El auge de la protesta, la reivindicación de derechos sociales y políticos, la libertad de expresión como práctica que interpela al poder instituido, han provocado la pérdida de control y de legitimidad entre las autoridades. La degradación de la existencia cotidiana no ha podido ser detenida y no parece haber solución a corto plazo, pues se trata de un proceso paulatino de retroceso, ahora en su fase final.

La situación geopolítica es la peor de la historia reciente para el Gobierno de la Isla. Venezuela baila al compás del Norte. China persiste en su conocida estrategia de sopesar costo-beneficio, involucrarse en el conflicto no le va aportar nada, no tenemos petróleo como Irán. Rusia, como siempre que la relación con Estados Unidos adquiere máxima tensión, "condena enérgicamente los nuevos intentos de doblegar al pueblo cubano" y "rechaza rotundamente las sanciones unilaterales", pero "confía en que los cubanos resistirán en la lucha" y hace un llamamiento para que se busque una solución a las diferencias entre La Habana y Washington mediante negociaciones". Tampoco sabe que existe el inciso a) del Artículo 16.

El grupo de poder que dirige Cuba está prácticamente solo. Aun así, no ha tomado conciencia del callejón sin salida en que se encuentra y actúa como si siguiera un desactualizado manual de instrucciones. Juega con el paso del tiempo y espera a que las elecciones de medio término, donde es probable una recuperación del Partido Demócrata, hagan que Donald Trump priorice la política doméstica; no obstante, el paso del tiempo también nos lleva al verano, etapa conflictiva en cuanto al auge de la protesta interna, pues la gente está decepcionada, empobrecida, enferma, quiere cambios y no puede esperar demasiado: en ello le va la vida.

Obligado por su Constitución, el Estado no puede abrir una negociación con ninguna de las partes en conflicto, ni la interna ni la externa. ¿Es posible que haya valorado un plan B? Eso me hace pensar en los más de seis millones de firmas que fueron dadas a conocer el primer día de mayo, y que suscribieron un abstracto apoyo "por la Patria". ¿Sería una de las muchas puestas en escena de la política insular o hay una segunda intención ahí? ¿Lo presentarán como un plebiscito para modificar la cláusula de intangibilidad? Y la pregunta crucial: ¿cuál de sus partes?

Habrá que estar atentos a las próximas jugadas, pero los que dirigen Cuba temen menos al diferendo externo que al interno.