Un cubano fue condenado a 12 años de cárcel, tras ser hallado culpable de los delitos de apropiación indebida y sabotaje, por robar combustible en el Hospital Provincial Saturnino Lora, de Santiago de Cuba, informó el Tribunal Popular de la provincia sin dar a conocer el nombre del acusado, en una nota reproducida por la emisora estatal CMKC Radio Revolución en su página de Facebook
El acusado trabajaba como especialista B en ahorro y uso racional de la energía del hospital y era el único encargado de controlar el combustible diésel de los tanques de almacenamiento para emplearse en los grupos electrógenos.
Según la publicación, aprovechó esa circunstancia para sustraer 5.742 litros y venderlos en el mercado informal. Luego reabasteció los grupos electrógenos con el combustible de reserva.
"A los efectos que los inspectores de la Unidad Empresarial de Base de Generación de Energía y el Control del Departamento de Economía, no detectaran el faltante, vertió similar cantidad de litros agua en el tanque de almacenamiento de reserva", explicó el tribunal.
Con esas acciones, el acusado contaminó el combustible. Como resultado, ante una desconexión del sistema eléctrico nacional (SEN) de Cuba —que se produjo en una fecha no precisada en la publicación— resultó "imposible el funcionamiento de los grupos electrógenos".
Debido a ello, se afectó "la prestación de servicios asistenciales de salud" en el hospital y los cinco pacientes que se encontraban acoplados a ventiladores pulmonares mecánicos en la Unidad de Servicios Intensivos vieron interrumpido su tratamiento, detalló el tribunal santiaguero.
"El actuar del procesado ocasionó además que se obstruyeran y rompieran los filtros protectores y decantadores de estos equipos", añadió.
El tribunal de Santiago de Cuba aseguró que, para imponer la sanción conjunta de 12 años de privación de libertad, fueron valoradas "las características individuales del acusado, así como la lesividad de estos hechos, determinada por la trasgresión del encargo estatal que ostentaba el acusado y el impacto negativo que su actuar tuvo en la vida de los pacientes ingresados en el centro asistencial, algunos de ellos en estado crítico y requeridos de respiración mecánica, aconteciendo estos sucesos en un escenario energético de alta complejidad para el país".
El tribunal determinó además "el pago de la responsabilidad civil correspondiente", aunque la publicación no especificó la suma.
En medio de la crisis electro-energética que atraviesa Cuba desde hace años, durante los cuales el régimen relegó el sector en las inversiones, las autoridades han convertido a quienes roban combustible en chivos expiatorios de los largos apagones que enfrenta a diario la población.
En mayo de 2025, el castrismo dio un paso más, al orientar el uso de la figura penal del sabotaje para castigar desde actos vandálicos hasta robos.
El 29 de mayo del año pasado fue publicado en la Gaceta Oficial de la República el Dictamen No. 475 del Tribunal Supremo Popular, que ordena a los jueces cubanos cómo conocer, tramitar y resolver asuntos asociados a actos diversos, considerados como "vandálicos", sin detenerse en las consideraciones sobre el contenido de la intención; es decir, en la acción inequívoca de sabotear infraestructuras y medios públicos cubanos para dañar.
El dictamen establece una práctica uniforme e implica como mandato obligatorio, so pena de castigo, que:
• Tales hechos deben juzgarse como sabotaje intencional, incluso bajo dolo eventual, si el autor previó las consecuencias.
• Primará la prisión provisional para los acusados, atendiendo a la gravedad de los hechos.
• Se priorizará la celeridad en estos procesos judiciales y se impondrán duras condenas, incluyendo restricciones de salida del país, confiscación de bienes y limitaciones severas en los derechos a obtener beneficios penitenciarios de libertad condicional.
• Se desarrollarán juicios ejemplarizantes, coordinados con autoridades locales, como forma de respuesta.
• Se divulgarán estos casos en los medios de comunicación, con fines disuasorios.
"El documento, aunque lo exprese, no responde a consultas de jueces provinciales preocupados por los "criterios dispares con los que distintos tribunales han calificado actos similares", que van desde daños a infraestructuras de transporte y comunicaciones hasta robos, sino a un llamado del Ministerio del Interior y del Partido Comunista a contener la inconformidad y los delitos de sobrevivencia que abundan en la Isla", señaló el exjuez cubano Edel González Jiménez en un artículo publicado en DIARIO DE CUBA.
