Siete años después, el caso de los médicos cubanos secuestrados en Kenia sigue atrapado en la amnesia institucional

El 12 de abril de 2026 se cumplieron siete años del secuestro de los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa en el noreste de Kenia. La fecha no marca siete años de silencio absoluto —hubo momentos de visibilidad, declaraciones oficiales, incluso recordatorios puntuales por parte de las autoridades cubanas—, pero sí evidencia algo más profundo: la progresiva dilución del caso en el discurso público hasta quedar reducido a una incomodidad que el poder prefiere no reactivar.

Rodríguez y Herrera fueron secuestrados en 2019 en Mandera, capital del condado homónimo, una de las zonas más volátiles de Kenia por su proximidad a Somalia. El ataque fue atribuido al grupo yihadista Al-Shabaab, responsable de múltiples incursiones en territorio keniano. Los médicos se desplazaban desde sus residencias hasta el Mandera Referral Hospital, donde trabajaban como parte del contingente cubano desplegado en el país desde 2018.

Ese detalle logístico —el traslado diario bajo escolta privada— no es menor. Mandera estaba clasificada como zona de alto riesgo, con antecedentes de ataques contra el personal extranjero y las fuerzas de seguridad. En ese contexto, la decisión de ubicar a los médicos en residencias alejadas del hospital, obligándolos a desplazarse diariamente por rutas vulnerables, plantea interrogantes sobre la gestión del riesgo. ¿Quién definió esas condiciones? ¿El Ministerio de Salud de Kenia? ¿La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC)? ¿Ambos? Hasta hoy, ninguna de las partes ha ofrecido una explicación técnica del esquema de seguridad adoptado.

El secuestro no fue un hecho aislado. En 2011, dos cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras fueron secuestradas en el campo de refugiados de Dadaab, también en la región noreste. Desde entonces, organismos internacionales habían advertido reiteradamente sobre la amenaza de Al-Shabaab en esa franja fronteriza. Aun así, el programa bilateral siguió adelante sin que se hicieran públicas evaluaciones de riesgo específicas para el personal cubano. Más aún, en 2022 y 2023 fueron secuestrados dos cooperantes cubanos en Haití.

En 2022, un tribunal keniano condenó a cadena perpetua al conductor que transportaba a los médicos, identificado como Issack Ibrein Robow, por considerarlo cómplice del grupo secuestrador. La sentencia confirmó la existencia de complicidad interna, pero no aclaró la cadena de responsabilidades ni el nivel de penetración de las redes yihadistas en la logística local del programa. Tampoco resolvió la cuestión central: el paradero de los médicos.

Casi cinco años después del secuestro, en febrero de 2024, el propio grupo Al-Shabaab declaró que Rodríguez y Herrera habían muerto en un bombardeo estadounidense en territorio somalí. La operación, atribuida al Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), habría tenido como objetivo una posición de los yihadistas donde los médicos permanecían retenidos. La versión fue difundida por canales afines al grupo, pero nunca fue verificada de manera independiente. Washington no confirmó la presencia de rehenes en el ataque. La Habana, por su parte, prometió investigar y ofrecer información a las familias y a la opinión pública.

Tras dos años de esa promesa, no hay confirmación oficial de la muerte de los médicos. Tampoco hay evidencia pública de gestiones concluyentes para esclarecer los hechos, recuperar los restos o establecer responsabilidades. El caso permanece en un limbo informativo que contrasta con el control que el Estado cubano ejerce sobre sus profesionales en el exterior.

Durante los primeros años, el Gobierno cubano mantuvo cierta visibilidad sobre el caso. Miguel Díaz-Canel llegó a mencionar a los médicos en redes sociales en fechas simbólicas, como sus cumpleaños. Pero esa presencia fue disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer por completo en el séptimo aniversario. Es un silenciamiento progresivo y selectivo que acompaña la falta de información sobre su suerte.

En paralelo, las familias han optado por no exponerse públicamente. No han concedido entrevistas ni han impulsado campañas visibles para exigir información. Una fuente cercana a uno de los médicos aseguró a DIARIO DE CUBA que el temor a represalias pesa más que la necesidad de visibilidad. Entre las preocupaciones mencionadas: la posible retirada de apoyos estatales, las restricciones de viaje o la pérdida de cualquier canal —por precario que sea— para obtener información sobre sus familiares.

Ese temor se inscribe en un contexto más amplio: el de las condiciones contractuales de las misiones médicas cubanas. Los profesionales son enviados al extranjero mediante acuerdos gestionados por la CSMC, que establecen, entre otras cosas, la cesión de una parte sustancial de sus ingresos al Estado, limitaciones de movilidad y cláusulas de confidencialidad. En caso de fallecimiento, los contratos de seguro —también gestionados por entidades estatales— incluyen condiciones que limitan la capacidad de las familias para reclamar indemnizaciones tras determinados plazos.

La gestión de los cuerpos de cooperantes fallecidos en el exterior refuerza esa opacidad. En 2022, tras dos años de presión de familiares, fueron repatriados desde Guinea Ecuatorial los restos de varios profesionales cubanos fallecidos durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, otros casos siguen sin resolverse. Los restos de médicos fallecidos en Luanda y en otras provincias de Angola en 2020 aún no han sido devueltos a Cuba. En 2024, según declaraciones anónimas de familiares, las autoridades atribuyeron la demora a trámites relacionados con el seguro de viaje. Investigaciones independientes han señalado, sin embargo, que algunas cláusulas limitan el derecho a la indemnización una vez transcurridos cinco años desde el fallecimiento, lo que introduce un incentivo perverso para dilatar los procesos.

El programa en Kenia ya había generado tensiones antes del secuestro. En 2017 y 2018, el Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union (KMPDU) organizó protestas nacionales contra la contratación de médicos cubanos, alegando falta de transparencia y discriminación contra los profesionales locales. Cuestionaban, además, los términos del acuerdo bilateral firmado entre el Gobierno keniano y La Habana. A pesar de la presión, el Ejecutivo siguió adelante. En junio de 2018 llegó el primer contingente de 100 médicos cubanos, distribuidos en distintos condados, incluidos varios de alta inseguridad como Mandera y Wajir.

Siete años después, el caso de Landy Rodríguez y Assel Herrera sigue abierto, no solo en los ámbitos diplomáticos, sino también en el plano simbólico y, especialmente, en las remotas localidades de Delicias y Placetas donde vivieron los médicos. Representa el punto en el que convergen tres dinámicas: la exposición de los cooperantes a entornos de riesgo, la opacidad contractual que rige su despliegue y la manipulación política de la información cuando algo falla.

La pregunta no es si el Gobierno cubano ha guardado silencio durante siete años. No lo ha hecho de forma lineal. La pregunta es por qué, a medida que se acumulaba la incertidumbre, el caso fue perdiendo centralidad hasta desaparecer del discurso oficial. ¿Y qué implica esa desaparición para los cientos de profesionales que hoy siguen desplegados en contextos similares, bajo las mismas reglas y con las mismas garantías... o la ausencia de ellas?