El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció que las dos patanas que permanecen actualmente en Cuba —Belgin Sultán y Erol Bay— volverán a generar electricidad durante la segunda quincena de abril, a partir del combustible procedente de Rusia.
El petrolero ruso Anatoly Kolodkin zarpó este viernes de la bahía de Matanzas tras completar la descarga de las 100.000 toneladas de crudo enviadas por Moscú a Cuba bajo la etiqueta de "gesto humanitario".
Las autoridades cubanas prevén obtener del petróleo ruso de la línea Urales unos 292.000 barriles de fuel para termoeléctricas y generación distribuida, más de 255.000 barriles de diésel, alrededor de 109.000 barriles de gasolina y cerca de un 10% de gas licuado de petróleo, precisó el sábado el periodista José Miguel Solís en su perfil de Facebook.
Según informó el MINEM este lunes 6 de abril, las dos patanas suman una capacidad instalada de 124MW. El Gobierno precisó, además, que "no se ha incorporado ninguna otra en las últimas horas", una aclaración que sigue a rumores de la entrada de una tercera de estas plantas flotantes alquiladas a terceros países.
La noticia fue recibida con escepticismo por muchos cubanos, agotados tras meses de apagones prolongados.
"Con patanas y sin patanas los apagones van a seguir. No mientan más", escribió una usuaria identificada como Lázara Hernández en la publicación oficial del Ministerio.
"Bla, bla, bla. Seguimos con apagones de 21 horas", comentó por su parte Lidia Mercedes Ortiz Núñez.
Las reacciones reflejan una realidad difícil de ocultar: incluso si ambas patanas vuelven a operar este mes, su aporte apenas cubriría una parte mínima del déficit estructural de generación eléctrica del país. Y, además, dependen de un combustible importado que Cuba no produce en cantidades suficientes y que debe negociar en medio de las medidas de Washington sobre el petróleo que es suministrado al régimen.
La apuesta oficial por las renovables
En paralelo a la reactivación de las patanas, funcionarios del régimen volvieron a presentar las energías renovables como una posible solución de largo plazo para la crisis energética cubana.
Durante un debate televisivo transmitido por el programa estatal Cuadrando la Caja, Adriano García Hernández, experto en política económica del Ministerio de Economía y Planificación; Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas; y Edel Gómez Gómez, director general de la Empresa de la Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos, defendieron que la transición energética "puede cambiar la economía" del país.
Según Guerra Campaña, en 2025 la generación a partir de fuentes renovables llegó al 10% del total consumido en Cuba, frente al 3% registrado en 2024.
El funcionario atribuyó ese incremento a la instalación de más de 1.000 MW solares fotovoltaicos adicionales, que se sumaron a una base de 300 MW existente el año anterior.
Para 2026, el Gobierno prevé incorporar otros 500 MW y alcanzar un 15% de generación renovable. La meta oficial es llegar al 24% en 2030.
La diferencia de costos
Uno de los argumentos principales esgrimidos por los funcionarios fue el ahorro económico. Según Guerra Campaña, producir electricidad con combustibles fósiles cuesta más de 20 centavos de dólar por kilowatt-hora, mientras que la energía solar fotovoltaica se ubica entre seis y siete centavos.
"Cuando hablas de millones de kilowatts, el monto del ahorro es grande", afirmó.
Los funcionarios también mencionaron la instalación de más de 10.000 sistemas fotovoltaicos en viviendas: 4.000 destinados a trabajadores de salud pública, 3.000 a educación y 3.000 a educación superior.
Además, señalaron que se han colocado 160 sistemas de 2.000 watts en centros considerados vitales, como hospitales, policlínicos, bancos y hogares de ancianos.
Pese al optimismo oficial, los propios participantes reconocieron que el principal obstáculo sigue siendo financiero.
Adriano García Hernández admitió que "la innovación mayor que queda no es la tecnológica, es justamente la innovación financiera de gestión de modelos de negocio".
Como ocurre habitualmente en el discurso oficial, los funcionarios atribuyeron las dificultades al embargo estadounidense.
Las críticas: no basta con cambiar la matriz energética
El economista Pedro Monreal cuestionó la narrativa oficial y consideró que la expansión de las energías renovables, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales de la economía cubana.
"Una premisa equivocada no conduce a la respuesta correcta. Por supuesto que la energía renovable no es la 'transición' que puede cambiar la economía cubana", escribió Monreal en X.
Según el economista, el problema no es únicamente la matriz energética, sino el funcionamiento general del sistema económico.
"Se necesita otro tipo de transición hacia cálculo económico con precios de mercado y alto peso de empresa privada", sostuvo.
Monreal recordó además que la economía no depende solo de los recursos energéticos disponibles, sino también de instituciones, agentes económicos, incentivos y formas de organización de la producción.
Más paneles solares, pero también más burocracia
Mientras el Gobierno intenta mostrar avances en energías renovables, la instalación doméstica de paneles solares sigue rodeada de trámites y obstáculos.
En Baracoa, el director de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, Yeán Tomasén Frómeta, recordó recientemente que quienes deseen instalar paneles solares en sus viviendas deben obtener autorización previa de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
La exigencia se basa en el Decreto-Ley 322/2014, que obliga a solicitar un Autorizo de Construcción para cualquier "acción constructiva" en una vivienda, según recogió un reporte del telecentro oficial Primada Visión.
El procedimiento cuesta 68 pesos y exige presentar un proyecto técnico elaborado por una entidad autorizada, además de una certificación estructural que garantice que el techo soportará el peso de los paneles.
En edificios multifamiliares, el proceso es aún más complejo. Además del permiso oficial, se requiere la aprobación de los vecinos y, si el inmueble es patrimonial, también la consulta con la Dirección de Patrimonio.
La periodista matancera Yuni Moliner señaló en una publicación en Facebook que más de 33.000 sistemas fotovoltaicos ya están instalados en Matanzas, impulsados por los apagones.
Sin embargo, advirtió que la nueva normativa convierte la colocación de paneles solares en "un trámite similar a una licencia de construcción".
El procedimiento incluye una solicitud inicial en Planificación Física, evaluación técnica, revisión de documentos de propiedad y una autorización que debe emitirse en un plazo de diez días hábiles.
Además, el arquitecto de la comunidad debe elaborar un proyecto cuyo costo oscila entre 700 y 1.500 pesos.
Moliner cuestionó que la medida llegue precisamente cuando "los paneles solares no son solo una opción, sino una necesidad energética inmediata para miles de familias".
Riesgos reales y regulaciones justificadas
Las autoridades sostienen que la regulación busca evitar instalaciones improvisadas que puedan provocar accidentes. Según explican especialistas, techos ligeros de metal, fibrocemento o tejas pueden ceder bajo el peso de los paneles, especialmente durante vientos fuertes o huracanes.
También existen riesgos de incendios y descargas eléctricas cuando no se instalan sistemas de puesta a tierra, protecciones contra sobrecargas o detectores de arco.
Las regulaciones exigen además dejar pasillos de al menos 1,2 metros para facilitar el acceso de bomberos y cumplir requisitos de resistencia al fuego.
Sin embargo, para miles de cubanos la urgencia energética termina imponiéndose sobre cualquier norma.
El discurso de la "seguridad del Estado" llega a los paneles solares
En paralelo a la expansión de la energía fotovoltaica, el régimen endureció el discurso penal contra quienes roben piezas o componentes de instalaciones energéticas estatales.
En un artículo publicado por Granma, el Gobierno advirtió que sustraer componentes de parques fotovoltaicos, grupos electrógenos o sistemas eléctricos puede ser considerado sabotaje.
El delito está recogido en el artículo 125 del Código Penal y contempla sanciones de entre siete y 15 años de prisión.
En casos considerados más graves —como daños con fuego, explosivos, lesiones o afectaciones severas a la red eléctrica— las penas pueden llegar a 30 años de cárcel, prisión perpetua e incluso pena de muerte.
Según Granma, durante 2025 y el primer trimestre de 2026 todos los juzgados por delitos vinculados al sistema energético recibieron condenas superiores a diez años de prisión.
El endurecimiento represivo confirma hasta qué punto el deterioro energético se ha convertido en un problema político de primer orden para el régimen.
Andan descalzos y en taparrabos pero con una "cultura energetica" bien alta (aqui solo tengo que preocuparme por pagar el "bill" o no puedo usar el aire acondicionado" y ya!.......