La Estrategia de Salud Global de EEUU: el último desafío de las brigadas médicas cubanas

En 2022, integrantes de la Brigada Médica Cubana en Haití publicaron en Facebook una foto tomada a la entrada del Hospital Jules Fleury, en Nippes, donde trabajaban. Vestían camisetas con la imagen del Che Guevara y levantaban los puños en señal de victoria. Al fondo, un rótulo con las letras "USAID", en azul y rojo, identificaba al principal donante del hospital y reducía la escena a una paradoja reveladora: la herramienta más eficaz de soft power de La Habana operaba desde un centro financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

No era la primera vez que esto sucedía. En 2014, miembros de la Brigada Médica Cubana Henry Reeve para situaciones de desastres y emergencias colaboraron, con el apoyo de la agencia federal, en el enfrentamiento al ébola en Liberia, África.

​"Trabajan bajo condiciones de semiesclavitud, pero al parecer nadie lo sabía en ese momento", señaló Norges Rodríguez, director del medio YucaByte, en un tuit compartido por el periodista José Raúl Gallego a inicios de 2025, en medio del desmantelamiento de la USAID por la Administración de Donald Trump. La decisión, calificada de salomónica, provocó alarma internacional tras el recorte de más de 40.000 millones de dólares en programas humanitarios. Para el Departamento de Estado, en cambio, era necesario "realinear" los recursos de EEUU y eliminar lo que consideró gastos que no servían a los intereses nacionales.

​Siguiendo esta lógica, los ejemplos de Haití y de Liberia no deberían repetirse en la actual Administración. No obstante, parece haber un conflicto de intereses dentro del nuevo plan de asistencia humanitaria que Washington aún no ha abordado, en tanto que cerca de 4.640 millones de dólares beneficiarán a sistemas sanitarios de países que emplean brigadas médicas cubanas con intermediación de La Habana.

​El nuevo programa global de ayuda humanitaria

Como resultado del desmantelamiento de la USAID, el 83 % de sus programas fueron cancelados —incluidos programas críticos en salud, seguridad alimentaria y condiciones básicas de vida—, desmontando así décadas de ayuda exterior. Sin embargo, meses después, Washington reorientó parte de los fondos congelados de la USAID hacia lo que denominó "America First Global Health Strategy" o Estrategia de Salud Global 'América Primero', que condiciona la ayuda sanitaria internacional a los intereses nacionales estadounidenses.

​Desde su lanzamiento en septiembre, EEUU ha suscrito acuerdos bilaterales por más de 20.200 millones de dólares en una nueva financiación para la salud, incluidos más de 12.500 millones de dólares en asistencia y 7.700 millones en cofinanciación con los países receptores.

​Hasta el 27 de febrero, el Departamento de Estado había firmado 24 Memorandos de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) de salud global con 20 países de África y cuatro de América Latina; y se había comprometido, además, a asistir con seis millones de dólares a Trinidad y Tobago.

​Según comunicados oficiales, estos acuerdos persiguen fomentar la autosuficiencia de las naciones beneficiadas y optimizar el uso de los recursos estadounidenses, en especial en la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas en todo el mundo. Pero hay un problema: de los 24 países beneficiados, diez acogen actualmente brigadas médicas cubanas que también se desempeñan en la lucha contra estas enfermedades.

​Esto implica que los fondos destinados al nuevo programa de Salud Global de EEUU también podrían beneficiar indirectamente la financiación de esquemas de trabajo forzoso que involucran la contratación de sanitarios cubanos.

​¿Beneficia a Cuba el nuevo programa?

De acuerdo con cifras oficiales y bases de datos independientes, como las del Proyecto Cuba Salud de la ONG Archivo Cuba, en estas brigadas hay más de 1.000 sanitarios distribuidos en Mozambique (361), Guatemala (412), Trinidad y Tobago (96), Botsuana (80), República Democrática del Congo (67), Guinea (38), Lesoto (33), Burkina Faso (18), Eswatini (10), Níger (7) y Etiopía (4). Teniendo en cuenta que Guatemala anunció recientemente el cierre paulatino de los convenios con Cuba para la contratación de personal sanitario, quedarían 714 trabajadores de la salud en nueve países potencialmente beneficiados por la nueva política.

​Cálculos de DIARIO DE CUBA, a partir de la asignación disponible a cada país publicada por el Departamento de Estado, permiten estimar en 4.639.780.000 dólares la inyección de capital estadounidense en los países con presencia de personal cubano.

El principal obstáculo es que los programas cubanos de exportación de servicios médicos han sido objeto de controversia durante años. Mientras los gobiernos receptores los presentan como cooperación sanitaria internacional, autoridades estadounidenses y diversas investigaciones independientes han identificado prácticas de trabajo forzoso. 

Entre las acusaciones más recurrentes figuran la retención de una parte significativa de los salarios por parte del Estado cubano, las restricciones a la libertad de movimiento, la confiscación de documentos y las sanciones a quienes abandonan las misiones antes de tiempo, basadas en testimonios de profesionales, documentos oficiales y reportes de organizaciones y expertos en el tema. Las denuncias más recientes provienen de los gobiernos de Jamaica y Honduras tras cancelar sus respectivos acuerdos de prestación de servicios médicos cubanos.

​Durante años, Cuba se ha mantenido en el Nivel 3, el de mayor severidad, en el Informe del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas. De 2003 a 2014 y desde 2019 hasta la actualidad, el país ha figurado en el listado de los que "no cumplen con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no realizan esfuerzos significativos para frenarla".

​En este contexto, se impone preguntar: ¿seguirá beneficiándose el Gobierno de Cuba de los fondos de EEUU destinados a la ayuda humanitaria internacional en lugares donde los médicos cubanos han sido contratados bajo esquemas señalados como trabajo forzoso? ¿Cómo abordará Washington un conflicto de intereses que hasta ahora ha evitado mencionar? ¿Será este nuevo programa de ayuda internacional un instrumento de persuasión para frenar la contratación de médicos cubanos a cambio de divisas fuertes?

​Si los fondos van a la Global Health Strategy, ¿quién financia la OMS?

Estados Unidos ha sido históricamente el principal donante y socio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la propia plataforma de la organización, solo durante el bienio 2022‑2023 el aporte ascendió a 1.284 millones de dólares. Estas contribuciones, canalizadas a través de organismos como el Departamento de Estado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), permitieron reforzar la respuesta a emergencias sanitarias, contener la propagación transfronteriza de enfermedades y avanzar en otras prioridades de la salud global. 

Sin embargo, la imagen de benefactor no es la que predomina en la opinión pública. La consigna propagandística que acuñó la idea de que Cuba envía "médicos, no bombas" lo ilustra bien: quienes citan los millones de pacientes atendidos y las cirugías realizadas por las brigadas médicas cubanas evitan mencionar que el régimen convirtió la solidaridad en un negocio por el que recauda cerca de 5.000 millones de dólares anuales, de los cuales ni siquiera el 2% se reinvierte en la salud de los propios cubanos.

​Con la implementación de la Estrategia de Salud Global "América Primero", la Administración Trump prioriza los acuerdos bilaterales de salud, de Estado a Estado, sobre la financiación multilateral y queda claro quién financia y quién factura. Esto significa que si más recursos se canalizan directamente a programas nacionales mediante convenios bilaterales, organismos internacionales como la OMS y su brazo regional, la OPS —que durante años han facilitado la expansión de las brigadas cubanas— podrían ver reducidos sus fondos, lo que afectaría su capacidad de sostener programas regionales y responder a emergencias globales.

​En la diplomacia internacional, el actor que financia directamente los programas suele capitalizar los beneficios políticos y reputacionales. Al priorizar los acuerdos bilaterales, Estados Unidos se asegura de que su nombre quede claramente asociado a los resultados en VIH/SIDA, malaria, tuberculosis y otros programas de enfermedades infecciosas, en lugar de diluir ese reconocimiento a través de intermediarios multilaterales que administran los fondos y pueden recibir el crédito público por la implementación.

​Este enfoque refleja tendencias geopolíticas más amplias. China, por ejemplo, ha ampliado su presencia en África y América Latina mediante acuerdos bilaterales de financiación e infraestructura altamente visibles, reforzando una influencia directa de Estado a Estado. Lo mismo ha hecho el régimen de Cuba en el caso de los servicios profesionales, y por los cuales ha acumulado no solo capital, sino réditos diplomáticos. Desde esa perspectiva, resulta lógico que Estados Unidos fortalezca su propia arquitectura de diplomacia sanitaria bilateral.

​Dicho esto, ello no implica necesariamente una retirada completa del compromiso multilateral. Instituciones y agencias internacionales podrían seguir recibiendo apoyo estadounidense, aunque, en lo que respecta a la OMS y la OPS, este será cada vez más improbable o reducido, también por la retirada de EEUU del organismo internacional desde enero de 2025. En aquel momento, Washington anunció que cancelaba con efecto inmediato todo el financiamiento y retiraba a su personal de la OMS. Sin embargo, un desplazamiento creciente hacia la financiación bilateral podría recalibrar el equilibrio financiero, reduciendo potencialmente los recursos relativos, el alcance operativo y la influencia normativa de los organismos multilaterales.

​En síntesis, se trata menos de un repliegue del compromiso con la salud global que de una reasignación estratégica, del apalancamiento financiero y de la visibilidad diplomática en un entorno internacional cada vez más competitivo.

​La estrategia de la Global Health

Al estructurar decenas de millones de dólares en financiamiento sanitario mediante acuerdos bilaterales —incluidos 12.500 millones en asistencia directa de Estados Unidos—, Washington incrementa su capacidad de influencia a nivel de país. Los marcos bilaterales permiten que las condiciones de financiación, los estándares de cumplimiento y las cláusulas contra la trata se negocien directamente con los gobiernos receptores, en lugar de canalizarse a través de agencias multilaterales.

​El Gobierno estadounidense ya había dado señales claras de su postura mediante medidas concretas. En 2019, la Administración de Donald Trump impuso restricciones a programas vinculados al Gobierno de Cuba y amplió el escrutinio de las misiones médicas cubanas en el extranjero. Más recientemente, el Departamento de Estado ha retomado la cruzada contra la trata en el marco de la salud global y de la asistencia exterior. Si el cumplimiento en materia de trata queda incorporado explícitamente en estos MoU, los gobiernos que dependen simultáneamente del financiamiento sanitario estadounidense y de brigadas médicas cubanas podrían verse ante un cálculo estratégico.

​El mecanismo de presión no tendría necesariamente la forma de sanciones explícitas, sino de condicionalidad. Los acuerdos bilaterales pueden incluir requisitos de transparencia respecto a la contratación de personal sanitario, los flujos de pago, las protecciones laborales y la libertad de movimiento. Para países dependientes del financiamiento estadounidense para investigar y tratar enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria o la tuberculosis, la alineación con los estándares de cumplimiento de Washington puede operar como un factor disuasorio frente a la continuidad de acuerdos que Estados Unidos considera problemáticos.

​En ese sentido, la diplomacia sanitaria bilateral no es solo un instrumento financiero, sino también regulatorio. Amplía la capacidad de Washington para moldear normas de gobernanza en los sectores sanitarios de los países socios, particularmente cuando están involucrados esquemas de contratación de personal médico cubano.

​No obstante, los resultados probablemente variarán, aunque en algunos casos ya se están viendo. Una decena de países ha optado por ajustar o cerrar los acuerdos con La Habana en materia de salud para aumentar la transparencia y las salvaguardas laborales. Otros podrían inclinarse aún más hacia socios alternativos, como China, si perciben las condiciones estadounidenses como excesivamente restrictivas.

​También hay gobiernos que intentan mantener un equilibrio entre ambas alianzas mediante la modificación de las formas de contratación para prescindir, en papel, de la intermediación de La Habana.

​En última instancia, el modelo bilateral amplía el margen de influencia. Que se traduzca o no en una disuasión efectiva dependerá de cuán explícitamente se apliquen las disposiciones contra la trata y del grado de dependencia de los países receptores respecto del financiamiento sanitario estadounidense, en comparación con el personal sanitario cubano y otros actores externos.