El Gobierno cubano publicó esta semana en la Gaceta Oficial un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros que redefine las reglas para la entrega, financiamiento y posesión de viviendas estatales, en medio de una crisis habitacional que afecta a miles de familias en todo el país.
El Acuerdo 10100/2025, divulgado el 4 de febrero de 2026, actualiza los mecanismos mediante los cuales el Estado asigna las viviendas que construye o administra a través de los gobiernos municipales. El texto establece tres formas de acceso: propiedad, arrendamiento y usufructo, en función de la "capacidad de pago" de los beneficiarios y de las prioridades definidas por las autoridades locales.
Tres vías para acceder a una vivienda
La modalidad de propiedad permite a los beneficiarios pagar el valor del inmueble en cuotas mensuales que no superen el 20% de sus ingresos, con un plazo de hasta 30 años. El acuerdo autoriza adelantos de pago, pero advierte que el incumplimiento considerado "injustificado" puede dar lugar a acciones legales que afecten la titularidad.
Para quienes no puedan asumir ese nivel de compromiso financiero, el Estado contempla el arrendamiento, con mensualidades de hasta el 10% del salario, y, en situaciones de mayor vulnerabilidad, la entrega en usufructo, que permite habitar la vivienda sin adquirirla en propiedad.
El propio documento prevé que los beneficiarios que mejoren su situación económica puedan solicitar el paso de usufructo o arrendamiento a propiedad, con reconocimiento de los pagos realizados.
Un déficit habitacional que no cede
Aunque el Gobierno presenta la medida como una flexibilización del acceso a la vivienda, se produce en un contexto de carencias estructurales. Datos del Ministerio de la Construcción han situado el déficit habitacional por encima de las 800.000 viviendas, entre inmuebles pendientes de construcción y otros que requieren rehabilitación, con avances mínimos en los últimos años.
La falta de materiales, la lentitud de los programas estatales y el deterioro acelerado del fondo habitacional han agravado el problema, mientras numerosas familias viven en edificaciones en mal estado, en riesgo de derrumbe o esperando durante años una solución oficial en un albergue.
En ese escenario, destinar hasta una quinta parte del salario durante tres décadas representa un esfuerzo considerable para muchos hogares, en un país con ingresos bajos y una creciente dependencia de remesas y actividades informales para cubrir necesidades básicas.
El acuerdo no introduce medidas de confiscación ni altera directamente la propiedad privada, pero sí refuerza el control estatal sobre la distribución y el uso de las viviendas públicas, en un momento en que cada inmueble tiene un peso crucial tanto para las familias como para la gestión gubernamental.
Un ajuste normativo sin solución estructural
El nuevo marco busca armonizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada con las restricciones económicas del país y las limitaciones del sistema estatal de construcción. Sin embargo, no aborda el núcleo del problema: la insuficiente producción de nuevas viviendas y la rehabilitación de la infraestructura existente, un reto que el Gobierno no ha logrado revertir pese a sucesivos programas y reformas.
Lo perverso de esas regulaciones es que todas ya existieron antes de la Robolución, con la diferencia de que hoy el dueño y el explotador es el estado que define a su conveniencia las condiciones. No hay ofertas ni competencias.