El Gobierno cubano anunció un nuevo experimento económico en el sector de la prensa estatal que, lejos de suponer una reforma estructural del modelo informativo, busca garantizar la supervivencia financiera de los medios oficiales sin renunciar al control político ni al financiamiento público. Así lo expuso el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, durante el VI Festival Nacional de la Prensa, celebrado el 22 de enero, en un discurso en el que habló de la necesidad de "transformar" la gestión económica de los medios de comunicación como parte de la actualización del modelo socialista.
Según el disurso de Regueiro, 28 medios estatales han sido incorporados a un esquema de tránsito hacia la "autofinanciación", aunque mantendrán una subvención básica del Presupuesto del Estado bajo la figura de "unidades presupuestadas con tratamiento especial".
El ministro defendió que no existe contradicción entre una gestión económica "eficiente" y el papel de la prensa como "trinchera de ideas de la revolución", dejando claro que el objetivo no es la autonomía editorial, sino la sostenibilidad financiera de la propaganda oficial.
En su intervención, el titular de Finanzas insistió en que el modelo no implica "mercantilizar la información", sino encontrar "fórmulas propias" para generar ingresos compatibles con la defensa del socialismo y la identidad nacional. La propuesta se inscribe, dijo, en el Programa de Gobierno para "corregir distorsiones y reimpulsar la economía", especialmente en lo relativo al redimensionamiento del sector presupuestado y a la reducción de cargas al erario público.
En junio de 2023 el portal oficial Cubadebate publicó su primer artículo publicitario. En noviembre, su director, Randy Alonso, anunció que la publicidad de empresas estatales y privadas le ha generado más de 700.000 pesos en dos meses al medio estatal. Esto, gracias a la Ley de Comunicación Social, que autoriza la publicidad como fuente de ingresos, una fuente que, por cierto, también emplean los medios independientes, a cuyos periodistas el régimen acusa de mercenarios.
Entre los presuntos beneficios del nuevo esquema anunciado por Regueiro, está la posibilidad de mejorar la remuneración de periodistas y técnicos mediante pagos vinculados a resultados, así como la reestructuración de plantillas para crear medios "ágiles", con menos personal y mayor productividad. El ministro presentó el proceso como un ejercicio de "creatividad revolucionaria" y subrayó su carácter político: fortalecer la prensa estatal como instrumento ideológico, ahora con mayor "viabilidad económica".
Críticas por prioridades y opacidad
El anuncio no tardó en recibir cuestionamientos desde el análisis económico independiente. El economista Pedro Monreal advirtió en X que la llamada "autofinanciación" mantiene, en realidad, el uso de fondos públicos para sostener medios de propaganda oficial, sin que se haya explicado por qué el dinero de los ciudadanos sigue destinándose a ese fin en medio de una crisis económica generalizada.
Monreal subrayó además que el discurso ministerial evitó ofrecer cifras concretas sobre costos, ingresos esperados o ahorro real para el Presupuesto del Estado, y enmarcó la medida dentro de una política de austeridad fiscal cuyos efectos recaen, de forma desigual, sobre sectores mucho más sensibles para la población.
El analista llamó la atención sobre el hecho de que el Gobierno priorice la transformación económica de los medios antes que reformas largamente postergadas, como la aprobación de una ley de empresa estatal que permita ordenar el funcionamiento del sector público productivo.
Para el economista, el Ministerio de Finanzas y Precios debería concentrarse en urgencias más acuciantes, como la crisis agropecuaria. Entre las medidas que considera prioritarias mencionó la eliminación de topes de precios, la suspensión de determinadas modalidades impositivas y la creación de fondos de garantía para el crédito rural, acciones que podrían tener un impacto directo en la producción de alimentos y en el alivio de la escasez.
Propaganda primero
El experimento anunciado confirma que, incluso en un contexto de colapso productivo, inflación y empobrecimiento generalizado, el régimen cubano continúa asignando recursos, tiempo político y "creatividad" administrativa a sostener su aparato mediático. La prensa estatal no se concibe como un servicio público orientado a informar, sino como un instrumento ideológico que ahora debe aprender a generar ingresos sin perder su función de control y movilización política.
Bajo el lenguaje de la innovación y la eficiencia, el Gobierno ensaya una fórmula que traslada parte de la presión financiera a los propios medios y a sus trabajadores, pero preserva el principio central: la información sigue siendo un monopolio del Estado, financiado —total o parcialmente— con recursos públicos, y subordinado a la defensa del poder.
