En 2022, el Gobierno de Cuba aprobó el Código de las Familias, una reforma histórica que abría nuevas posibilidades: familias diversas, adopciones homoparentales, reconocimiento de derechos antes ignorados y modelos de crianza desde el acompañamiento y no desde lo imperativo.
Desde entonces, el oficialismo ha celebrado la norma como un avance jurídico y simbólico hacia una "justicia más inclusiva y protectora". Pero, a tres años de su entrada en vigor, cabe preguntarse: ¿Protege realmente a los más vulnerables? ¿Ha cambiado algo para los niños y niñas que viven desde la pobreza, el abandono, la violencia doméstica o institucional?
La respuesta —fría, dolorosa y urgente— parece ser: muy poco.
En 2025 se han conocido múltiples casos que ponen en evidencia la cruda realidad infantil en Cuba.
Un caso de presunto maltrato infantil estremeció a Bayamo esta semana. El usuario Yonimiler Del Río Polo denunció en Facebook que una niña habría sido golpeada por su padre, identificado como Niorgel Bruzuela, quien obtuvo la custodia tras la salida del país de la madre.
El video que acompaña la publicación muestra a la menor con marcas visibles en el rostro y relatando que fue agredida con un cinto y con la mano simplemente por pedir comida y refresco. Aunque Del Río Polo protegió la identidad de la niña, difundió la dirección del presunto agresor e instó a que las autoridades intervinieran. En una actualización afirmó que, aunque el padre fue detenido, la Policía lo habría liberado
En Holguín, una madre y su pareja fueron detenidos tras difundirse un video en redes donde ella golpeaba con un palo a su hija de diez años.
En la provincia de Cienfuegos, tres niños fueron removidos de su entorno tras denuncias de maltrato, y dos de ellos terminaron hospitalizados con fiebre alta y bajo supervisión médica tras la intervención estatal.
En Matanzas, la muerte de un niño de apenas dos años —producto de agresiones continuas por parte de sus cuidadores— conmocionó al país. Una nota de prensa en el diario oficial Granma, informando la detención, apaciguó los ánimos, pero los cubanos a día de hoy no sabemos el curso legal de esta muerte infantil.
Otros niños, niñas y adolescentes permanecen bajo custodia de agresores pese a denuncias formales, incluso algunos encuentran la muerte, como una reciente víctima de violencia machista de apenas 17 años.
Estos episodios muestran que la violencia, el castigo físico, el abandono o la negligencia siguen presentes incluso tras una ley que, en teoría, debería fortalecer los mecanismos de protección familiar e infantil.
El Gobierno de Cuba ha seguido, desde el papel, protegiendo. Otros ejemplos son el Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes aprobado en julio de 2025 o la Política Integral para la Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventudes.
Sin embargo, el verdadero examen para cualquier ley de protección infantil no es su redacción, sino su capacidad para evitar que un niño sufra violencia, negligencia o abandono, para intervenir a tiempo, para garantizar su bienestar físico, psicológico y social.
Mientras el Estado y la sociedad cubanos no asuman esos retos con recursos, compromisos y acciones concretas, la infancia seguirá siendo un terreno de vulnerabilidad, dolor y abandono.
El Código Penal aprobado en 2022 estableció como sanciones accesorias a la pena principal la suspensión o pérdida de la responsabilidad parental, la remoción de la tutela o la prohibición de acercamiento a las víctimas, perjudicados u otras personas allegadas afectivamente en casos de violencia familiar. De conjunto, se trata de una adecuación especial para los delitos relacionados con este tipo de violencia o con la violencia de género.
Por todo el Código Penal aparece el agravamiento de la pena o delitos autónomos cuando se comete los hechos en el contexto de la violencia familiar: lesiones, amenazas, coacción, chantaje, agresión sexual o asesinato, por mencionar algunos. Sin embargo, la falta de datos oficiales o el secretismo intencional del Gobierno impide conocer cuántos de estos se han aplicado en contextos de protección a la infancia.
La proliferación de casos de maltrato, negligencia, agresiones y muertes infantiles revela graves fallas estructurales:
- Falta de protocolos de detección, atención y seguimiento de casos de maltrato.
- Ausencia o ineficacia de mecanismos de protección preventiva: muchos niños permanecen con sus agresores pese a denuncias documentadas.
- Normalización social del castigo físico como "parte de la crianza". Según una encuesta de UNICEF, cuatro de cada diez cuidadores en Cuba creen que el castigo físico es necesario para educar a un niño.
Esto evidencia que una ley inclusiva no puede operar en un vacío: necesita políticas públicas efectivas, reconocimiento del problema, recursos, seguimiento institucional, educación y —sobre todo— un cambio cultural profundo. Urge mirar a los niños, no a la ley.
