Autoridades de Holguín confirmaron que Elizabeth González Díaz y su pareja, Diosdado González Martínez, han sido imputados por maltrato infantil, tras la difusión en redes sociales de un video en el que la mujer golpea a su hija de diez años.
De acuerdo con una nota oficial del Gobierno Provincial de Holguín, ambos enfrentan una investigación penal por el presunto delito de "otros actos contrarios al desarrollo integral de las personas menores de edad", aunque no se descarta que puedan agregarse cargos según avance el proceso.
"El hecho no es reciente y lamentablemente no se conocía de su ocurrencia, como tampoco de la forma inadecuada que habitualmente empleaba la progenitora en su relación filial para corregir a sus hijos, que desencadenó en un exceso desmedido contra la niña por el que tendrá que responder penalmente", señala el texto.
Añade que, tras activarse el protocolo correspondiente, las autoridades decidieron retirar a los menores del hogar y trasladarlos a una institución estatal para niños sin cuidado parental, donde —afirman— recibirán atención psicológica y especializada.
El comunicado asegura que en el hogar estatal se ha procurado mantener a los hermanos juntos "para reducir el impacto emocional" del suceso.
Mientras tanto, González Díaz y su pareja permanecen bajo investigación de la Fiscalía y el Ministerio del Interior. La nota no aclara si tras su detención permanecen en prisión o han sido puestos en libertad.
La abogada de DIARIO DE CUBA Maylin Fernández Suris, especialista en derecho de familia, alerta de que el caso exige una respuesta legal sólida.
"Más allá de la detención, lo urgente ahora es proteger a la niña. Es necesario aplicar una medida de prisión provisional hasta la realización del juicio, pues existe el riesgo de que la madre pueda regresar al entorno familiar. Por eso es esencial aplicar medidas cautelares inmediatas, como una orden de alejamiento o prohibición de acercamiento, y más adelante valorar la privación de la responsabilidad parental", explica Fernández Suris.
Por otra parte, la abogada explica que la Ley de Proceso Penal establece medidas para "asegurar a las personas o a los bienes involucrados en un proceso penal". Entre ellas figura la designación provisional de un representante o apoyo para los menores, o la asignación temporal de su guarda y cuidado.
"Esta medida cautelar está encaminada a evitar el contacto del progenitor o de la madre acusada con los hijos, para garantizar que el menor no continúe en una situación de riesgo o vulnerabilidad", precisa.
"La ley establece que, una vez recibidas las actuaciones, bien sean remitidas por la Policía o que el instructor conozca el hecho, se tienen 72 horas para solicitar al fiscal la imposición de esta medida cautelar en particular", dice Fernández Suris, quien recuerda que la normativa prevé su aplicación en casos de violencia de género o doméstica, como el actual.
El interés superior del menor, prioridad legal
Fernández Suris destaca que, según la legislación vigente, la custodia provisional suele recaer de manera preferente en el otro progenitor o en personas allegadas que mantengan una relación afectiva sólida con el menor. No obstante, cuando no se ha comprobado ese vínculo, o por otras razones, el fiscal puede decidir que la guarda recaiga temporalmente en una institución durante la tramitación del proceso o la modificación de la medida cautelar.
"Siempre es importante que quien asuma el cuidado tenga con el niño una relación afectiva sólida, así lo exige la ley. Pero cuando eso no se puede garantizar, se dispone la guarda institucional, como ha ocurrido en este caso", explica la abogada.
Sobre la posibilidad de modificar la medida, Fernández Suris aclara que el padre o tutor no designado puede incorporarse al proceso penal como representante de la víctima y solicitar la revisión de la decisión, "si logra demostrar que su compañía podría ser más beneficiosa para el niño que estar en una institución pública".
La abogada también opina, desde su experiencia profesional, que la decisión de entregar la guarda a una institución y no al padre responde a una evaluación de riesgos más amplia.
"En principio siempre se prefiere dejar al niño en su entorno conocido, pero cuando hay dudas sobre el bienestar o la capacidad de los progenitores, prima el interés superior del menor", señala.
Este episodio se suma a otros casos graves de maltrato infantil en la Isla, incluyendo golpes, abandono, abuso sexual y negligencia, como recogió un reportaje de DIARIO DE CUBA en julio pasado.
Datos oficiales señalan que más del 40% de los niños de 1 a 14 años han sufrido algún método violento de disciplina, y cerca del 33% ha recibido castigo físico, con provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Granma con mayor cantidad de casos.
Aunque el Código de las Familias prohíbe el castigo físico y contempla la suspensión de la responsabilidad parental en casos de maltrato, la brecha entre la ley y su aplicación práctica deja a los menores vulnerables.
Fernández Suris advirtió sobre un fenómeno estructural que permite que estos casos se repitan.
"Por décadas, la familia cubana ha reproducido una estructura jerárquica en la que los niños son tratados como posesiones. Esta visión adultocentrista genera condiciones para normalizar el maltrato. Lo peor es que los niños aprenden a callarlo".
La abogada alertó sobre los "pactos de silencio" en muchas familias, una violencia simbólica que encubre al agresor y aísla al menor: "No basta con señalar a un padre violento. Hay que entender los contextos: pobreza, alcoholismo, violencia de género, falta de formación en crianza, presión social. El maltrato infantil es un problema estructural y cultural".
"La familia no debe tener licencia para violentar bajo el pretexto de educar. La prevención empieza con educación, con políticas públicas que apuesten por el bienestar emocional de la infancia, y con una sociedad que no tolere más la violencia disfrazada de disciplina", señaló la experta.
