El programa antirracista del Gobierno cubano es un 'simulacro sin indicadores'

A seis años del anuncio del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, activistas cubanos sostienen que la iniciativa no ha pasado de ser un ejercicio retórico sin resultados medibles. Voces del antirracismo denuncian que el Gobierno ha convertido el tema en un asunto de seguridad nacional mientras evita reconocer el carácter estructural de la desigualdad racial en Cuba.

Norberto Mesa Carbonell, primer cofrade de la Cofradía de la Negritud, es tajante al evaluar lo acontecido desde el lanzamiento del Programa el 21 de noviembre de 2019: "A estas alturas, no puede constatarse el efecto de alguna política pública dirigida explícitamente a limitar la expansión de la ostensible desigualdad racial".

Mesa Carbonell resume dos fallas centrales que, a su juicio, anulan cualquier impacto del Programa: la negativa del Estado a reconocer el racismo estructural e institucional, y el hecho de que la población afrocubana no es tratada como un grupo social con participación propia en las estrategias de transformación. Desde su origen —recuerda— las autoridades sostuvieron que solo quedaban "vestigios" de racismo interpersonal, ignorando décadas de evidencia académica y activista. 

A ello, el activista añade un punto que considera decisivo: la ausencia total de datos públicos y verificables. Mesa Carbonell señala que el Gobierno no ha publicado ni diagnósticos, ni indicadores de seguimiento, ni resultados medibles del Programa, un patrón que contraviene estándares internacionales básicos. "No existe información oficial que permita evaluar avances o retrocesos. No hay estadísticas sobre acceso a empleos, sobre violencia institucional, sobre distribución territorial de la pobreza. Un programa sin indicadores es, en esencia, un simulacro", afirma.

También recuerda que el Gobierno ha convertido la cuestión racial en un asunto de seguridad nacional, al reprimir a organizaciones independientes e impedir debates públicos incluso en efemérides internacionales. Mesa Carbonell señala que mientras la Cofradía de la Negritud intenta conmemorar el Día contra la Discriminación Racial cada 21 de marzo, la policía política ha bloqueado repetidamente sus actividades. La Comisión Nacional, por su parte, "no ha promovido acción conmemorativa alguna", un ejemplo del divorcio entre discurso y práctica.

En contraste, en el escenario internacional el Programa tiene un protagonismo notable: documentos oficiales dedicados a responder denuncias de racismo o de abuso policial incluyen más información sobre el Programa que sobre los hechos cuestionados. Para Mesa Carbonell, este desbalance confirma que el Gobierno usa la iniciativa como pieza de imagen exterior más que como herramienta real de transformación.

Más presos afrocubanos y una élite cada vez más blanca

Zelandia Pérez Abreu, de la Alianza Cubana por la Inclusión, coincide en que no hay avances tangibles. Por el contrario, observa "una marcada tendencia hacia el racismo y la discriminación". Lo ejemplifica con un dato que considera alarmante: el incremento de la población carcelaria afrodescendiente, tanto de hombres como de mujeres.

A finales de abril de 2025, 843 de los 1.155 prisioneros políticos en Cuba registrados por Prisoners Defenders (73%) eran afrodescendientes, pese a que representan solo el 33,7% de la población. Según cifras oficiales presentadas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU en diciembre de 2024, el 66,3% de los cubanos son blancos, el 9,5% negros y el 24,2% mulatos, mostrando un claro desequilibrio racial en el encarcelamiento político.

La activista también señala la contradicción entre el discurso propagandístico y la realidad del poder: pese al aumento de mujeres en la Asamblea Nacional, los puestos decisorios siguen dominados por personas blancas, lo que refuerza la concentración racial del liderazgo político.

Para Pérez Abreu, el sistema cubano no puede implementar políticas eficaces porque su centralización y su naturaleza autoritaria chocan con cualquier proceso que implique participación ciudadana, transparencia o redistribución de poder. Activistas y organizaciones independientes que señalan el racismo institucional, dice, son censurados y reprimidos, mientras el Estado mantiene un discurso de igualdad destinado más a la "venta internacional" que a transformar la vida cotidiana.

La activista insiste en que el racismo es política de Estado, evidenciado por la violencia racista, la discriminación en el empleo y la criminalización de voces afrocubanas, independientemente de género u orientación sexual.

Gentrificación, racismo estructural y criminalización de la protesta afrocubana

El opositor socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa sitúa el problema en un terreno más amplio: la combinación entre folclorización de la afrodescendencia y la miseria estructural en los barrios donde esta población es mayoría. En su análisis, no existe una sola acción pública diseñada para romper los ciclos de pobreza racializada.

Cuba —afirma— se está "latinoamericanizando": a medida que la desigualdad crece, se profundiza la frontera entre barrios gentrificados y barrios empobrecidos de fuerte composición afrocubana. La fractura urbana y social es ya visible, y puede comprobarse simplemente al caminar por La Habana Vieja, Centro Habana o por zonas de Santiago de Cuba.

Cuesta Morúa identifica cuatro problemas estructurales del sistema que impiden cualquier impacto del Programa: la disonancia crónica entre discurso y acción del poder; la transferencia de la incompetencia estatal a esferas que requieren capacidades que solo posee una sociedad civil autónoma; la falta de sistematicidad y profundidad y la imposibilidad de enfrentar problemas complejos desde una cultura política autoritaria.

Para el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), estos factores derivan en fenómenos como: "la segregación económica que margina a los afrocubanos de los sectores dinámicos; el encapsulamiento cultural y religioso, que los limita a roles folclóricos o religiosos y congela la movilidad social; la débil representación en instituciones, ministerios, universidades y espacios de decisión, y la ausencia de debate público, que perpetúa un racismo latente que emerge en cada crisis".

En cuanto a la racialización de las prisiones, Cuesta Morúa es terminante: "Este dato es una de las mejores pruebas para demostrar que no hay tal Programa Nacional". Considera que la mayoría afrocubana entre los presos políticos refleja no solo discriminación estructural sino la criminalización racial de la protesta, especialmente tras el 11J.

El opositor denuncia también el doble castigo contra activistas negros independientes: represión estatal y estigmatización social. "He escuchado con bastante frecuencia aquello de: '¡y estos negros qué se creen!'", afirma, aludiendo al "bullying cultural" hacia quienes desafían el relato oficial que exige agradecimiento.

Finalmente, describe cómo actores internacionales refuerzan sin saberlo la narrativa gubernamental: desde delegaciones extranjeras que ignoran a comunidades afrocubanas y solo se reúnen con la élite, hasta la visita de Black Lives Matter en 2018, cuando el grupo —según Morúa— legitimó el discurso oficial sin escuchar testimonios locales sobre el racismo existente.

"Todo apoyo actual a la llamada revolución cubana, venga de donde venga, es racismo", concluye. Para él, los 66 años de hundimiento social de la población negra constituyen un fenómeno estructural, generacional y endémico.