El Departamento de Estado de EEUU informó que la negativa de otorgar los permisos a dos funcionarios cubanos que debían asistir al consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a celebrarse en Washington esta semana, fue decidida por motivos de "seguridad nacional".
La prohibición de viaje para la viceministra primera de Salud Pública de Cuba, Tania Margarita Cruz, y otro funcionario cubano, fue cuestionada por La Habana.
La viceministra, quien se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva del régimen en la Asamblea General de la ONU, acusó al Gobierno estadounidense de "aprovecharse de la necesidad de un permiso de traslado" para impedir su presencia como jefa de la delegación en la cita regional de salud.
En declaraciones a la oficial Prensa Latina, Cruz calificó la decisión como un "trato discriminatorio" y acusó a Estados Unidos de incumplir con sus obligaciones como país anfitrión.
"Se aprovechan de esa condición para intentar callar la voz de Cuba, conscientes de que no tienen argumentos legítimos para discrepar de nuestras posiciones", insistió.
El régimen dijo que la medida busca apartar de los debates técnicos y políticos de la OPS al país que "más ha contribuido en el hemisferio a la cobertura sanitaria", refiriéndose a la exportación de profesionales de la salud en condiciones abusivas.
En respuesta a una pregunta de la agencia de noticias EFE, un portavoz del Departamento de Estado señaló por escrito que "las restricciones de viaje impuestas a los representantes de la dictadura cubana protegen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos".
Añadió que, no obstante, "ninguna restricción impidió que los representantes del régimen ilegítimo cubano que trabajan en su Embajada (en Estados Unidos) asistieran a la reunión de la OPS", como ocurrió.
El encuentro de la OPS en Washington comenzó el lunes y se extenderá hasta el próximo viernes 3 de octubre.
El propio lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a incluir al régimen de Cuba en la categoría más severa de su Informe sobre la Trata de Personas en 2025, al señalar que mantiene una "política o patrón" de trata vinculada al trabajo forzado en las misiones médicas y otros sectores estatales.
La Habana figura entre los 13 países sancionados en el documento bajo la clasificación de nivel tres, reservada para los gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata y que, además, no muestran esfuerzos significativos para alcanzarlos.
Según el reporte, algunos gobiernos en el nivel tres no solo fallan en combatir el delito, sino que participan directamente en él. Cuba es uno de los casos documentados como "trata auspiciada por el Estado".
En agosto pasado, Washington anunció sanciones contra exfuncionarios de la OPS y del Gobierno de Brasil por su participación en el programa Más Médicos (2013-2018), mediante el cual más de 11.000 profesionales cubanos fueron enviados al país suramericano bajo condiciones que el Departamento de Estado calificó como trabajo forzoso.
Una investigación de DIARIO DE CUBA reveló que La Habana se quedaba con hasta el 85% del salario de los médicos exportados a Brasil, mientras la OPS recibía el 5%. El esquema fue denunciado por profesionales que desertaron y catalogado por relatores de la ONU como una forma de "esclavitud moderna".
Mientras tanto la democracia selectiva no tiene reparos en que Bruno Rodriguez se reúna en Nueva York con The Imbeciles' Forum y arme todo un show idolátrico a la imagen de Fidel Castro. Y luego en Cuba le prohíben a un viejo de setenta años la entrada a Estados Unidos por sus vínculos laborales con el régimen, así haya sido un cocinero en una microbrigada cuando tenía treinta años. No hay quién entienda.