El fallecimiento de un niño de cinco años en Songo-La Maya, Santiago de Cuba, tras ingerir una tableta de paracetamol de 500 mg de origen extranjero, supuestamente caducado y "no certificado", según la versión oficial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), vuelve a poner sobre la mesa un tema estructural: el derecho a la salud, la responsabilidad del Estado y los límites de la información oficial.
La Constitución cubana reconoce la salud como un derecho, y el sistema sanitario estatal tiene la obligación de garantizar no solo el acceso a medicamentos y atención médica, sino también de ofrecer información clara y veraz cuando se produce un hecho que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.
Hasta ahora, las autoridades han limitado la explicación del reciente caso a una "intoxicación exógena" como causa de la muerte y han declarado que el medicamento estaba caducado desde 2020. Se informó también que otro niño del mismo hogar, de 11 años, ingirió el mismo fármaco y estuvo hospitalizado bajo observación.
Sin embargo, quedan vacíos preocupantes: ¿Cuál es el laboratorio fabricante? ¿Qué lote y fecha de caducidad exacta tenía? ¿Cómo llegó ese medicamento al hogar del niño? ¿Fue adquirido por canales legales, excedentes almacenados o mercados informales? ¿Hubo fallas en la regulación farmacéutica y en la cadena de custodia?
Tampoco se han ofrecido detalles sobre las condiciones de almacenamiento, ni sobre los responsables de la investigación ni los plazos previstos. La nota oficial insistió en la "educación sanitaria en las comunidades" como solución, trasladando implícitamente la responsabilidad hacia los ciudadanos en lugar de abordar los problemas estructurales.
La actual crisis de desabastecimiento ha empujado a miles de familias cubanas a recurrir al mercado informal para obtener fármacos básicos. En medio de esa persistente crisis, el Gobierno lleva varios años aplicando beneficios arancelarios que permiten a los ciudadanos importar alimentos, productos de aseo, medicamentos, insumos médicos y plantas eléctricas sin pagar impuestos aduaneros. La medida está actualmente vigente hasta el próximo 30 de septiembre y ha sido aprovechada por los cubanos para introducir los fármacos que tanto necesitan, algunos para beneficio propio y para ayudar al prójimo, y otros para lucrar.
Este mecanismo, que inicialmente se presentó como una respuesta temporal a la escasez generalizada, se ha convertido en un parche a la incapacidad del Estado para garantizar productos básicos.
Estándares internacionales y obligaciones del Estado
En otros países, la muerte o daño grave asociado a un medicamento obliga a divulgar datos precisos: nombre comercial, nombre genérico, fabricante, número de lote, fecha de caducidad, certificaciones y origen. Los tratados internacionales sobre derecho a la salud refuerzan que el Estado debe garantizar información accesible, veraz y oportuna a la ciudadanía en casos que puedan afectar su vida.
La falta de transparencia genera rumores, pánico sanitario y desconfianza hacia un sistema cada vez más deteriorado, además de poner en riesgo a otras personas que puedan tener acceso a medicamentos del mismo lote.
Así, el Estado cubano tiene la responsabilidad de:
- Publicar todos los datos posibles sobre el medicamento implicado, incluyendo lote, fabricante, fecha de caducidad y certificaciones.
- Explicar cómo llegó ese fármaco al hogar: vía legal, mercado informal, donaciones o redes no reguladas.
- Fortalecer la regulación farmacéutica: control de importaciones, certificaciones, inspecciones y sanciones.
- Garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales en farmacias estatales.
- Comunicar de manera transparente, oportuna y completa ante tragedias sanitarias, para generar confianza y aprendizaje.
Este caso, más allá del rechazo de la familia a la versión oficial, constituye una fuerte advertencia sobre cómo se gestionan la Salud Pública, el abastecimiento de medicamentos y la transparencia institucional en Cuba. Cumplir con la obligación informativa no solo es un deber legal del Estado, sino también una forma de prevenir futuras muertes. Exigir información como derecho ciudadano puede salvar vidas.
La articulista confunde a Cuba con un país y no con lo que es desde hace 66 años: una hacienda con una dotación de esclavos. El “estado” cubano no está obligado a informar nada. Cuándo se ha visto que el amo esté obligado a informar de lo que le pase a cualquiera de sus esclavos.