Los nuevos pobres de Cuba: sin cifras, sin voz, sin derechos

El discurso oficial cubano por más de medio siglo se ha basado en la inexistencia de pobres. Esta afirmación ha descansado sobre un entramado de políticas sociales universales: salud, educación, vivienda y empleo. Sin embargo, ese relato —que alguna vez tuvo sustento material— hoy se sostiene más por la inercia ideológica que por la realidad. 

En la Cuba contemporánea, los nuevos pobres están por todas partes, pero no figuran en los informes, ni en las estadísticas públicas, ni en la narrativa institucional. Son el rostro invisible de una crisis que se prolonga y profundiza, mientras el Estado evade su responsabilidad estructural y moral.

La pobreza invisible: más allá de la indigencia

Estos nuevos pobres no viven en condiciones de indigencia extrema, pero sufren una precariedad cotidiana que erosiona su calidad de vida de manera sistemática. Hablamos de adultos mayores que no pueden subsistir con sus pensiones mínimas, profesionales altamente calificados que cobran salarios en pesos sin valor real, madres solteras que realizan malabares entre la escasez y el abandono institucional, y familias enteras sin acceso a divisas ni remesas. Esta pobreza no se reconoce como tal porque no se ajusta al estereotipo clásico del "pobre". Pero existe, y se expande.

Para la abogada de DIARIO DE CUBA, Maylin Fernández Suris, experta en políticas sociales, el problema no es solo económico; es también jurídico y ético. 

"La Constitución de 2019 proclama, en su artículo 1, que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social. Más adelante, en el artículo 47, se reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de una vida digna. Estas promesas constitucionales suenan nobles en el papel, pero en la práctica se convierten en letras vacías cuando el Estado no garantiza las condiciones mínimas para ejercerlas. El simple hecho de sobrevivir hoy en Cuba —alimentarse, medicarse, vestirse, trasladarse— se ha convertido en un desafío diario que contradice cualquier noción razonable de dignidad humana", sostiene.

A esto se suma una estratificación social profundamente injusta. Mientras unos acceden a tiendas en moneda libremente convertible (MLC), productos importados, pagos en dólares y remesas, acceso a medicamentos, vestuario y calzado que se provee desde el exterior, otros están atrapados en un sistema estatal que ofrece cada vez menos y exige cada vez más.

Mayra vive sola con una pensión de 1.528 pesos que en septiembre pasará a ser 4.000 tras la subida decretada por el Gobierno. No se considera pobre porque su único hijo que vive en España, a quien hace diez años no abraza, le envía cada mes una humilde remesa, recargas telefónicas, más una compra de alimentos mensual con la que escapa a las miserias de otras familias que nada tienen.

"Soy afortunada. Mi hijo es mi sostén. Si no fuera por él me muero de hambre. En la más reciente crisis del gas que me quedé sin nada para cocinar, me mandó una hornilla eléctrica. Ahora con estos apagones ahí tengo mi lámpara y ventilador recargables. La comida se la debo porque con mi pensión qué puedo comprar... ni un cartón de huevos", dice.

Aunque tenga un alivio que muchas otras personas y familias enteras no ven, Mayra está lejos de ser rica. No tiene entretenimientos de ningún tipo más allá de las videollamadas diarias que mantiene con su hijo y nieto. No sale más allá de las consultas al hospital porque "el transporte es una agonía" y lo que tiene "no paga servicios privados" y su único "lujo" es comerse el pedacito de proteína diario. 

La ingeniera y emprendedora cubana Yulieta Hernández Díaz calculó recientemente el costo mensual de vida de un hogar compuesto por seis personas, dos adultos laboralmente activos, tres jubilados con pensiones y un niño en edad escolar. El resultado: 130.990 pesos cubanos mensuales para cubrir solo lo esencial.

La cifra contrasta brutalmente con los ingresos disponibles. Las pensiones de los adultos mayores apenas suman 6.000 pesos al mes, y si los dos adultos restantes aspiraran a cubrir el resto, cada uno necesitaría ganar 62.495 pesos mensuales, es decir, casi diez veces el salario medio estatal, que según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) fue de 6.506 pesos en abril de 2025, señala la estimación de Hernández, presidenta de la MIPYME privada Pilares Construcciones.

Sin datos, sin derechos: el Estado frente a su omisión

Fernández Suris señala que la brecha entre quienes no acceden a divisas y quienes sí, "no es solo económica, es legalmente tolerada y socialmente invisibilizada". 

"El artículo 42 de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación, incluida la de origen económico. Pero ¿qué mayor discriminación que depender del acceso a moneda extranjera para tener comida, medicinas o artículos de primera necesidad?", añade.

"La omisión del Estado frente a esta nueva pobreza no es un simple fallo administrativo, es una forma de violencia estructural. No existen mecanismos efectivos de atención social que respondan a las condiciones actuales. Las canastas básicas son simbólicas; las ayudas a personas vulnerables, arbitrarias y burocráticas, y la seguridad social, regulada por leyes obsoletas, es insuficiente y excluyente", considera la jurista.

Para Fernández Suris, más grave aún es el silencio institucional. "Cuba no publica estadísticas oficiales confiables sobre pobreza, desigualdad o marginalidad. No existen cifras actualizadas sobre cuántos adultos mayores viven solos, cuántos niños dependen de ayudas familiares del extranjero o cuántas personas tienen ingresos por debajo del mínimo vital". 

El economista Pedro Monreal advirtió recientemente que la falta de datos oficiales sobre la pobreza en Cuba no solo limita el análisis interno, sino que también afecta a organismos internacionales como la CEPAL, de la que el país es miembro. Cuba no aparece en el Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG), herramienta clave para evaluar indicadores regionales comparables. Aunque existe una encuesta nacional, sus resultados más recientes, correspondientes a 2022, no han sido publicados ni compartidos.

Monreal considera que esta omisión deliberada impide conocer con objetividad la magnitud de la pobreza en la Isla y sirve a la narrativa oficial que presenta falsamente al modelo cubano como un éxito social. A su juicio, esta "opacidad estadística" es una forma de "deshonestidad" que encubre el deterioro creciente de las condiciones de vida, marcado por inflación, escasez, crisis energética y un modelo ineficiente. 

"Esta falta de información no es inocente, invisibiliza el problema, bloquea la acción ciudadana y debilita cualquier exigencia legítima de derechos", coincide Fernández Suris.

Ante esta situación, la mayoría de los ciudadanos recurre a estrategias de supervivencia informal: trueques, redes familiares, ayudas de la diáspora, reventa, pequeños oficios. Estas prácticas, lejos de ser reconocidas como expresión legítima de resistencia social, suelen ser perseguidas, penalizadas o estigmatizadas.

"El Código Penal, en lugar de hacer una distinción entre necesidad y delito, castiga muchas de estas actividades sin contemplar el contexto real que las genera. El Estado castiga a quienes intentan sobrevivir fuera de sus estructuras, pero no se hace cargo de los que quedan dentro sin opciones", lamenta la abogada.

"Mirar de frente a sus nuevas pobrezas"

"Hablar de pobreza en Cuba sigue siendo, para muchos, un tabú ideológico. Pero ya no se trata de una crítica desde la oposición, ni de un discurso extranjero, es una constatación que salta a la vista en cualquier cola, en cualquier consulta médica, en cualquier conversación entre vecinos. La narrativa de 'igualdad garantizada' ha caducado, pero sus sustitutos —inequidad, selectividad, exclusión— no se reconocen abiertamente. Y mientras tanto, quienes más necesitan del Estado, encuentran en él silencio, obstáculos o abandono", añade.

"Si Cuba quiere reconstruirse sobre bases justas y sostenibles, debe mirar de frente a sus nuevas pobrezas. No se trata de caridad ni de paliativos, sino de derechos; de asumir, con madurez, que la dignidad que proclama su Constitución está lejos de ser una realidad para muchos. Solo cuando el Estado comience a ver, escuchar y actuar en favor de los más vulnerables, podrá hablarse de justicia social con legitimidad. Hasta entonces, los nuevos pobres seguirán esperando —en silencio— que se cumpla la promesa de un país que una vez fue para todos".