Mientras los medios oficiales celebran los presuntos avances de las autoridades en el enfrentamiento a los delitos, la corrupción y las indisciplinas sociales, una realidad más preocupante se oculta tras esos titulares: la Fiscalía General de la República (FGR), órgano clave en la defensa de la legalidad en Cuba, atraviesa una crisis profunda que amenaza los cimientos mismos del sistema de justicia.
En un informe presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) por la fiscal general cubana, Yamila Peña Ojeda, se afirma que actualmente en la Isla solo el 73% de las plazas fiscales están cubiertas. ¿La solución implementada? Incorporar estudiantes sin titulación, jubilados y pluriempleados como improvisados fiscales. Esto, lejos de ser una estrategia sostenible, es una forma de experimentación institucional con personal no calificado que pone en grave riesgo los derechos de los ciudadanos y el debido proceso legal.
Como si el anterior no fuera un problema mayúsculo, hay otro asunto que debilita el sistema judicial cubano: el éxodo de personal es creciente y pone de manifiesto una tendencia de sostenida inestabilidad a causa de la desmotivación, en particular de los profesionales del Derecho designados como fiscales.
"Estamos asistiendo a un vaciamiento técnico de la Fiscalía. No hay justicia sin fiscales formados, independientes y protegidos. Esto no es una reforma: es una precarización institucional", lamentó una jurista consultada por DIARIO DE CUBA, quien por razones de seguridad prefirió no revelar su identidad.
Una Fiscalía debilitada frente a una legalidad tambaleante
En el debate del 14 de julio último en la ANPP sobre el tema, los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos insistieron en la necesidad de endurecer la lucha contra la corrupción y otras conductas antisociales.
Sin embargo, nada se dijo allí sobre las condiciones reales en que trabajan los fiscales en la Isla, ni sobre los recursos con los que cuentan para cumplir su misión. Además, estos mismos profesionales conviven a diario con las ilegalidades en su seno familiar, a las que se ven obligados para poder sobrevivir.
A los bajos salarios y la desatención que padecen como profesionales los fiscales debe sumársele su falta de independencia funcional, dado que están sujetos a decisiones y presiones políticas. El aparato judicial trabaja con normas obsoletas, que no son capaces de procesar con eficiencia las nuevas formas de corrupción y los delitos económicos, a lo que se suma la carencia de una formación técnica y especialización, y bajos incentivos laborales. Todo lo anterior genera desmotivación y fuga de talento jurídico.
Esta situación no solo debilita el combate a la corrupción que el régimen dice promover, sino que lo contamina. De manera que la FGR, llamada a fiscalizar y sancionar los abusos de poder, puede terminar replicando los mismos patrones de opacidad y discrecionalidad que debería corregir.
En este panorama, se corre el riesgo de que procesos penales mal instruidos o dirigidos por personal inexperto terminen violando derechos fundamentales de los ciudadanos, generando condenas arbitrarias, veredictos erróneos o, en el peor de los casos, impunidad para los verdaderos responsables.
En el actual contexto, mientras se denuncia un repunte de la criminalidad y el descontento social en Cuba, dotar a la Fiscalía de personal improvisado no solo es ineficaz, sino peligroso.
El silencio oficial y la necesidad de un cambio real
Mientras el discurso oficial pretende mostrar una institucionalidad activa, la realidad es que no existen mecanismos transparentes de rendición de cuentas ni estadísticas públicas fiables sobre los resultados reales del trabajo fiscal.
La reforma real que necesita Cuba no es punitiva, sino estructural, y demanda construir un sistema fiscal independiente, profesionalizado, con acceso a tecnologías y herramientas modernas de investigación, y con plena garantía del debido proceso para todos los ciudadanos.
Entre las medidas perentorias para la reconstrucción del sistema fiscal cubano que proponen distintos sectores académicos y jurídicos están:
- La creación de un Plan Nacional de Profesionalización del Ministerio Público, que garantice una carrera fiscal basada en méritos, formación y autonomía.
- La actualización del marco normativo penal y procesal, para enfrentar eficazmente las nuevas manifestaciones delictivas.
- La exigencia de transparencia institucional y mecanismos externos de control, tanto nacionales como internacionales.
- Amplia inversión en incentivos laborales.
- Garantías de seguridad personal y familiar ante la exigencia y ejercicio independiente de la profesión.
Dada la gravedad del deterioro institucional que enfrenta Cuba, cabe afirmar que sin fiscales preparados no hay legalidad. Y sin legalidad, no hay justicia.
El pueblo cubano no necesita más propaganda ni medidas desesperadas. Necesita instituciones creíbles, profesionales capaces, y un sistema de justicia que defienda a los vulnerables, en lugar de condenarlos por errores de procedimiento. La Justicia no se improvisa, se construye. Y en Cuba, urge comenzar de nuevo.
esto alimenta y acelera la corrupcion en el sistema judicial. es relativamente mas facil ligar con corrupcion a un fiscal improvisado.
Un fiscal improvisado, sin previa preparación, te condena si le caíste gordo, aunque no hayas cometido delito. Si eres una delincuente bonita te absuelve si le entregas tu cuerpo. En resumen, la justicia limpia brilla por su ausencia.