Cansados de años de denuncias sin resultados, el grupo independiente Bienestar Animal Cuba (BAC) decidió escalar su lucha más allá de las fronteras de la Isla. Tras cuatro años de una ley que no ampara ni a animales ni a sus protectores, la nueva estrategia apunta alto: que los maltratadores documentados en Cuba enfrenten sanciones reales en el exterior, desde vetos migratorios hasta la revocación de permisos de residencia o de estudios.
"Con el alcance global buscamos que cada expediente documentado disuada a posibles maltratadores, al traducirse en bloqueos fuera de la Isla", explica el equipo de prensa de BAC a DIARIO DE CUBA. La organización ya ha iniciado contactos con agencias e instituciones extranjeras —incluyendo consulados y fiscalías en Estados Unidos y Europa— para enviar informes verificados sobre personas con antecedentes de crueldad animal.
De la impunidad nacional a las sanciones internacionales
Pese a la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 31 sobre Bienestar Animal en abril de 2021, BAC señala que la impunidad sigue siendo la norma en Cuba. La norma legal ha resultado "ambigua, insuficiente y poco efectiva", sostienen. En la práctica, las sanciones se limitan casi siempre a multas leves que no logran disuadir el maltrato.
"La mayoría de los casos quedan impunes, y los que se sancionan dependen de si se hacen virales en redes sociales", afirman, aunque esto tampoco asegura el castigo para los criminales, ni el fin de sus actos.
Recientemente, la comunidad animalista expresó su profunda indignación ante la liberación de un individuo denunciado por graves actos de crueldad animal en el reparto La Juanita, de Cienfuegos, a pesar de contar con evidencias contundentes, incluyendo un video donde el sujeto se negó a colaborar y evidenció ser consciente de sus acciones.
Según testimonios publicados en Facebook, el sujeto habría obtenido animales de forma ilegal y fue acusado de reiterados actos de abuso sexual, maltrato y asesinato de animales dentro de un cuarto ubicado en el fondo de su vivienda.
Los animalistas que se hicieron eco del caso dijeron que la justificación para su liberación fue "problemas mentales", pero que esta no ha sido acompañada por medidas adecuadas, como su internamiento en una institución especializada. En grupos de animalistas ha denunciado que el individuo, identificado como Yordenis Miguel Torre, ha vuelto a perpetrar los mismos actos por los que estuvo detenido en mayo por menos de tres horas.
Para BAC, la falta de un cuerpo especializado, la dependencia de los inspectores de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y la escasa formación de los agentes implicados, han hecho del Decreto-Ley de Bienestar Animal en Cuba un instrumento inoperante.
Las vías oficiales de denuncia —correo electrónico y oficinas presenciales— no solo son ineficientes, no garantizan respuesta ni seguimiento. "En el 90% de los casos los correos no responden o están en desuso. En la mayoría de los casos las denuncias se archivan sin mayor investigación ni comunicación al denunciante, lo que genera desconfianza en el proceso", añade la organización.
A falta de apoyo estatal, una estrategia internacional
BAC trabaja actualmente en la conformación de una base de datos con apoyo de sus seguidores y una comisión jurídica privada, compuesta por tres abogados, un consejo asesor confidencial y una secretaría de actas. Esta comisión valida denuncias mediante pruebas fotográficas, testimonios de al menos dos testigos y documentación forense. En su ofensiva internacional, solo los expedientes certificados serán remitidos a autoridades extranjeras.
Además de los vetos migratorios, BAC busca alianzas con bufetes especializados en protección animal en el exterior para activar mecanismos legales de inadmisión, revocación de residencia o deportación de los maltratadores. El objetivo: que la falta de consecuencias dentro de Cuba no se traduzca en inmunidad en el extranjero.
"En los procesos de regulación migratoria, los antecedentes penales que se exigen no recogen actos de maltrato animal, porque el Estado cubano no los penaliza de forma efectiva. Ahí es donde entramos nosotros", aclaran desde BAC.
La organización denuncia también la falta de apoyo institucional a los protectores y rescatistas de animales en Cuba, quienes enfrentan obstáculos legales, escasez de insumos veterinarios y el riesgo de hostigamiento por parte de las autoridades.
La ausencia de subvenciones hace que el voluntariado y la caridad sean la única base de su trabajo, signado además por las duras condiciones económicas que golpean a los cubanos.
"Existen reuniones informales con funcionarios estatales, pero no hay convenios formales ni subvenciones públicas para refugios, campañas de alimentación o atención médica. Los programas dependen casi exclusivamente de donaciones internacionales y del voluntariado", señala BAC.
¿Qué establece la ley cubana sobre el bienestar animal?
El Decreto-Ley de Bienestar Animal (Decreto-Ley No. 31) asigna al Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA) del Ministerio de la Agricultura la dirección y control de la política estatal sobre bienestar animal. Este organismo tiene funciones como aprobar programas, autorizar centros de acogida, controlar la tenencia de animales y coordinar acciones educativas.
Además, varios ministerios y organismos estatales tienen responsabilidades específicas, entre ellos:
- Ministerio de Salud Pública: control de enfermedades zoonóticas, condiciones sanitarias en centros de observación y capacitación técnica.
- Ministerios de Educación y Educación Superior: incorporación de contenidos sobre bienestar animal en los planes de estudio.
- Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria: control del cumplimiento de la ley.
- Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Transporte, Industria Alimentaria y las Fuerzas Armadas: tienen tareas relacionadas con regulación, transporte, uso y supervisión del trato a los animales en sus respectivas esferas.
- Aduana General y gobiernos locales: vigilancia en fronteras, participación comunitaria y desarrollo de proyectos locales vinculados al bienestar animal.
Según la normativa, las formas asociativas (como grupos protectores) pueden colaborar, pero siempre subordinadas al marco estatal.
En cuanto a sanciones, inspectores estatales y la Policía pueden imponer multas, decomisar animales y suspender permisos, aunque el margen de acción depende de la interpretación y voluntad de las autoridades. La cuantía de las multas puede ajustarse según la gravedad del caso, pero en la práctica estas sanciones han sido escasas e ineficaces, como señala BAC.
Propuestas urgentes
Ante el actual panorama y con la ley de base, BAC plantea una batería de reformas necesarias para lograr un verdadero cambio.
"Urge crear un registro público de infractores, establecer protocolos de inspección trimestral, dotar de autonomía operativa a las comisiones locales y formalizar mecanismos que incluyan sanciones migratorias como parte del Decreto-Ley", reclama.
El grupo considera que para combatir el abandono y el abuso es necesario implementar programas educativos en escuelas, capacitar a policías y agentes rurales en bienestar animal, crear un fondo estatal para refugios certificados y clínicas móviles, e integrar a las ONG en la elaboración y supervisión de protocolos.
BAC pide, además, "cambiar la Ley de Asociaciones que nos limita el reconocimiento como entidad independiente en Cuba".
"El maltrato animal refleja la salud moral de una sociedad. Hacemos un llamado a las autoridades para que actúen sin demoras y con hechos. Los seres más vulnerables deben ser una prioridad ineludible", concluye BAC.
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