Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) confirmaron dos feminicidios más ocurridos en la Isla en medio de las dificultades que entrañan para la verificación de los hechos los apagones y las precarias comunicaciones.
"Lamentamos dos nuevos feminicidios en Cuba, donde el poco servicio eléctrico y la desconexión afectan cada día más la verificación de estos dolorosos crímenes", denunciaron los equipos de activistas en sus redes sociales.
Precisaron que Daimí Tamayo Milián, de 36 años, murió el pasado 25 de abril a manos de su expareja, en el Desvío del Caney, en el municipio Bartolomé Masó, en la provincia Granma.
"El agresor se dio a la fuga y luego se suicidó. Pedimos apoyo para verificar si Daimí, identificada como Dami en Facebook, había realizado una denuncia previa contra su agresor en la policía. Llegue nuestro pésame a la niña que queda huérfana, con la pérdida de madre y padre, demás familiares y personas allegadas", escribieron las plataformas.
Igualmente, confirmaron que el pasado 27 de abril Yilianys Reyes Fundora, de 17 años de edad, murió a manos de su expareja, en Brasil (municipio Esmeralda), Camagüey.
"Resaltamos que la víctima es menor de edad. Llegue nuestro pésame a la bebé de dos años de edad que la sobrevive, demás familiares y personas allegadas", añadieron los observatorios independientes.
El subregistro realizado por OGAT y YSTCC hasta el martes 6 de mayo se eleva a 14 feminicidios, mientras investigan una alerta en Artemisa, una en Matanzas, una en Santiago de Cuba, una en La Habana y una en Sancti Spíritus.
Las plataformas independientes invitan a la ciudadanía a denunciar estos crímenes y aclaran que hacerlo "no es delito".
En un reciente artículo publicado en el diario oficial Granma, dos fiscales cubanas —Ana Hernández, jefa de la Dirección de Información y Análisis, y Anneliesse Toranzo, fiscal de la Dirección de Procesos Penales— citaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información solo para confirmar su inoperancia. El texto dejó claro que el Gobierno de Cuba no tiene intención de publicar estadísticas oficiales sobre feminicidios ni sobre otras formas de violencia de género, a pesar de haberse visto obligado a reconocer públicamente su existencia.
El artículo evidencia la resistencia institucional a ofrecer datos que permitan dimensionar la violencia machista en la Isla, un fenómeno que el Estado asegura combatir, pero sobre el cual mantiene control de la información.
A finales de octubre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió sus observaciones finales al noveno informe periódico de Cuba. El organismo de Naciones Unidas urgió al Gobierno cubano a abordar con prioridad varios aspectos críticos en materia de derechos de las mujeres.
Entre sus principales preocupaciones, el CEDAW destacó los "altos niveles de violencia de género, con un elevado número de feminicidios y agresiones", además de la inexistencia de refugios para víctimas, la ausencia de una ley integral que aborde todas las formas de violencia contra la mujer y el hecho de que el feminicidio no esté tipificado como delito específico en el marco legal cubano.
El Comité también expresó preocupación por las severas restricciones que enfrentan las organizaciones independientes de mujeres. La actual Ley de Asociaciones impide la constitución legal de grupos autónomos, mientras que el Código Penal sanciona la recepción de financiamiento internacional por parte de estas organizaciones. Iniciativas como YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas operan en un contexto de riesgo y desprotección legal, a pesar de su papel clave en el monitoreo y denuncia de la violencia feminicida en el país.
