En la misma semana en la que el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero, advirtió en una reunión gubernamental de posibles responsabilidades penales a los directivos de 13 organismos y entidades estatales por "irregularidades en las operaciones de comercio exterior", la Policía financiera de Turín, Italia, publicó los detalles de la Operación Cuba Libre, a través de la cual las autoridades pusieron fin a un caso de fraude fiscal de 9 millones de euros, derivados de las actividades de ocho empresarios locales que exportaban productos informáticos a Cuba, informó el diario Corriere Torino.
La operación, que incluyó registros domiciliarios y computadores, inspecciones in situ y reportes de transacciones sospechosas que permitieron reconstruir el esquema delictivo utilizado, empezó con una empresa con sede en Turín que resultó sospechosa por los especialistas de la Guardia di Finanza italiana, quienes notaron que en la operación también estaba involucrada a una empresa panameña y dos empresas ficticias en Reino Unido que emitían facturas de transacciones económicas inexistentes.
"La empresa vendía sus mercancías a clientes residentes en Cuba a través de la intermediación de empresas ficticias a un precio inferior al real, que finalmente era abonado en las cuentas bancarias de los principales sospechosos italianos. De hecho, los productos nunca pasaron por Inglaterra o Panamá, sino que fueron enviados directamente desde Turín a La Habana. Con un beneficio 'bajo la mesa' de seis millones de euros. La misma técnica fue utilizada por otras tres empresas que ocultaron otros tres millones de euros a Hacienda", detalló Corriere Torino.
Así, ocho empresarios italianos fueron acusados de emitir y utilizar facturas u otros documentos falsos para transacciones inexistentes. "Los dos principales sospechosos, ambos de Turín, ya habrían pagado 1,7 millones de euros al fisco para regularizar su situación contributiva", indicó el citado medio.
La información disponible no permite afirmar que las autoridades cubanas estaban al corriente de esta situación, sin embargo, casos similares anteriores y el esquema profundamente corrupto con el que opera GAESA y no pocas empresas importadoras dejan un amplio terreno para las suspicacias.
No obstante, resulta atinado destacar la coincidencia de la Operación Cuba Libre con la intervención de Marrero en el Consejo de Ministros, en la que se refirió a "diversas negligencias" en la actividad importadora, y subrayó los "incumplimientos de contratos con proveedores y clientes", la "superficialidad en la selección de clientes y proveedores", las "deficiencias en las cláusulas de pago de los contratos" y "el análisis previo de posibles rutas de cobro".
Asimismo, Marrero criticó los "trámites engorrosos, dispersos y dilatados", la "falta de rigor por las empresas de comercio exterior para garantizar la extracción de los contenedores" y la "insuficiente gestión en el cobro de las exportaciones".
El primer ministro cubano resaltó que "no basta con una medida disciplinaria. Es la aplicación, además, de la responsabilidad material. Entonces los jefes máximos tienen que responder por el análisis, por la aplicación de las medidas y por el seguimiento, hasta que se logre resarcir el daño".
En este contexto, ni las autoridades italianas han aclarado si hubo participación o no de entidades cubanas en la Operación Cuba Libre, ni las autoridades cubanas reconocen si entre esas "diversas negligencias" mencionadas por Marrero estarían las actividades derivadas de este fraude fiscal.
Este caso abre la interrogante de cuán transparente son las operaciones de comercio exterior del régimen cubano y hasta qué punto la Isla sirve o ha servido como escenario para el lavado de dinero o para invertir dinero fraudulento.
