Abogados de la firma Prada Domínguez, con sede en Miami, preparan una demanda para sacar del limbo legal a más de medio millón de cubanos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y fuero liberados con el documento migratorio I-220A.
Conocido como "Orden de Supervisión", el documento I-220-A se emite a algunos migrantes que son liberados, pero están sujetos a un control, mientras esperan procedimientos migratorios. Al no ser considerado una admisión legal al país, impide que muchos cubanos accedan a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.
La demanda, según explicó al canal Univisión el abogado Anthony Domínguez, se basa en que los inmigrantes fueron puestos en libertad en EEUU con documento equivocados.
"El argumento es que fueron dados los documentos equivocados en la frontera cuando fueron liberados", dijo Anthony Domínguez.
El bufete —que en diciembre de 2024 obtuvo una victoria legal que permitió a 20 inmigrantes irregulares cubanos permanecer en el país por medio de un parole del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (USCIS por sus siglas en inglés)— actualmente trabaja en una nueva demanda, que podría ser resuelta por la corte del Circuito 11 en un período que oscila entre un año y un año y seis meses, de acuerdo con Domínguez.
"Podemos hacer demandas o una demanda de varias personas, para las personas que fueron procesadas para la deportación expedita, pero fueron liberados antes de programar o tener la entrevista de miedo creíble con USCIS", añadió el abogado.
Domínguez también explicó que su objetivo es llegar a un acuerdo con el Gobierno de EEUU para que los afectados puedan obtener el documento de parole y eliminar el I-220A.
"Esperamos lo mismo, que encontraremos el acuerdo con el Gobierno para producir el documento de parole y quitar el I-220A", sostuvo.
El documento I-220A ha sido criticado por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, quien, a mediados de febrero, anunció que prepara un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de proteger a los cubanos que se encuentran en el país con ese documento.
"Estamos haciendo una ley donde le pedimos al Congreso federal que le permita a todo cubano que tenga un I-220A poder seguir el proceso migratorio hasta tener el parole y poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano", dijo entonces la republicana por Florida a Univision.
"Lo interesante de la I-220A es que es una figura que se creó bajo la Administración del presidente Biden y que le pone un freno a todo cubano que entró para no poder seguir el camino y acogerse finalmente a la Ley de Ajuste Cubano para poder hacerse ciudadano norteamericano", añadió.
El proyecto de la congresista ha sido criticado por el abogado cubano de inmigración Wilfredo (Willy) Allen, quien dijo al medio independiente Cibercuba solo habría que presionar al Departamento de Seguridad Nacional para dictamine "que la Ley de Ajuste Cubano aplica a los cubanos I-220 A porque fueron inspeccionados y admitidos".
La Administración Trump anuncia la creación de un registro para las personas que están en EEUU de manera ilegal
Mientras esperan una solución para su situación migratoria, los cubanos que ingresaron a EEUU irregularmente se verán obligados a suministrar sus datos a un nuevo registro que creará el Gobierno o podrían ser multados e incluso enjuiciados.
Según recogió la agencia AP, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este martes en un comunicado que todas las personas que se encuentren en EEUU de manera ilegal deberán registrarse, proporcionar huellas dactilares y dar una dirección.
El proceso de registro es aplicable a toda persona de 14 años o más y se basa en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
"El incumplimiento en registrarse es un delito que podría resultar en una multa, prisión, o ambos", dice el comunicado del DHS citado por AP. "Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, ya no más".
El grupo de defensa de inmigrantes National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración) consideró en una declaración, que el registro permitirá a las autoridades señalar a personas para deportarlas.
En una publicación en su página web, la organización dijo que "la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 es la única vez que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una campaña integral para requerir que todos los no ciudadanos se registren".
Las personas tenían que ir a su oficina de correos local para registrarse, y el objetivo era identificar "amenazas potenciales a la seguridad nacional caracterizadas ampliamente como comunistas o subversivas".
"Cualquier intento de la administración Trump de crear un proceso de registro para no ciudadanos que anteriormente no pudieron registrarse sería utilizado para identificar y señalar a personas para detención y deportación", advirtió la organización.
Por otra parte, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó en su cuenta de la red social X que la aplicación CBP One, cancelada por Donald Trump tras asumir su segundo mandato presidencial, solo podrá ser usada por los inmigrantes irregulares para auto deportarse o para trasladarse de centro de detención.
