El Senado de Estados Unidos envió el proyecto de ley "No Stolen Trademarks Honored in America" (No Marcas Robadas Reconocidas en EEUU) al presidente, Joe Biden. Este debe ahora aprobarlo mediante su firma para que se convierta en ley, o vetarlo, lo que lo devolvería al Congreso. El Senado lo aprobó por unanimidad este martes, informó el medio estadounidense Martí Noticias.
El objetivo del proyecto, que ya fue aprobado en noviembre de 2023 por la Cámara de Representantes, es prohibir la validación y el uso en Estados Unidos y por parte de agencias estadounidense, de las marcas que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959.
La norma busca proteger los intereses y derechos de los empresarios que fueron víctimas de confiscaciones por parte del castrismo, con excepción de los casos en los que se demuestre que existió un consentimiento claro, otorgado por el propietario original de la marca comercial.
La prohibición será aplicada solo si la entidad que hace valer los derechos de marca sabía o debió saber, al momento de adquirir los derechos, que esta es igual o sustancialmente similar a otra relacionada con un negocio o activo confiscado.
La presentación de la propuesta de ley en noviembre estuvo a cargo del legislador republicano Darrell Issa, de California, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, de la Florida. Contó con el respaldo de otros 17 congresistas, entre ellos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, y Carlos Giménez.
Si el proyecto se convierte en ley —lo que ocurriría también, de manera automática, si transcurren diez días sin que haya respuesta por parte del presidente— esta tendría importantes implicaciones sobre marcas confiscadas por el régimen.
La más conocida es la del ron Havana Club, incautada ilegalmente por el régimen de Fidel Castro en 1960, junto con los activos de la empresa cubana José Arechabala SA.
En 1990, fue vendida a la empresa de licores Bacardí, con sede en Bahamas, que sostiene una larga batalla legal con el régimen cubano por la marca.
En junio, Barcadí ganó una apelación en Estados Unidos que le permitió reavivar esa batalla, dos años después de que un juez desestimara su demanda contra la Oficina de Patentes y Marcas (PTO, por sus siglas en inglés) de EEUU, por renovar el registro de la marca en favor de la empresa estatal Cubaexport.
Bacardí había demandado a la PTO en diciembre de 2021, por renovar el registro de la marca a favor de la empresa estatal de Cuba. La demanda, insertada en la lucha legal que sostienen La Habana y el gigante de las bebidas alcohólicas, precisaba que este último comenzó a vender ron Havana Club en Estados Unidos en 1995, después de comprar la marca. La empresa estatal cubana de exportación y la firma francesa de bebidas espirituosas Pernod Ricard venden ron con el mismo nombre en otros países, aunque tienen prohibido venderlo en EEUU.
La estatal Cubaexport registró por primera vez la marca Havana Club en Estados Unidos en 1976. Según la denuncia, esta empresa intentó renovar el registro en 2006, pero no pudo obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).
La denuncia aseguraba que la marca registrada de Cubaexport debería haber expirado seis meses después, según la ley federal, pero la PTO renovó el registro poco después de que la OFAC le otorgara una licencia en 2016.
Bacardí señalaba que la renovación "unos diez años después de que expiró el registro es un atropello moral, sin duda, pero también viola la ley y debe ser anulada".
Cinco meses atrás, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, en el estado de Virginia, falló que Bacardí podía impugnar la decisión de la PTO ante un tribunal federal
En noviembre de 2023, al presentar la propuesta de ley "No Stolen Trademarks Honored in America", el legislador republicano Darrell Issa afirmó que el régimen cubano "tuvo el descaro" de vender a Estados Unidos y al mundo productos que habían robado, como es el caso del ron Havana Club.
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