La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este lunes el proyecto de ley denominado "No Stolen Trademarks Honored in America" (No Marcas Robadas Reconocidas en EEUU), que prohíbe la validación y el uso de las marcas que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959, según reportó el portal informativo Martí Noticias.
Esta normativa está dirigida a proteger los intereses y derechos de los empresarios que fueron víctimas de la confiscación de bienes por parte del régimen de la Isla, exceptuando los casos en los que se demuestre que existió un consentimiento claro, otorgado por el propietario original de la marca comercial.
El representante cubanoamericano Mario Díaz-Balart, republicano por Florida, dijo que la iniciativa había tenido "un fuerte apoyo bipartidista para proteger los derechos de propiedad de aquellos cuya propiedad intelectual fue confiscada por el régimen de Castro".
La propuesta, que fue presentada por el legislador republicano Darrell Issa, de California, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, de la Florida, logró el respaldo de otros 17 congresistas, entre ellos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Díaz-Balart, y Carlos Giménez, agregó el citado medio.
Darrell Issa sostuvo que el régimen cubano "tuvo el descaro" de vender a Estados Unidos y al mundo productos que habían robado, como es el caso del ron Havana Club. La estatal Cubaexport registró por primera vez la marca Havana Club en Estados Unidos en 1976. Según la denuncia, Cubaexport intentó renovar el registro en 2006, pero no pudo obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU.
La empresa estatal cubana de exportación y la firma francesa de bebidas espirituosas Pernod Ricard venden ron con el mismo nombre en otros países, aunque tienen prohibido venderlo en EEUU.
Durante los años 90, el Ron Havana Club fue vendido a Bacardí, una marca que ha peleado en tribunales de EEUU contra el régimen cubano y su distribuidor internacional por obtener la legitimidad de la marca.
"Todos estamos de acuerdo en que el Gobierno de Estados Unidos no debería premiar a quienes roban y explotan marcas registradas o cualquier otra propiedad intelectual de sus legítimos propietarios para luego beneficiarse de las leyes estadounidenses. Permitir a Cuba propagar sus apropiaciones indebidas sería y es actualmente una farsa", destacó el legislador de California.
"Como partidario de esta legislación desde hace mucho tiempo, estamos un paso más cerca de proteger mejor los derechos de propiedad y evitar que la dictadura cubana se beneficie de la propiedad robada", agregó Díaz-Balart.
Este proyecto de ley prohíbe a los tribunales estadounidenses y a las agencias del poder ejecutivo hacer cumplir o validar dichas marcas confiscadas si la marca pertenece a un negocio o activo confiscado. Actualmente, la prohibición se limita a los tribunales estadounidenses y se aplica sólo si un nacional cubano hace valer en EEUU la marca confiscada.
Según el proyecto de ley, la prohibición no se aplicará si el propietario original de la marca, o un sucesor, ha dado su consentimiento expreso a la acción de ejecución.
La prohibición se aplicará sólo si la entidad que hace valer los derechos de marca conocía o debía haber sabido, al momento de adquirir los derechos, que la marca era igual o sustancialmente similar a otra relacionada con un negocio o activo confiscado.
"El régimen criminal de Castro tiene una larga historia de confiscar activos y lucrarse con propiedad intelectual robada a sus ciudadanos", dijo el representante Carlos Giménez.
"Como el único miembro del Congreso nacido en Cuba, estoy orgulloso de trabajar de manera bipartidista para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de Castro", agregó.
