Crisis energética en Cuba: remover ministros y otros cargos es tirar los muebles por la ventana

La depauperación sostenida de la infraestructura eléctrica cubana es un hecho incuestionable, como es incuestionable, también, que el problema de la obsolescencia tecnológica actual obedece a malas decisiones estratégicas de Fidel y Raúl Castro, a la incompetencia de Miguel Díaz-Canel y quienes actualmente detentan el poder en Cuba. Esta tesis es demostrable a través de cuatro apuestas fallidas.

Tras el errático enfrentamiento directo del poder político cubano al poder norteamericano y demás potencias occidentales desarrolladas, las autoridades de la Isla no tuvieron más opción que migrar la tecnología existente a inicios de la Revolución hacia otras, más ineficientes, de países del campo socialista, con la Unión Soviética a la cabeza.

A raíz del empeño grandilocuente de Fidel Castro de creer en milagros o en sueños muy complejos de conseguir, el régimen se atrincheró en la idea de que podía, al menos medianamente, equilibrar la balanza de poderes políticos y económicos necesarios para hacer frente a EEUU. Con esta estrategia, apoyó varias revoluciones en la región y las autoridades cubanas pretendieron formar un bloque de intercambio comercial al estilo del CAME.

Pero lo cerrado del modelo cubano, así como la carencia de recursos naturales útiles al desarrollo industrial, han hecho imposible que el régimen consolide su presencia en foros económicos regionales como CARICOM y MERCOSUR y se haya quedado, en cambio, en la politiquería del ALBA, que en algún momento pudo ser ese bloque al que aspiran los dirigentes cubanos, pero que hace años no aporta el rédito económico que esperaban explotar todavía más.

Además, todos los recursos utilizados en función de subvertir ideológica, económica, militar, social y políticamente África han de calificarse como una herencia dilapidada. Sin lugar a equívocos, pudo reinvertirse mejor en infraestructuras esenciales al desarrollo nacional, como el sector eléctrico.

La tercera arista de esta tesis está relacionada estrechamente a las anteriores: prohibir a los ministros de Energía y Minas sucedidos en el tiempo reinvertir oportuna y eficazmente parte del dinero captado en infraestructuras vitales como las eléctricas, ferroviarias, carreteras, puertos, y otras que hoy exhiben su total resquebrajamiento.

Asimismo, otro punto importante es no pagar a los trabajadores el valor de su trabajo y, consecuentemente, devaluar el valor del peso cubano debido a la falta de producción de bienes y servicios. Es decir, explotar al máximo las capacidades del capital humano cubano sin base a las reglas del mercado e implementar políticas monetarias fallidas que impiden a las empresas pagar como es debido, así como captar/gestionar utilidades en monedas fuertes que permitan la reinversión oportuna en mejora de tecnologías competitivas es otra apuesta fallida.

En la práctica, el presupuesto del Estado no se distribuye conforme a las necesidades reales de cada rama de la economía. Como está centralizado, y el Consejo de ministros carece de independencia para asignarlo de forma objetiva a un sector u otro, prima ―como en la creación del derecho vigente― la voluntad política. Es por ello que crece el sector militar industrial, el más propio y privilegiado de la familia Castro, en detrimento del resto de la sociedad.

Entonces, ¿quién o quiénes son responsables de este caos en el orden legal?

Todos los ministros de Economía y Planificación, los de Finanzas y Precios, los de Energía y Minas designados desde 1976 tienen un grado de responsabilidad. En eso no hay dudas, pero no son culpables directos de la actual crisis energética nacional. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa diferente es la culpabilidad. Estamos ante definiciones jurídicas diferentes y, como tal, merecen análisis individuales.

Todos los responsables, como los ministros y decisores mencionados, responden por ser cobardes, unos, y por afianzar y defender un modelo fallido, otros, pero, ninguno de ellos, incluido el actual primer ministro Manuel Marrero, tiene poderes e independencia funcional/institucional suficiente para haber cambiado el crítico estado de cosas.

Todos los ministros pasados debieron dimitir o ser depuestos y todos los nuevos deben condicionar su labor a tener independencia y verdadero poder. Sin embargo, a pesar de ser responsables, estamos ante un problema histórico y estructural que tiene como culpables directos a pocas personas: Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

Ante este caso, el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, impulsado por una Fiscalía General de la República y un Tribunal Supremo que respeten la lesionada y desatendida voluntad popular, deben aprobar que Díaz-Canel sea acusado y juzgado como posible autor de varios delitos contra la economía nacional, sin descartar la posibilidad del imputársele un delito grave de sabotaje previsto y sancionado en los artículos 215 y 216 del Código Penal.

Esta decisión estaría justificada en que ha estado actuando con el propósito de impedir u obstaculizar el normal uso o funcionamiento de los medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones y unidades socioeconómicas destinadas a garantizar la viabilidad de fuentes energéticas y de transmisión de energía, afectando consecuentemente cada uno de los sectores que hacen sostenible la vida del país. Según el artículo 126 del vigente Código Penal, la sanción es de privación de libertad de diez a treinta años, privación perpetua de libertad o muerte, si en la realización de los hechos descritos "se ocasionan lesiones graves o la muerte de alguna persona; y, se pone en peligro la seguridad colectiva".

La Asamblea Nacional debe investigar la responsabilidad y culpabilidad de Raúl Castro y de Díaz-Canel en este gravísimo problema. Ello implicaría, en primera instancia, cesarlos en los cargos de diputados y abrir un proceso político, administrativo y penal. Remover ministros y otros cargos es tirar los muebles por la ventana. Hay que ir a por los culpables y promover medidas profundas de transición y de reparación.