'La resolución de la ONU sobre el embargo no arreglará a Cuba ni obligará a otros a arreglarla'

A punto de que la Asamblea General de la ONU vote el miércoles 30 de octubre una nueva resolución presentada por el régimen de Cuba de condena al embargo de Washington contra La Habana, una de las organizaciones que favorece el fin de las sanciones y el incremento de los negocios con la Isla dio a conocer un informe demoledor para la narrativa oficial sobre el tema.

El Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba aseguró en el documento que "la resolución de las Naciones Unidas no arreglará a Cuba, ni obligará a otros a arreglarla", puesto que "para un Gobierno, el 'fracaso para prosperar' se define como un camino hacia la ruina en el que continúa repitiendo errores a pesar de conocer de antemano el resultado de esas decisiones. O peor aún, un Estado fallido".

Si bien el Consejo da por sentado que La Habana encontrará, como hace desde 1992, apoyo suficiente para su resolución, "que critica las políticas, regulaciones y estatutos del Gobierno de los Estados Unidos que afectan a la República de Cuba, también habrá una pregunta menos visible que cada una de las delegaciones de los 193 países miembros discutirá entre sí".

Según el análisis, la pregunta es "por qué el Gobierno de Cuba no aprovecha, y lo hace activamente, todas las oportunidades comerciales, culturales, económicas, financieras y políticas con EEUU que están autorizadas por las políticas, regulaciones y estatutos implementados por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Estado".

El documento cita a Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores cubano, quien aseguró que "el bloqueo económico y la agresión contra la economía cubana no han cambiado" desde el final de la Administración Trump-Pence (2017-2021), puesto que las sanciones habrían sido "aplicadas fielmente por la Administración Biden". 

Pero la simple verificación de esa afirmación, advierte el Consejo, muestra que "en 2016 se autorizó por primera vez la importación de café de Cuba a Estados Unidos. Desde 2016, los productos para el cuidado de la salud (medicamentos) cubanos se han importado a los Estados Unidos para su evaluación. En 2017, se autorizó por primera vez la importación de carbón vegetal de Cuba a Estados Unidos. Nespresso USA Inc., con sede en Nueva York, subsidiaria de Nestlé S.A., con sede en Lausana, Suiza, exporta productos a Estados Unidos e importa productos de la República de Cuba".

"Lo más notorio sigue siendo la falta de voluntad de los sucesivos gobiernos de la República de Cuba, comenzando con la Administración de Raúl Castro-Machado Ventura (2006-2018) y continuando con la Administración Díaz-Canel-Valdés Mesa (2018- ) para aprovechar plenamente las oportunidades comerciales autorizadas durante la Administración Obama-Biden (2009-2017) y continuando hasta ahora, a través de la Administración Biden-Harris (2021-2025)", enfatiza.

Recuerda el Consejo que "cuando se promulgó la Ley de Reforma y Mejora de las Sanciones Comerciales de 2000, durante los últimos meses de la Administración Clinton-Gore (1993-2001), Fidel Castro proclamó que, dado que la ley exigía el pago en efectivo por adelantado y no permitía condiciones de pago ni financiación, no habría compras de productos agrícolas o alimenticios a empresas con sede en los Estados Unidos. Sin embargo, al detectar oportunidades para crear un grupo comercial en todo Estados Unidos, la primera compra de 4,8 millones de dólares en diciembre de 2001, descrita como 'excepcional' debido al impacto de un huracán, ha ascendido desde entonces a más de 7.500 millones de dólares".

Señala el documento que, 23 años después de esa primera importación, Cuba se ubica cada año entre los primeros 60 mercados de exportación de de productos agrícolas y alimenticios de los 220 destinos comerciales que tiene EEUU para esos rubros. 

"Si la Administración Castro-Machado Ventura y luego la Administración Díaz-Canel-Valdés Mesa hubieran permitido plenamente las oportunidades comerciales autorizadas durante la Administración Obama-Biden, el impacto de las decisiones de la Administración Trump-Pence podría haberse mitigado. Es importante señalar que no todas las decisiones centradas en Cuba de la Administración Obama-Biden fueron detenidas o revertidas por la Administración Trump-Pence".

En cambio, señala el Consejo, si el 20 de enero de 2017, cuando asumió Donald Trump la Presidencia, hubieran existido en EEUU empresas con operaciones en Cuba con decenas de miles de empleados, la Casa Blanca "podría haberse visto limitada" a la hora de aplicar restricciones.

"Cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas de contabilidad, ensambladoras, bufetes de abogados, fabricantes, minoristas, proveedores de servicios y mayoristas con sede en los Estados Unidos estaban preparados para establecer una presencia dentro de Cuba. Fueron rechazados", indica el Consejo.

En otro de los escollos para las relaciones entre Washington y La Habana, señala el documento que "a partir de 2015 hubo empresas con sede en los Estados Unidos que se comprometieron con la República de Cuba" a pesar de que "tenían reclamaciones certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (USFCSC)" derivadas de las confiscaciones de empresas estadounidenses emprendidas por Fidel Castro.

"Hay 8.821 reclamaciones, de las cuales 5.913 piden indemnizaciones valoradas en 1.902.202.284,95 de dólares, que fueron certificadas por la USFCSC y no han sido resueltas desde hace más de 60 años. (...) El Gobierno de Cuba tuvo la oportunidad de proporcionar a algunos reclamantes certificados de acuerdos totales o parciales, a un bajo costo para su bolsillo", advierte.

"Durante la Administración Obama-Biden, algunos de los reclamantes certificados de más alto perfil se habían comprometido con el mercado de Cuba. Los ingresos obtenidos en Cuba por estos reclamantes habrían proporcionado fácilmente financiación no solo para el valor original de la reclamación certificada, sino también para el valor en concepto de intereses".

"Si ese pequeño número de reclamantes certificados hubiera resuelto sus reclamaciones contra el Gobierno de Cuba, el resultado habría sido un aumento sustancial del interés de las empresas con sede en los Estados Unidos".

"La decisión del Gobierno de Cuba de hacer caso omiso de esas súplicas fue el equivalente comercial de la autoflagelación. La conclusión era entonces y sigue siendo hoy, que el Gobierno cubano preferiría que su pueblo sufriera", enfatiza.

Pese a todo lo anterior, según La Habana, el embargo es el principal obstáculo para el desarrollo del país y la causa de la grave crisis económica que padece la Isla, que se ha traducido en el éxodo de más de un millón de personas en menos de tres años y en un profundo descontento social.

El Consejo señala que "no se puede minimizar el deterioro comercial, económico y financiero de Cuba desde 1960 por las políticas, regulaciones y estatutos implementados por los sucesivos ocupantes de la Casa Blanca. (...) Sin embargo, no todos pueden ser vistos como sin rampas de salida".

Según la narrativa del régimen cubano, dado que Washington no permite inversiones de sus empresas en Cuba, La Habana está obligada a buscar negocios y alianzas con regímenes autocráticos, como Rusia y China. Pero, tercia el Consejo, esto es falso.

"El 10 de mayo de 2022, la Administración Biden-Harris instruyó a la OFAC a emitir la primera licencia que autoriza la inversión directa y el financiamiento directo a una empresa privada ubicada en Cuba propiedad de un nacional cubano. Más de dos años después, el Gobierno de Cuba aún no ha publicado las regulaciones para la entrega de la inversión y el financiamiento. (...) El Gobierno de Cuba está llevando a cabo un castigo colectivo a sus empresarios", enfatiza.

Y añade: "Recientemente, la Administración Díaz-Canel-Valdés Mesa prohibió a las empresas privadas de Cuba mantener cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos, lo que fue autorizado recientemente por la Administración Biden-Harris". 

"El Gobierno de Cuba tuvo los medios, el motivo y la oportunidad durante la Administración Obama-Biden y Biden-Harris para crear un panorama comercial, económico y financiero, tanto amplio como profundo en todo el país, desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Pero fueron dolorosamente despilfarrados".

De ahí que, advierte el Consejo, "debido a que La Habana continúa retrocediendo ante las reformas comerciales, económicas, financieras y políticas, sus opciones de supervivencia se reducen a buscar caridad disfrazada de gobiernos y organizaciones cuyos intereses no están alineados con los de los Estados Unidos. Así, China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Turquía y Venezuela se convierten, para el Gobierno de Cuba, en sus Naciones Unidas personales".

"La Administración Díaz-Canel-Valdés Mesa sabe perfectamente cómo estas decisiones repercuten en Washington DC, y específicamente en el estado de Florida, hogar de la mayor población de personas de ascendencia cubana fuera de Cuba".

El documento enumera una serie de posturas de La Habana dirigidas en especial a "antagonizar a la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos".

Son estas: "involucrarse con y apoyar a China, Irán, Corea del Norte, Rusia"; "criticar a Israel"; "apoyar (o no condenar) a Hezbolá y Hamás"; "no apoyar enérgicamente a Ucrania"; "permitir que los buques de guerra rusos visiten los puertos de Cuba"; "no promulgar leyes y regulaciones que respondan positivamente a las licencias emitidas por la OFAC que autorizan la inversión directa y el financiamiento al sector privado reemergente en Cuba"; "negarse a autorizar a empresas privadas a tener cuentas bancarias operativas en EEUU", y "no asumiendo todas las decisiones de la Administración Biden-Harris que benefician al reemergente sector privado en Cuba".

Y finaliza el Consejo: "Cuando una resolución presentada anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas recibe un número sustancial de votos a favor, algunos votos en contra y pocas abstenciones, pero lo que pide la resolución se ignora año tras año, probablemente sea un indicador de que se requiere un nuevo enfoque".