Los gobernadores de 25 de los 50 estados de EEUU exigieron recientemente, a través de una carta dirigida al presidente de la nación, Joe Biden, y a la vicepresidente y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parole humanitario, un programa que, dijeron, "afecta directamente a sus estados y comunidades locales".
Exigieron, además, información sobre cada persona vinculada al programa que esté en libertad condicional, así como las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente.
"Les escribimos para expresar nuestra fuerte preocupación por la falta de coordinación y de intercambio de información de la Administración Biden-Harris acerca del programa de asilo en curso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos", suscribieron.
Indicaron, asimismo, que la aplicación de este programa ha provocado una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y "la falta de comunicación de la Administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general", agregaron.
Además, los 25 gobernadores, entre los que se encuentra el de Florida, uno de los estados que recibe a mayor número de beneficiarios del parole, dijeron que el arribo de inmigrantes sin previo aviso "no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes ante la posibilidad de sufrir daños físicos".
"Después de haber sido recibidos con un escepticismo comprensible por parte de las comunidades en el que ahora viven, los migrantes se han sentido temerosos de interactuar con el público y el aislamiento ha creado un ambiente propicio para su explotación y abuso", agregaron.
Los funcionarios explicaron, igualmente, que, en ausencia de información y orientaciones por parte de Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en las redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan, a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales, ya limitados".
Los representantes estatales se refirieron también al fraude detectado en agosto en el programa y evidenciaron su escepticismo respecto a la aparente solución dictada por los organismos nacionales: "dado el volumen de migrantes a los que ahora se les permite ingresar y viajar libremente dentro de EEUU bajo este programa, es difícil creer que se haya eliminado todo potencial de fraude y abuso en el plazo de un mes. Por lo tanto, la carga de proteger a los migrantes ahora recae en los gobiernos estatales y locales".
Pero esta responsabilidad de protección es frenada, adujeron, por la falta de información: "Las fuerzas del orden estatales y locales tienen capacidades extremadamente limitadas para investigar la posible explotación de los migrantes y la posibilidad de que sean víctimas de trata de personas".
Las noticias, cartas, discursos y peticiones respecto al parole humanitario han mantenido en vilo a decenas de cubanos en los últimos meses, toda vez que su continuidad y los cambios introducidos en su gestión son una de las principales puntas de lanza en la actual contienda electoral en EEUU.
En tal sentido, esta semana, el DHS anunció que el proceso de toma de huellas dactilares será obligatorio para "todos los patrocinadores del programa de parole humanitario", como paso imprescindible " antes de que se emita la autorización de viaje a un beneficiario".
Previamente, la Administración Biden anunció que no renovará el parole humanitario a los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela una vez que se cumplan los dos años de su otorgamiento, por lo que las personas que no se acojan a otro beneficio migratorio en ese plazo deberán abandonar el país.
Dos años después de la puesta en marcha del programa, unos 530.000 inmigrantes residen actualmente en el país gracias a este programa, según las últimas cifras del DHS, de finales de agosto. De ese total, unos 210.000 son haitianos, 117.000 venezolanos, 110.000 cubanos y 93.000 nicaragüenses.
